La Universidad de Guadalajara (UdeG) es la segunda institución de educación superior en el país, es una entidad crucial en Jalisco en materia de enseñanza y como productora del conocimiento y la cultura.

La UdeG es una institución compleja que ha atendido la demanda de educación media y superior de los jóvenes de la Zona Metropolitana de Guadalajara desde hace casi un siglo y en el resto del Estado hace dos décadas gracias a la red universitaria que ha expandido el bachillerato, las carreras universitarias y la difusión de la cultura a todas las regiones y a la mayoría de municipios.

La UdeG que mantenemos los jaliscienses (y los mexicanos) es una organización que tiene 235 mil 780 alumnos, 24 mil 335 trabajadores (15 mil 173 personal académico) y mil 598 investigadores.

Por el número de alumnos, trabajadores, tamaño de la institución y monto de recursos del pueblo que consume, puede considerarse a la UdeG como un estado dentro del propio Estado de Jalisco.

La UdeG es el tercer aparato público de la Entidad, sólo por debajo del Gobierno del Estado y de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero por encima de cualquier gobierno municipal. No hay empresa privada en Jalisco que tenga ese número de empleados e incluso los recursos que maneja superan el presupuesto anual de algunos gobiernos estatales, como el de Colima.

Para este año la UdeG manejará un presupuesto de ocho mil 900 millones de pesos; cantidad insuficiente según sus autoridades pues requeriría otros dos mil millones de pesos más “para operar con números negros”, según declaró el vicerrector Miguel Ángel Navarro el pasado 19 de marzo.

Los miles de millones de pesos destinados a la UdeG estarían más que justificados si todo se destinara a sus actividades sustantivas, pero no es así.

A la UdeG le urge una podadora en actividades superfluas, lujosas y ociosas. Ahora que ciertos gobiernos han puesto de moda ciertas medidas de austeridad, no estaría de más que la UdeG revise su gasto en el padrón de vehículos; nos encontraríamos con varias sorpresas. Por ejemplo, que algunos rectores de centro tengan auto y chofer asignado y que dicha prestación alcance a algunos directores de división. Si cada maestro llega a pie, bicicleta o auto a su clase, los rectores de centro bien pueden hacer lo mismo. Es injustificable, también que, la UdeG pague el sueldo de choferes que están al servicio de diputados locales, según refieren profesores universitarios.

Otros gastos injustificables son las costosas facturas en restaurantes que meten

funcionarios de la UdeG. No es posible que se paguen las comidas y bebidas de funcionarios universitarios con el pretexto de tener una “reunión de trabajo”. Hay oficinas de altos funcionarios de la UdeG que no le piden nada al despacho de un presidente centroamericano.

Seguramente habría más ejemplos a incluir en un necesario y urgente programa de austeridad al seno de la UdeG. El ahorro en estas actividades superfluas y lujosas debería destinarse a mejorar los salones de clase y el salario de los trabajadores que menos ganan en la institución.

Los niveles de calificación de Emilio González fueron cayendo a lo largo del sexenio, como muestra la serie de aprobación anual del diario Mural:

2007              54%

2008              49%

2009              54%

2010              52%

2011              55%

2012              50%

Como se aprecia en esta serie, Emilio González terminó su gobierno en febrero de 2013 con diez puntos porcentuales menos de aprobación que la medición del diario Mural a fines de 2012. Además de las encuestas conocidas, hay otras mediciones patrocinadas por precandidatos que indican una caída mayor en la popularidad del anterior gobernador panista. Los datos indican que Emilio González terminó en el descrédito entre la población que gobernó.

Desde Barack Obama que incumplió en su primer periodo la reforma migratoria que ofreció a los votantes latinos, la bajada de impuestos que ofreció Mariano Rajoy, hasta el cambio de documentos básicos que acaba hacer el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para poder votar a favor de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicinas y alimentos.

Los electores de Jalisco también padecen estas traiciones de los políticos que están buscando el voto y que al llegar al gobierno incumplen lo que ofrecieron.

Pues bien, eso es lo que está ocurriendo en este momento con el actual gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, quien está a punto de incumplir la promesa que hiciera a los habitantes de Temacapulín para impedir que ese poblado sea inundado por el agua que almacenará la presa El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón.

