Políticos swingers

Cartón: Hernández

Rubén Martín / Público, 9 septiembre 2010

La revelación de que Óscar García Manzano (miembro de un equipo de gobierno panista) pidió el apoyo al priista Arturo Zamora Jiménez para apoyar al entonces candidato a alcalde priista Héctor Vielma, ha levantado una polvareda pero confirma algo elemental en el sistema político: que los partidos no son entidades de interés público, sino cofradías de intereses de los grupos de poder.

Es además una buena perla de que las elecciones son un sistema de tráfico de intereses y favores y no una campaña de partidos bien definidos ideológicamente que buscan convencer al electorado de su propuesta.

Únicamente lo que dejan ver las grabaciones que se hicieron públicas estos días dejan ver las alianzas bizarras que se establecieron entre prominentes miembros de la clase política jalisciense.

Por un lado un miembro de un gobierno panista (García Manzano) contacta con al menos tres priistas para pedirles que apoye a un candidato del PRI. A su vez, un candidato del PAN en Zapopan (Guillermo Martínez Mora) reveló que un priista (Arturo Zamora) le ofreció apoyo a cambio de que le cediera la dirección de seguridad pública del municipio.

Miscelánea de la indignación

Niños de la calle. Público

Ese es el problema de la clase gobernante, siempre le parece que atender a los grupos sociales que salen a la calle a reclamar algo, es secundario, no es tan importante. Por eso el gobernador no recibió a quienes se quejaron del viaducto, a o los vecinos que luchan contra el proyecto de La Ciudadela, o a los pobladores de Temacapulín, por eso plantó a las tortilleras de Tala  

Ruben Martín / Público, 30 octubre 2008

 

Siempre hay temas para la irritación y la indignación, pero por alguna razón pareciera que se acumularon en los últimos días, como lo deja en claro esta desordenada lista: el regreso de Claudio Sáinz como contratista en el gobierno de Guadalajara, el cínico reparto discrecional de dinero en el Congreso del estado, la escandalosa liquidación a los consejeros electorales, el atraco al bolsillo de los contribuyentes que significa el nuevo esquema de financiamiento público a los partidos, la ampliación del contrato de beneficios a la empresa recolectora de basura Caabsa Eagle, el despojo de propiedad pública en Los Colomos, y la aberrante decisión del presidente municipal de Tala Cipriano Aguayo Durán de perseguir a las tortilleras de San Isidro Mazatepec.

Como cualquiera puede advertir, la lista no es exhaustiva, así que hay vastas fuentes para la irritación y la indignación de la gente frente a su clase gobernante. De entre esta miscelánea me gustaría comentar otros asuntos, no porque sean más importantes, sino porque son igual de indignantes.

Persecución a trabajadores de la calle. Está ocurriendo algo, desde mi punto de vista, muy grave. Se trata de la persecución del gobierno municipal de Guadalajara en contra de trabajadores de la calle, adultos y menores. El 16 de octubre Maricarmen Rello publicó en las páginas de este diario como un grupo de limpiaparabrisas que trabajan en Federalismo y Juárez están siendo hostigados por policías tapatíos, con el pretexto de que ensucian la vía pública. A uno de ellos lo detuvieron porque tiró una colilla de cigarro al piso, por “tirar basura”. A otra chica la acusaron de tomar alcohol en la vía pública. Al varón le cobraron una multa administrativa de 743 pesos, a la chica no le cobraron nada pero la dejaron sin trabajar y por tanto sin el sustento para sus familias. Ahora el ayuntamiento sale con el programa La calle no es vida, del DIF municipal que quiere convencer a la población para no dar dinero a los menores de edad con el pretexto de impedir que los niños corran riesgos. Además de no entender las necesidades de ingresos para varias familias, estas acciones de la autoridad municipal están enmarcadas en la pretensión de ir limpiando el centro de la ciudad de pobres para con el pretexto de los Juegos Panamericanos. Es la cara discriminatoria del panismo en el gobierno, como ya alguna vez lo hizo Francisco Ramírez Acuña.

