La fiscalización es pura ficción

Rubén Martín / Público, 2 febrero 2011

Tal como se están definiendo las cosas, todo indica que la clase política que gobierna en Jalisco se va a autoproteger y por tanto no va a pasar nada con el caso de los pagos millonarios que se concedieron al auditor del estado Alonso Godoy Pelayo. A la clase política profesional le queda claro que el caso del auditor es apenas un hilo de la madeja completa que es el manejo irregular y abusivo del dinero público de parte de los diputados. Por eso lo protegen, para protegerse.

Los detalles ya se conocen: desde que llegó a su puesto como titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) en julio de 2004, Alonso Godoy ha cobrado poco más de 6.5 millones de pesos (mdp) en sueldos. Pero además hemos conocido que el titular de la ASEJ ha recibido poco más de once millones de pesos por diversos conceptos que le ha pagado el Poder Legislativo.

Cuando los diputados citaron a Godoy para que explicara dichos pagos salió con una leguleyada diciendo que había qué preguntarles a sus “patrones” de la anterior Legislatura. En lugar de aclarar y justificar los recursos adicionales e ilegítimos que ha recibido, Godoy se defendió como simple abogado y no como un servidor público de la responsabilidad que tiene.

Se defendió porque aunque los pagos que recibió presuntamente son legales, hay un consenso casi unánime en la opinión pública de que se trata de pagos inmorales e ilegítimos.

Es ilegítimo que el auditor recibiera de los líderes del Congreso del Estado cantidades millonarias, para “ocultar lo que sucedió con el reparto de dinero en el Congreso”, según expresó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Araceli Gómez Flores.

A su vez no hay explicación moral ni legítima al uso abusivo que los diputados han hecho de los recursos en el Congreso del Estado en los últimos años; es tal el descaro y el abuso que se añora cuando las leyes se dictaban en Palacio de Gobierno y los diputados eran meros levantadedos. Al menos ese Congreso era más barato.

¿De qué han servido 16 años de alternancia política y supuesta independencia de los poderes si el Congreso se ha convertido en una maquinaria de enriquecimiento para quienes pasan por ella y el Ejecutivo logra el control de los diputados gracias a que consecuenta los excesos de estos supuestos servidores públicos?

Gran área de opacidad, las partidas para educación, seguridad y salud, alerta la ASF

Cartón: Hernández

La descentralización de recursos genera corrupción, señala último informe de González de Aragón. Propone actuar de inmediato para propiciar rendición de cuentas, fiscalización y control patrimonial

Roberto Garduño /  La Jornada, 18 diciembre 2009

El informe de gestión 2002-2009 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advierte que el proceso de descentralización de los recursos públicos para educación, salud, infraestructura y seguridad pública propicia prácticas corruptas que implican un elevado riesgo patrimonial.

Los resultados presentados por el organismo de la Cámara de Diputados resultan inquietantes en torno al impacto probable reportado en la revisión de las cuentas públicas de 2000 a 2007. El monto total de los daños económicos al erario en ese periodo sumaron 473 mil millones de pesos.

Durante el sexenio de Vicente Fox y el primer año de gobierno de Felipe Calderón, el órgano fiscalizador detectó las siguientes afectaciones a los recursos públicos: en 2000, 61 mil 175 millones de pesos; 2001, 120 mil 798 millones; 2002, 77 mil 652 millones; 2003, 54 mil 92 millones; 2004, 33 mil 157 millones; 2005, 26 mil 342 millones; 2006, 33 mil 187 millones, y 2007, 60 mil 723 millones.

La patraña de guerra vs la delincuencia

Los hechos revelan que el narcotráfico y otros negocios ilícitos no se liquidarán con las estrategias que se han usado hasta ahora. Parece necesario plantearse otras formas y medios para mitigar este fenómeno. Por ejemplo, discutiendo en serio la legalización de algunas drogas

 

Rubén Martín / Público, 18 septiembre 2008

Hace más de tres décadas que el Estado le declaró la guerra al narcotráfico y a la delincuencia. José López Portillo la llamó Operación Cóndor y empezó en Sinaloa; Felipe Calderón la llama guerra contra la delincuencia y empezó en Michoacán, su tierra natal. Ya sabemos las consecuencias. Sinaloa sigue siendo tierra del narcotráfico y en Michoacán acaba de atentarse en contra de civiles, hecho inédito en esta larga y supuesta confrontación del Estado frente a la delincuencia.

