Auditoría interna 2007 revela presencia de facturas falsas y pérdida de patrimonio
Foto: Gioergio Viera, Público
Rubén Martín – Esperanza Romero / Público, 20 octubre 2008
El documento indica que las prácticas irregulares en la administración de la UdeG se han vuelto cotidianas. Foto: Giorgio VieraGuadalajara.- En la Universidad de Guadalajara (UdeG) la alta burocracia se ha acostumbrado a tal grado a la falta de comprobación de gastos y al manejo poco cuidadoso de los recursos que administran, que el monto del gasto por justificar en 2007 asciende a 1,424 millones de pesos.
Las auditorías privadas practicadas a la UdeG en los últimos cinco años tienen una constante: prevalece el desorden administrativo, contable y la falta de controles financieros. Ello genera condiciones propicias para la pérdida del patrimonio y el desvío de recursos. La evasión en el pago del impuesto sobre la renta (ISR), los subsidios a las empresas parauniversitarias y las cuentas por cobrar, que se arrastran de un ejercicio a otro, son algunos de los focos rojos que la propia dependencia de fiscalización interna ha encendido.
Así consta en el expediente sobre las auditorias internas que se han practicado a la casa de estudios y cuyas anomalías había denunciado Carlos Briseño Torres en la sesión del Consejo General Universitario (CGU) del 29 de agosto pasado, en la que finalmente fue destituido. Los documentos han sido entregados a distintos medios este fin de semana por el equipo del rector destituido, quien a su vez ofrecerá una conferencia de prensa esta semana para expresar su opinión sobre ellos.
En la auditoría a los recursos ejercidos en 2007, elaborada por el despacho Salles, Sainz-Grant Thornton SC (cuya copia tiene este diario) se encontró que del total de recursos entregados a las dependencias universitarias (6,194 millones de pesos), apenas se comprobó 77 por ciento, lo que implica que no hay comprobaciones fiables sobre 1,424 millones de pesos.
El año pasado ejercieron como rectores generales Trinidad Padilla López (enero a marzo de 2007) y Carlos Briseño (de abril a diciembre).
Para 2007, los gastos por comprobar ascienden a 469 millones de pesos, en tanto que hay 40 millones de pesos que distintos funcionarios de la UdeG adeudan a la institución. La auditoría referida encontró además una evasión de impuestos por 104 millones de pesos. El manejo financiero de las Empresas Universitarias es un capítulo en sí mismo. La revisión contable encontró que dichas entidades adeudan a la administración general universitaria 312.2 millones de pesos, que hay diversas irregularidades en el manejo fiscal y de la nómina de los trabajadores y las ganancias que reciben algunas de estas empresas.
Anomalías recurrentes
Tanto los auditores externos contratados cada año como la Contraloría interna, han sugerido modificaciones en el manejo de las finanzas universitarias, pero no todas se aplican. Son prácticas irregulares tan recurrentes en los últimos cinco años, que las auditorías internas han detectado cuentas por cobrar, deudores diversos y adeudos de empresas para-universitarias por 4,582 millones de pesos entre 2003 y 2007, lo que representa más de 20 por ciento del presupuesto manejado por la UdeG en estos cinco años (ver recuadro).
Aunque dichas observaciones se han presentado año con año, el mes de junio pasado el despacho Salles, Sainz-Grant Thornton SC presentó un resumen sobre estas anomalías. El documento fue discutido al seno de la Comisión de Hacienda del Consejo General Universitario (CGU), que todavía era presidida por Carlos Briseño, cuyo equipo hasta este fin de semana lo hizo del conocimiento público.
El texto contenía un “memorándum de sugerencias recurrentes de los procedimientos de contabilidad y el sistema de control interno”. El documento contiene 52 recomendaciones para remediar prácticas irregulares que, al parecer, se han hecho un hábito en el manejo de los recursos universitarios. Este es el caso de la extendida práctica de presentar facturas falsas y otras anomalías en la comprobación de los recursos que manejan las distintas entidades universitarias. En este caso, se sugiere “establecer sanciones” para reparar esta irregularidad.
Las 52 recomendaciones del despacho se refieren a los siguientes aspectos:
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