Negocios privados con recursos públicos. Cada vez que la autoridad pública toma dinero de los contribuyentes para financiar negocios privados, me parece que hay motivos para la indignación. Y las últimas administraciones estatales y municipales son campeones en regalar dinero a grupos privados para que estos hagan negocio. Aquí algunos ejemplos: Puerta Guadalajara (regalando terreno y exentando impuestos), Museo Guggenheim, Torre Torrena (dejando que se use una vía pública para un particular), Expo Guadalajara, centro de exposiciones de Puerto Vallarta, Juegos Panamericanos, partida 4404 que regala dinero a fondo perdido a empresarios, entre otros. Los gobernantes dicen que es necesario invertir recursos públicos en negocios privados porque éstos creen empleos y paguen salarios. ¿Han mejorado las condiciones de vida en la entidad en los últimos años que se ha despilfarrado el dinero público en proyectos que buscan el lucro privado? No.

Emilio y sus desplantes. Emilio González Márquez ya tiene su nombre en una calle, en La Barca, pero al parecer no tiene palabra. La semana pasada se comprometió a recibir y atender a las tortilleras de Tala que padecen la persecución de un gobierno municipal torpe. Pero las dejó plantadas, ni siquiera se acordó que les había pedido tortillas y queso para comer en Casa Jalisco. Le pareció que era más importante asistir a una reunión en León con el señor Mouriño, titular de Gobernación. Ese es el problema de la clase gobernante, siempre le parece que atender a los grupos sociales que salen a la calle a reclamar algo, es secundario, no es tan importante. Por eso no recibió a quienes se quejaron del viaducto, a o los vecinos que luchan contra el proyecto de La Ciudadela, o a los pobladores de Temacapulín, a quienes ha plantado dos veces. Los de abajo siempre quedan en segundo lugar; para los de arriba los gobernantes siempre tienen deferencia, disposición, apertura en su agenda. Que queda quien saque sus conclusiones.

 

 

Atraco al bolsillo de los contribuyentes

Foto: Público

El abuso sobre el dinero público ocurre en todos los poderes, ayuntamientos, y organismos descentralizados. Piensan, equivocadamente, que la paciencia de la gente es infinita

 

 

 

Rubén Martín / Público, 21 agosto 2008

No tienen llenadera. Toda la clase política muestra una actitud voraz y rapaz sobre los recursos públicos. En todos los casos se trata de un verdadero atraco al bolsillo de los contribuyentes. A donde quiera que se mire se presentan casos de abuso de los servidores y funcionarios públicos sobre el dinero público.

El caso más sonado en este momento es el cuantioso incremento de dinero público a los partidos políticos, que es de 800 por ciento y no de 500 por ciento como se ha dicho. Sin ninguna justificación técnica, ni política y menos moral, los dirigentes de los partidos y las bancadas parlamentarias decidieron enriquecer, porque sí, a sus organizaciones políticas. Ejemplos: el PAN pasará de tener diez millones de pesos de subsidio estatal a 80 millones de pesos (mdp); el PRD pasará de 2.5 mdp a 18 mdp; la chiquillada incrementara hasta en 700 por ciento sus ingresos. Nos podemos imaginar fácilmente en qué terminarán esos recursos: remodelación de oficinas, computadoras portátiles, los flamantes iPhone, más nómina, camionetas nuevas. En resumen, más de 200 millones de pesos se despilfarrarán en gasto corriente.

En el Congreso del Estado son verdaderos maestros del desperdicio de los recursos públicos. Aunque no lo van a admitir en público, los diputados están ganando el doble de la dieta que dicen cobrar, gracias a varias artimañas que se organizan desde la Secretaría General y que se operan en cada bancada parlamentaria.

En tanto en el Poder Ejecutivo pocos le creerán a Emilio González Márquez que ahora sí está del lado de la gente. Al parecer nos cree estúpidos, cree que no recordamos que encabeza el top ten del dispendio de recursos públicos: 45 mdp para el Teletón, 67 mdp (o 55 mdp, da igual) a Espacio 2007, casi 16 mdp para financiar telenovelas, 22 mdp para un evento de MTV, 4.1 mdp para las Trece Maravillas de México, 35 mdp a Flextronic, 50 mpd a Expo Guadalajara, 14.3 mdp a Sanimna, cinco millones de pesos a Farmacias Guadalajara, 2.1 mdp a una empresa de Aurelio López Rocha… y eso que el donativo para el Santuario de los Mártires se fue el infierno.

Además se presentan perlas como la asignación de vehículos de lujo del IJAS a funcionarios de esa y otras dependencias, como si con el sueldo que tienen no les alcanzara para viajar en su propio auto o viajar en camión.

