Los hechos revelan que el narcotráfico y otros negocios ilícitos no se liquidarán con las estrategias que se han usado hasta ahora. Parece necesario plantearse otras formas y medios para mitigar este fenómeno. Por ejemplo, discutiendo en serio la legalización de algunas drogas
Rubén Martín / Público, 18 septiembre 2008
Hace más de tres décadas que el Estado le declaró la guerra al narcotráfico y a la delincuencia. José López Portillo la llamó Operación Cóndor y empezó en Sinaloa; Felipe Calderón la llama guerra contra la delincuencia y empezó en Michoacán, su tierra natal. Ya sabemos las consecuencias. Sinaloa sigue siendo tierra del narcotráfico y en Michoacán acaba de atentarse en contra de civiles, hecho inédito en esta larga y supuesta confrontación del Estado frente a la delincuencia.
Sexenio tras sexenio se machaca el discurso de que el Estado no puede ceder territorio ante la delincuencia, se piden recursos fiscales extraordinarios para librar esta “guerra” y se hace una extensa propaganda cuando se detiene a un pez gordo o se hacen decomisos importantes.
Tal como lo hacía Edgar Hoover en Estados Unidos durante su “guerra contra las mafias”, el director del corrupto FBI pactaba con la delincuencia la entrega de algunos capos para calmar a la opinión pública y para mejorar la imagen del presidente en turno. Algo semejante ocurre en México. Los pactos secretos entre algunos gobiernos y capos de la droga los beneficia únicamente a ellos; los primeros obtienen dinero para sus proyectos políticos y los segundos consiguen protección.
Pero las cosas no mejoran, al contrario, se han agravado. Respecto a hace 30 años, ahora las organizaciones que se dedican al crimen organizado son más fuertes, tienen más capacidad de corromper a servidores públicos, su capacidad de fuego ha aumentado, y el volumen de su negocio ha crecido a tal grado que si de verdad se pudiera suprimirlo, la economía mexicana sufriría un quebranto.
De modo que si en los últimos 30 años las “estrategias” del Estado para enfrentar el crimen organizado han fracasado estrepitosamente, como se demuestra con Felipe Calderón, valdría la pena hacer un alto en el camino y revisar lo que se ha hecho mal. Es lo que cualquier organización sensata haría. ¿Se imagina al directivo de una empresa que durante 30 años presentara pérdidas a sus accionistas, o a un director de escuela que reprobara a todos sus alumnos o a un ingeniero al que se le cayeran todos los puentes?
Así pasa con el Estado frente a la delincuencia. Los hechos revelan que el narcotráfico y otros negocios ilícitos no se liquidarán con las estrategias que se han usado. Es necesario plantearse otras formas y medios. Por ejemplo, discutiendo en serio la legalización de las o algunas drogas. La legalización no terminará con los problemas del consumo de drogas, pero sin duda cambiaría de manera radical algunos fenómenos relacionados con este negocio, como el tráfico de armas y la violencia.
Para empezar debe ubicarse el narcotráfico no solamente como asunto de salud pública. Un negocio que supera los 100 mil millones de dólares anuales no se combatirá con llamados a la honestidad, y menos si se sabe que los altos mandos políticos, militares y policiales permiten o forman parte de ese negocio.
Todos los negocios deben pagar un costo de protección para funcionar (por ejemplo los bancos, pero aquí la seguridad corre a costa de los contribuyentes); claramente los negocios ilegales pagan un mayor costo de protección para operar. Si se legalizara el negocio de las drogas podría abatirse la violencia que ahora lo acompaña. Y disminuiría la corrupción de autoridades políticas de alto nivel (que permiten la fuga del Chapo Guzmán) o de mandos militares o policíacos que permiten las operaciones de producción, circulación y consumo de este negocio tan rentable.
Lo más peligroso es que se está propiciando pánico a la población para hacer creer que el problema principal es la inseguridad, generando psicosis y propiciando que se dé el visto bueno para gobernantes de mano dura y la militarización de la vida pública. El atentado en Morelia podría llevar a medidas de mano dura aún más radicales, respaldadas por manifestaciones de personas vestidas de blanco que claman por la paz y la seguridad. El asunto Morelia, además, podría convertir a Calderón en el Álvaro Uribe mexicano, un gobernante supeditado a las políticas antiterroristas de Estados Unidos.
Todo este discurso y estas acciones son una patraña, en realidad los altos gobernantes conviven y hacen negocios con los principales delincuentes: la cuota de salud, dinero y sangre la pone el pueblo. Es hora de desenmascarar esta falsa guerra en contra de la delincuencia.