Sexenio tras sexenio se machaca el discurso de que el Estado no puede ceder territorio ante la delincuencia, se piden recursos fiscales extraordinarios para librar esta “guerra” y se hace una extensa propaganda cuando se detiene a un pez gordo o se hacen decomisos importantes.

Tal como lo hacía Edgar Hoover en Estados Unidos durante su “guerra contra las mafias”, el director del corrupto FBI pactaba con la delincuencia la entrega de algunos capos para calmar a la opinión pública y para mejorar la imagen del presidente en turno. Algo semejante ocurre en México. Los pactos secretos entre algunos gobiernos y capos de la droga los beneficia únicamente a ellos; los primeros obtienen dinero para sus proyectos políticos y los segundos consiguen protección.

Pero las cosas no mejoran, al contrario, se han agravado. Respecto a hace 30 años, ahora las organizaciones que se dedican al crimen organizado son más fuertes, tienen más capacidad de corromper a servidores públicos, su capacidad de fuego ha aumentado, y el volumen de su negocio ha crecido a tal grado que si de verdad se pudiera suprimirlo, la economía mexicana sufriría un quebranto.

De modo que si en los últimos 30 años las “estrategias” del Estado para enfrentar el crimen organizado han fracasado estrepitosamente, como se demuestra con Felipe Calderón, valdría la pena hacer un alto en el camino y revisar lo que se ha hecho mal. Es lo que cualquier organización sensata haría. ¿Se imagina al directivo de una empresa que durante 30 años presentara pérdidas a sus accionistas, o a un director de escuela que reprobara a todos sus alumnos o a un ingeniero al que se le cayeran todos los puentes?

Así pasa con el Estado frente a la delincuencia. Los hechos revelan que el narcotráfico y otros negocios ilícitos no se liquidarán con las estrategias que se han usado. Es necesario plantearse otras formas y medios. Por ejemplo, discutiendo en serio la legalización de las o algunas drogas. La legalización no terminará con los problemas del consumo de drogas, pero sin duda cambiaría de manera radical algunos fenómenos relacionados con este negocio, como el tráfico de armas y la violencia.

Para empezar debe ubicarse el narcotráfico no solamente como asunto de salud pública. Un negocio que supera los 100 mil millones de dólares anuales no se combatirá con llamados a la honestidad, y menos si se sabe que los altos mandos políticos, militares y policiales permiten o forman parte de ese negocio.

Todos los negocios deben pagar un costo de protección para funcionar (por ejemplo los bancos, pero aquí la seguridad corre a costa de los contribuyentes); claramente los negocios ilegales pagan un mayor costo de protección para operar. Si se legalizara el negocio de las drogas podría abatirse la violencia que ahora lo acompaña. Y disminuiría la corrupción de autoridades políticas de alto nivel (que permiten la fuga del Chapo Guzmán) o de mandos militares o policíacos que permiten las operaciones de producción, circulación y consumo de este negocio tan rentable.

Lo más peligroso es que se está propiciando pánico a la población para hacer creer que el problema principal es la inseguridad, generando psicosis y propiciando que se dé el visto bueno para gobernantes de mano dura y la militarización de la vida pública. El atentado en Morelia podría llevar a medidas de mano dura aún más radicales, respaldadas por manifestaciones de personas vestidas de blanco que claman por la paz y la seguridad. El asunto Morelia, además, podría convertir a Calderón en el Álvaro Uribe mexicano, un gobernante supeditado a las políticas antiterroristas de Estados Unidos.

Todo este discurso y estas acciones son una patraña, en realidad los altos gobernantes conviven y hacen negocios con los principales delincuentes: la cuota de salud, dinero y sangre la pone el pueblo. Es hora de desenmascarar esta falsa guerra en contra de la delincuencia.