En el Poder Judicial, magistrados, jueces y funcionarios están muy contentos en que se enfoque la fiscalización hacia los otros poderes mientras ellos manejan el dinero público a discreción, sin pagar impuestos completos, dándose bonos encubiertos, asignándose vehículos y pagándose jugosos viáticos.

Tal como ocurre en la mayoría de gobiernos municipales, como en Guadalajara donde recientemente se dio cuenta de la discrecionalidad con que se le puede prestar dinero a un regidor o funcionarios y la facilidad con la que se les pagan las notas de consumo. Hace unos años en el gobierno panista de Tlaquepaque se pagaban hasta las cuentas del table dance de funcionarios y hasta la lista del mandado del alcalde Antonio Álvarez Hernández.

Como ocurre con frecuencia que los presidentes municipales sacan la copia del RFC para pagar cuantiosas cuentas de restaurantes, y otros consumos. Estos casos suceden también en la Universidad de Guadalajara y en infinidad de organismos descentralizados que por pequeños (para el tamaño de los monstruos administrativos), nadie vigilamos.

En suma, se trata de un verdadero asalto al bolsillo de los contribuyentes. Un robo que irrita y que molesta más ante una panorama de apremiantes necesidades sociales, como el mejoramiento de los centros de salud o de las escuelas públicas.

¿Qué se puede hacer? Quien piense que ahora habrá que votar por otro partido se equivoca. Repartirse el dinero público y ofrecerse impunidad es en lo único que están de acuerdo todas las facciones de la clase política. El mal es más profundo, es estructural. Lo que ya no funciona es el caduco sistema liberal que permite esta separación entre una clase gobernante y los gobernados, una separación que les hace creer que son la nueva monarquía que puede saquear a su antojo a los contribuyentes. Creen, estúpidamente, que no va a pasar nada, que pueden seguir medrando del trabajo de la gente y que las cosas seguirán igual.

Crisis de la clase política

A donde quiera que se mire, no se trata de una dura lucha ideológica entre corrientes de un mismo partido o grupo. En el PAN hace mucho que no hay doctrinarios contra neopanistas, sino simples funcionarios a quien les aterra quedarse fuera del presupuesto. En la UdeG la pelea no es entre los que están a favor de la cajita de cristal y las fuerzas del mal; lo que está en juego es el cacicazgo universitario

 

Rubén Martín / Público, 17 julio 2008

 

Disputa de posiciones, desacuerdos públicos, amenazas privadas, denuncias legales, fracturas entre regidores y diputados, boicot en asambleas partidistas, disputa por afiliaciones… Nos podemos quejar de infinidad de cosas de la clase política profesional jalisciense, pero no de falta de creatividad y variedad en sus formas de pelear entre sí y disputarse el poder.

El caso más reciente de este creciente conflicto al interior de los partidos y grupos políticos en Jalisco lo está ofreciendo el grupo que controla la Universidad de Guadalajara (UdeG) desde 1989. Aunque las diferencias entre los afiliados a este grupo político que encabeza Raúl Padilla López no son nuevas, se han acelerado con la llegada de Carlos Briseño Torres a la rectoría general de la UdeG y las abiertas aspiraciones a postularse como candidato a la gubernatura. Desde que asumió el cargo en abril de 2007 se han presentado distintos episodios que han sido utilizados por las facciones del grupo Universidad para dirimir sus diferencias. El último episodio lo destapó el caso de las irregularidades en el programa de transplantes de hígado en el Hospital Civil de Guadalajara. Se ha pasado ahora a la divulgación de denuncias penales interpuestas meses atrás por presunto desvío de fondos federales de Conacyt en dos centros universitarios. Esto acelerará el enfrentamiento al interior de este grupo y en las próximas semanas veremos la respuesta de la corriente opuesta a Briseño. Pero esto es otro tema. El tema es que el grupo Universidad no es el único que se encuentra en una lucha intestina. Lo están los grupos del PRD que se han despedazado internamente tras el fracaso de su elección interna, han estado en conflicto permanente las corrientes del viejo PRI y también el partido en el poder.

¿Qué nos dice este golpeteo entre los grupos de la clase política profesional? No basta decir que la clase política siempre se pelea por espacios de poder; hay periodos de relativa calma al seno de estos grupos que viven para y de la política profesional.