Hasta ahora son tres ocasiones que Aristóteles Sandoval ha lanzado esa promesa de no inundar Temaca,  por lo que se opondría al proyecto federal de construir una presa con una cortina de 105 metros de altura.

La primera promesa fue como candidato del PRI a la gubernatura del Estado.

En su gira en busca de votos Aristóteles Sandoval llegó a mediados de mayo a la cabecera de Cañadas de Obregón a pedir el apoyo de los votantes.

Hasta allá lo siguieron los pobladores de Temacapulín, quienes al final del mitin, le pidieron que se comprometiera con ellos a que no inundaría su pueblo.

Así lo hizo Aristóteles Sandoval, según recordó en una entrevista radiofónica Emma Juárez, habitante de Temacapulín y testigo de dicho compromiso.

La segunda ocasión que Aristóteles Sandoval prometió no inundar Temacapulín fue a través de un escueto mensaje en su cuenta de tuiter, donde escribió: “No vamos a inundar Temacapulín”, dijo el pasado 29 de enero en su carácter de gobernador electo.

Sin embargo, a Aristóteles Sandoval le ganó la tentación de traicionar promesas de campaña y el 14 de marzo declaró que el destino de la Presa El Zapotillo, y por tanto la suerte de los pueblos de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, estaba en manos de la Federación, declaración que se interpretó como incumplimiento de su compromiso anterior.

Quizá por las reacciones que dicha declaración generó, quizá por el peso de la conciencia o quizá por puro pragmatismo político, el caso es que el gobernador en funciones reconsideró y el viernes 15 de marzo prometió, por tercera ocasión, que no iba a permitir que Temacapulín se inunde.

Pero los pobladores de Temaca ya no festejan, esperan con cautela a que se confirme oficialmente dicha decisión de no inundarlos. Ya no confían en los políticos, como la mayoría de la población, pues saben por experiencia que es de candidatos prometer, y de gobernantes incumplir. Vamos a ver qué suerte corre la promesa de no inundar Temaca.

Si bien Gallegos Álvarez apenas había asumido su cargo como titular de Turismo de Jalisco una semana antes de su crimen, y su trayectoria provenía del sector privado, el hecho es que fue asesinado cuando ya era integrante del gobierno del priista Aristóteles Sandoval.

El anterior asesinato de un personaje de la política local ocurrió el 10 de mayo de 1995, cuando el ex procurador Leobardo Larios Guzmán fue asesinado fuera de su casa. Leobardo Larios apenas había dejado el cargo tres meses atrás y entonces trascendió que las autoridades panistas que recién entraron al poder, se habían negado a continuar prestando la protección con escoltas estatales. A Leobardo Larios le tocó enfrentar casos tan complejos como el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo;fue muerto en venganza por un grupo de narcotraficantes de Sinaloa a quien se negó a dejar en libertad.

Antes de Leobardo Larios, ocurrió el asesinato de Abel Salgado Velasco (padre del actual diputado federal priista del mismo nombre) en agosto de 1979, poco después de haber sido desaforado como presidente municipal de Zapopan, y en circunstancias que aparentemente no se aclararon.

El 12 de septiembre de 1975, en tanto, ocurrió el asesinato de Carlos Ramírez Ladewig, quien era director regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, pero cuyo poder derivaba del liderazgo que mantenía en el grupo político que controlaba entonces la Universidad de Guadalajara (UdeG). El asesinato se lo atribuyó el grupo guerrillero Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), aunque el grupo político que controlaba la UdeG acusó de la muerte al entonces presidente Luis Echeverría Álvarez.

Entre este 2013 y 1975 han ocurrido otras muertes de políticos, como fue el caso de Fernando González Sandoval, ex director de la preparatoria número 7 y cercano colaborador de Raúl Padilla López, el 10 de diciembre de 2009.

Como se escribió arriba, si bien Gallegos Álvarez tenía más una trayectoria ligada al sector privado con la construcción de torres de departamento de lujo (habitadas en algunos casos por políticos), su muerte ocurre siendo ya integrante del gabinete del actual gobernador priista.