 

 

La decadencia panista

Diario Público, 4 octubre 2007

 

Fue en 1996 cuando el PAN enfrentó en Jalisco su primer reto importante como partido en el poder. Daniel Ituarte, primer panista que gobernó Zapopan, favoreció a un despacho, del que su hijo era socio, con un negocio de más de un millón de pesos. El reportaje cimbró al panismo. Por primera vez desde que habían llegado al gobierno, en marzo de 1995, enfrentaban un escándalo de corrupción, una crisis política y un dilema ético importante.

 

A la distancia sorprende la facilidad con la que ese primer escándalo sacudió los cimientos del panismo local, a partir de un simple dilema ético: “Uno de nuestros gobernantes cometió un acto indebido, eso va en contra de todo lo que hemos pregonado durante 57 años, no podemos hacer en el gobierno una cosa distinta a la que decíamos como oposición”.

 

Este dilema funcionó. Días después, el comité estatal que presidía Herbert Taylor convocó a una sesión donde se decidió pedirle a Ituarte la licencia a su cargo. El panismo se conmovió, incluso con llanto, enfrentó un dilema ético y actuó en consecuencia.

 

Estoy seguro de que quienes leen este artículo siguen mi argumento. Qué lejos estamos en 2007 con lo que ocurre en Tonalá, respecto al caso Zapopan en 1996.

 

En Tonalá 2007 estamos en una trama de novela negra en la que dos funcionarios cercanos al presidente Jorge Vizcarra, ordenaron el asesinato de otro tercer funcionario porque supuestamente los iba a denunciar como parte de una red de corrupción que, según los avances de la investigación, podría llegar al alcalde.

 

¿Qué hace la clase política panista? Mira las encuestas, mide el terreno, calcula la maniobra que les permita seguir en el poder, a cualquier costo. Ya no se conmueven, ya no se cimbran ante estas noticias, ya no enfrentan un dilema ético. Ya no le piden la renuncia al servidor público que claramente es una contradicción entre la doctrina panista y su realidad como hombre del poder.

 

Demasiados electores ven esta creciente contradicción, la creciente distancia que hay entre lo que dicen ser (honestos, respetuosos de la doctrina y de la ley) y lo que son en realidad (una clase política que busca ante todo y por cualquier medio permanecer en el poder, sin principios, ambiciosos…). Las mieles del poder los corrompieron.

 

Creo que se trata de un análisis equivocado. Parte de una noción idealista de la política, de matriz liberal. Parten de los tipos ideales de lo que debería ser el orden político, sus procedimientos e instituciones. Se cree que este orden político nació para servir a la sociedad. Según este esquema de interpretación predominante, los partidos son entidades de interés público que permiten a la sociedad organizarse para llegar al poder público; y los políticos sirven a la sociedad.

 

El problema con esta concepción es que no resiste la prueba de los hechos. Por eso los analistas y periodistas que siguen a pie juntillas esta versión liberal de la política se hacen bolas y no atinan a explicar qué ocurre.

 

Si aplicamos este a la crisis panista, se llega a una conclusión voluntarista de la política. La doctrina y la institución panista están bien; son las “malas personas” las que las corrompen. Alberto Cárdenas llevó al extremo esta versión simplona diciendo que el panismo fue “penetrado por prácticas priistas”. Este análisis es insostenible. Necesitamos otro marco interpretativo que permita entender mejor lo que está atravesando el panismo en Jalisco, y todos los partidos, así como las instituciones y los procedimientos políticos.

 

Ese marco debe partir no del deber ser de las instituciones, sino lo que realmente son. En realidad dichas instituciones y prácticas se crearon para ser lo que son: instrumentos políticos en manos de camarillas que buscan permanecer en el poder; y la clase política debe verse como un grupo de profesionales que se dedican ante todo a permanecer en el poder, sin importar principios y compromiso con los electores. Es insuficiente el espacio aquí para desarrollar este análisis crítico del liberalismo. Pero es necesario hacerlo si se quiere salir del simplismo de decir que el panismo atraviesa su decadencia. El panismo actual es lo que realmente podían ser.

 

Un análisis crítico de la política en Jalisco (y por supuesto en el mundo) debe considerar en serio que lo que no funciona es el orden político liberal en su conjunto, y no centrarse en las “malas personas” que corrompen las nobles instituciones.