Ahora observamos un periodo distinto caracterizado por una disputa feroz y que tiene visos de volverse cada vez más despiadada. Para quienes piensen que exagero, recuerden lo que ocurrió en 2007 en Tonalá.

Se trata de una por el interés de conservar o pelear por las posiciones de poder y los beneficios materiales y de estatus social que esto conlleva. A donde quiera que se mire, no se trata de una dura lucha ideológica entre corrientes de un mismo partido o grupo. En el PRI no se pelean los nacionalistas en contra de los liberales, sino los jóvenes dinosaurios con otros dinosaurios; en el PAN hace mucho que no hay doctrinarios contra neopanistas, sino simples funcionarios a quien les aterra quedarse fuera del presupuesto. En la UdeG la pelea no es entre los que están a favor de la cajita de cristal y las fuerzas del mal; lo que está en juego es el cacicazgo universitario.

No es una lucha ideológica, sino una voraz pelea por las prebendas que concede la administración del poder político. Quienes están a la cabeza de estos grupos han ascendido en la escala social. Ahora no son los líderes estudiantiles o jóvenes promesas políticas que viven en austeras casas de clase media. Una buena parte de lo que se pelean en la arena pública comparten fincas en Valle Real y otros fraccionamientos de gente acomodada.

En resumidas cuentas, lo que observamos es la crisis de una clase profesional que es incapaz de ofrecer una conducción política en Jalisco que sea vista como legítima por la mayoría de la sociedad. Los políticos están completamente deslegitimados en la entidad y enfrascados en sus voraces disputas de cargos públicos. Es tan descarnada esta lucha entre los políticos que sectores intelectuales y bien intencionados de la ciudad han puesto el grito en el cielo por el nivel de confrontación y voracidad entre los políticos.

Pero mi punto de vista es que la solución a los profundos males sociales (pobreza, desigualdad, el imperio de la ganancia privada por sobre el bien común, la impunidad, etcétera) no pueden ser resueltos por esta clase política. El cambio de fondo se está gestando abajo, en las acciones colectivas de miles de gente hartas de los políticos y de las dificultades de la vida cotidiana. Esto es lo interesante de lo que ocurre ahora en la entidad. La próxima semana comentaremos su magnitud y potencialidad.

 

 

El mito de la partidocracia

Lo que ocurre ahora con el Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ) es la prueba de que este organismo ni es autónomo ni es ciudadano, y que sus consejeros no representan a la sociedad ni son garantes de una sociedad democrática, sino que representan las reglas del juego que se impone así misma la clase política y los consejeros son garantes de sus intereses

 

 

La reciente reforma electoral acordada por las dirigencias de los partidos y los coordinadores parlamentarios, votada y aprobada el pasado viernes en el Congreso local, ha generado una reacción de molestia en varios grupos sociales y ciudadanos. La percepción más extendida al respecto es que los políticos, a través de los partidos, se están “apoderando de las instituciones” y que el sistema político jalisciense tiende hacia la “partidocracia”.

 

Ha habido pronunciamientos de dirigentes empresariales, activistas sociales y periodistas. El punto es si realmente tendemos hacia una “partidocracia” como dicen algunos y qué se puede hacer al respecto. Mi impresión es que esa crítica no es cierta, porque presupone que en algún momento el control de ciertas instituciones públicas no estaba bajo control de los grupos dirigentes partidarios, sino en manos de ciudadanos 100 por ciento puros.

 

Y esto no es cierto. Hablando específicamente del organismo electoral, en realidad los partidos y su clase dirigente nunca han dejado de tener bajo su control tanto la elección de los consejeros como la supervisión de la organización de las elecciones.

 

Se podría decir que el primer consejo electoral un poco más ajeno a los partidos se integró en 1994; desde entonces (1996) los partidos se reparten en cuota la designación de los consejeros. En este sentido no hay nada nuevo.

 

Si lo que se llama “patidocracia” no es novedad, ¿qué es entonces lo nuevo en lo que presenciamos ahora en la política profesional? Diría que su acelerado desprestigio derivado de que no han podido resolver una crisis de legitimidad política generada hace unos 30 años.

 

Para entender lo que ocurre ahora no es ocioso recordar que las instituciones y procedimientos políticos que tenemos ahora derivan de la doble crisis de rentabilidad y legitimidad que sufrió el sistema económico y político mexicano a fines de los setentas.