Por eso, no deja de llamar la atención el deslinde casi inmediato que el secretario de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, hizo el mismo día del crimen de Gallegos Álvarez. Arturo Zamora dijo que los hechos podrían tener más bien relación con su pasado como constructor que con su efímero paso como secretario de Turismo. Aunque al final se pueda probar que el secretario de Gobierno tiene razón, la declaración parece apresurada toda vez que hasta este día no hay líneas de investigación probadas, tampoco se conoce el móvil y no están detenidos los autores materiales e intelectuales del funcionario estatal. Dicho de otro modo, ninguna línea se puede o se debe descartar.

Ya sea que la muerte se deba a litigios que mantenía en su trayectoria como constructor o por su cargo como secretario de Turismo, lo cierto es que este crimen político es un mal inicio para el gobierno de Aristóteles Sandoval.

Si un personaje influyente puede ser asesinado así en plena luz del día, revela la precariedad de la vida de personas comunes y sencillas.

De hecho, es importante hacer el siguiente apunte: las muertes reseñadas aquí incluye a políticos profesionales o de las esferas del poder. En estos mismos años cientos de personas que hacen política no profesional, han muerto justamente por su lucha o defensa de los intereses de su comunidad, población u organización. Esas muertes, sin embargo, no suelen tener tanta atención como las otras, lamentablemente.

Como todos los personajes del poder, Hugo Chávez fue un personaje multifacético; además su percepción o legado está mediado por el lugar desde donde se le interpreta y se le juzga. Con todo, ya hay algunas tendencias que se perciben a partir de su deceso.

El punto más importante es que la figura y acciones de Chávez calaron más de lo que se esperaba en el pueblo venezolano.

Si se mira en un abanico de tiempo más amplio, por ejemplo desde el Caracazo de 1989, el intento de toma del poder en 1992, la crisis de los partidos políticos tradicionales de Venezuela en la década de 1990, se puede mirar que la gestión de Chávez fue exitosa en función de la demanda popular de reorientar la política económica hacia los pobres, y terminar con un ciclo del sistema político plagado de corrupción.

Este mérito, de usar el poder y los instrumentos de los gobiernos y las políticas públicas para dar empleos, servicios básicos, casas y crear nuevas instituciones políticas para la deliberación del pueblo mediante el uso de la renta petrolera, es un legado que incluso los opositores internos más recalcitrantes le reconocen.

Para muchos otros, especialmente los militantes de las políticas neoliberales, se juzgan estas medidas como populistas o despilfarro de los recursos.

Cualquier referencia a Chávez incluye el lugar común de que era alguien que polarizaba al país, como si Barack Obama, Enrique Peña Nieto, Francois Hollande, o Mariano Rajoy no lo hicieran en sus países.

Con todo y lo polémico que suene, creo que éste es el mejor legado de Chávez: mostrar a un país dividido, porque en la realidad eso es lo que existe en cada sociedad-nacional.

La división social no surge en Venezuela por un gobierno como el de Chávez, la polarización surge porque vivimos en una sociedad capitalista que está fundada en el antagonismo social: cuando una parte pequeña de la población tiene los recursos, los medios y la legitimación para quedarse con la inmensa parte de la riqueza creada por la mayoría, surge polarización, es inevitable.

Y ese antagonismo social no es privativo de Venezuela o del chavismo.

La unidad nacional es un mito. No es cierto que los países existan en un clima de unidad nacional, ese es un discurso del poder que busca enmascarar y ocultar que se vive en un ambiente permanente de antagonismo social.

En todo caso, Chávez fue hábil para evidenciar y hacer visible una situación de división y fractura social que desde antes se vivía en Venezuela.

El problema de Chávez o del chavismo es que basó una forma de hacer una política de cambio social en el liderazgo y culto de una persona.

Ese es, a mi juicio, el límite del chavismo, porque sigue siendo cierta una vieja sentencia: la emancipación sólo es posible si los propios sujetos sojuzgados cambian sus condiciones de opresión.

Aristóteles Sandoval Díaz ha actuado como Gobernador electo ya sumió su cargo como mandatario de Jalisco siguiendo casi la misma hoja de ruta que guiaron las acciones de Enrique Peña Nietoal asumir la Presidencia de México.