 

La respuesta de la clase política mexicana consistió en ofrecer, en lugar de los fraudes electorales y el monopolio político priista, el proyecto de la alternancia política y el rediseño de las instituciones y prácticas electorales.

 

La primera reforma electoral se dio en 1977 y desde entonces se nos dice que estamos en un intento permanente de perfeccionamiento. En realidad de lo que va el juego es del intento de la clase política mexicana por recuperar por completo la credibilidad y la legitimidad entre los ciudadanos. Pero han fracasado.

 

Como la gente no creía en las elecciones, se ofreció el registro a más opciones partidistas y se creó el IFE; como la gente ya no creía en el sistema de impartición de justicia, se crearon las comisiones de derechos humanos; las dudas sobre el manejo de los recursos se atajaron mediante las auditorías de fiscalización y los institutos de transparencia intentan hacernos creer que no hay nada oscuro en el manejo de los asuntos públicos.

 

Todos estos intentos por recuperar la legitimidad perdida han resultado en un fracaso. En Jalisco somos testigos de todos y cada uno de los organismos creados para hacernos creer que las cosas ahora si van en serio, se están hundiendo en el desprestigio, como antes se hundió el viejo PRI y sus prácticas autoritarias.

 

Lo que ocurre ahora con el Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ) es la prueba de que este organismo ni es autónomo ni es ciudadano, y que sus consejeros no representan a la sociedad ni son garantes de una sociedad democrática, sino que representan las reglas del juego que se impone así misma la clase política y los consejeros son garantes de sus intereses.

 

La suerte que han corrido otros organismos constitucionales autónomos en la entidad revela una tendencia semejante. Hemos visto recientemente la intención de de los diputados de terminar por apoderarse del Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei), la intervención de los grupos políticos a la hora de elegir al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), y las tremendas grillas empresariales y partidistas para elegir al nuevo presidente del Consejo Económico y Social (Cesjal).

   

 

De modo que lo nuevo no es la “partidocracia” (que significa el control y dominio de la clase política sobre las instituciones y procedimientos políticos), sino que los intentos por recuperar la legitimidad frente a la sociedad están en crisis y han resultado un fracaso. 

 

 

 

 

Francisco Ramírez Acuña se destapa para Presidente

 

Rubén Martín / 16 de abril 2008, diario Público

 

Jalisco se merece un jalisciense en la presidencia de la república”, escucharon con atención unos quince ex alcaldes de la región Sierra Occidental las palabras del ex gobernador Francisco Ramírez Acuña y a continuación la terminación de la frase: “Yo quiero hacerme presente”.

 

Con estas palabras, el también ex secretario de Gobernación se destapó como aspirante presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) para las remotas elecciones de 2012.

 

El destape ocurrió el jueves 3 de abril y el escenario fue una comida en Mascota, a la que fueron invitados los ex alcaldes de los ocho municipios que conforman la región Sierra Occidental: Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Guachinango, Mascota, Mix-tlán, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

Epístolas de la crisis del foxismo

El gobierno del cambio ofrecido por Fox fracasó para la población más necesitada y la clase media; pero va viento en popa para los banqueros, los inversores extranjeros y los magnates del país. Todos han aumentado sus ganancias en estos cuatro años, a costa de la población

 

Diario Público / 8 julio 2004

El género epistolar, no los ensayos, no las crónicas o reportajes, es el que mejor está contando la grave crisis, seguramente terminal, del foxismo en el país. Prácticamente todos los integrantes del gabinete de Vicente Fox Quesada que renuncian escriben  una tronante carta en contra de su ex jefe. Lo hicieron Adolfo Aguilar Zinser, Rodolfo Elizondo (al dejar el puesto de vocero presidencial) y ahora Alfonso Durazo.

Pero la  larga y tediosa carta de Alfonso Durazo anunciando su renuncia como secretario particular del presidente representa algo más que otras epístolas del foxismo: es un mal epitafio para el primer gobierno de alternancia en el país. La renuncia de Durazo y las denuncias que lanzó, especialmente la acusación de que Fox apoya a su cónyuge para sucederlo en el cargo, no hicieron sino confirmar y agrandar la crisis del foxismo y dolorosamente corrobora el final trágico y mediocre del gobierno que prometió el cambio.

¿Qué es exactamente lo que está en crisis en el gobierno de alternancia? La crisis interna se manifiesta, sobre todo, por las constantes y estridentes peleas entre miembros del gabinete. La lista es larga: Jorge Castañeda en contra de Marta Sahagún, Ernesto Derbez y Adolfo Aguilar Zinser; Rodolfo Elizondo contra Alfonso Durazo; Santiago Creel contra Castañeda y contra Marta Sahagún; Lino Korrodi contra el primer círculo foxista.

Estas peleas no hacen sino aumentar la creciente percepción de que Vicente Fox no maneja el timón y de que un pequeño círculo que lo rodea tiene una gran capacidad para tomar decisiones relevantes. En ese primer círculo se encuentran Marta Sahagún, Ramón Muñoz Gutiérrez y Eduardo Sojo Aldape.

La lista de conflictos con actores externos es mucho más compleja y alarmante. Vicente Fox ha tenido conflictos prácticamente con todos los partidos, incluido el suyo. Con el PRI por el Pemexgate y la alianza con Elba Esther Gordillo. El pleito mas llamativo ahora es que mantiene con el PRD y con Andrés Manuel López Obrador.

Quizá el rompimiento más significativo sea con empresarios quienes han cuestionado los lentos o nulos avances en las promesas foxistas. Es significativo además porque, visto sociológicamente, Fox es uno de ellos. La llegada al poder de Fox representó históricamente el proyecto que diseñó y empujó una parte de la burguesía mexicana tras el rompimiento con el Estado mexicano en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Algunos de los empresarios que han cuestionado a Fox comparten el proyecto ideológico y algunos incluso le patrocinaron la campaña electoral, como Lorenzo Servitje, propietario de Bimbo.

Pero también lo ha criticado la Conferencia del Episcopado Mexicano, para quien la alternancia no ha garantizado la democracia en el país; y por si fuera poco, George Bush se quedó molesto con Fox debido a que no apoyó la invasión a Irak. Lo más graves que justamente todos estos sectores lo apoyaron y lo llevaron a la presidencia de la república.

Si Fox ha roto con algunos de sus aliados, ¿quién o qué lo respalda? En el vuelo que el martes lo llevó a Brasilia, el presidente presumió que cuenta con el apoyo de 60 por ciento de la población. “!Qué dieran otros presidentes por tener eso!”, dijo ufano. Creo que lo sostiene el oneroso gasto en medios y la difusión de las actividades de caridad de Marta Sahagún.

Pero aún con estas consideraciones la dimensión más profunda de la crisis está en otra parte.  La visión más burda, incluso machista, de esta crisis señala que Fox no controla ni a su esposa. Pero creo que todas esas son anécdotas que alimentan los chismes de las columnas y las revistas del corazón.

Lo sustancial es que Fox ha fracasado en cumplir las promesas que lanzó en su campaña. Fox no resolvió el conflicto de Chiapas, no ha mejorado el ingreso familiar, no ha resuelto el tema de las pensiones, no ha creado los empleos necesarios, no ha impedido que cientos de miles de mexicanos se vayan a Estados Unidos y no ha mejorado la desigual carga fiscal que hay en el país. En fin, quedó mal con una gran proporción de los votantes (panistas o no) que lo llevaron a Los Pinos.

Pero nunca las crisis son generalizadas. Aún en las guerras alguien sale ganando. ¿Quién ha ganado con el foxismo? ¿Con quien no ha quedado mal?

Con los dueños de los principales medios electrónicos; con las grandes empresas a quienes les ha reducido impuestos; con los magnates del país quienes han seguido incrementando sus fortunas en estos cuatro años; con los propietarios de los bancos quienes se han llevado inmensas ganancias de México durante el mandato de Fox y a quienes defendió para evitar que se les hiciera una auditoria para comprobar los pagarés de Fobaproa; con los grandes inversores extranjeros y las corporaciones internacionales, para quienes el México foxista sigue siendo un mercado que les garantiza altas tasas de ganancias; con los acreedores de la deuda interna y externa, quienes se han llevado el grueso de la riqueza que han producido los mexicanos. Para ellos el gobierno del cambio sí ha funcionado.

De modo que la crisis y el fracaso del cambio debe referirse al fracaso de las expectativas de una mejora sustancial en la calidad de vida de la población y en modificar el modelo de desarrollo a favor de los más necesitados del país. Esta decepción, por su parte, alimenta la crisis de los partidos y hacia los políticos, pues se ve a la clase política incapaz e impotente para remediar a fondo los males de la vida pública de México. Seguramente se buscarán otras salidas.