Lo que ocurre ahora con el Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ) es la prueba de que este organismo ni es autónomo ni es ciudadano, y que sus consejeros no representan a la sociedad ni son garantes de una sociedad democrática, sino que representan las reglas del juego que se impone así misma la clase política y los consejeros son garantes de sus intereses
La reciente reforma electoral acordada por las dirigencias de los partidos y los coordinadores parlamentarios, votada y aprobada el pasado viernes en el Congreso local, ha generado una reacción de molestia en varios grupos sociales y ciudadanos. La percepción más extendida al respecto es que los políticos, a través de los partidos, se están “apoderando de las instituciones” y que el sistema político jalisciense tiende hacia la “partidocracia”.
Ha habido pronunciamientos de dirigentes empresariales, activistas sociales y periodistas. El punto es si realmente tendemos hacia una “partidocracia” como dicen algunos y qué se puede hacer al respecto. Mi impresión es que esa crítica no es cierta, porque presupone que en algún momento el control de ciertas instituciones públicas no estaba bajo control de los grupos dirigentes partidarios, sino en manos de ciudadanos 100 por ciento puros.
Y esto no es cierto. Hablando específicamente del organismo electoral, en realidad los partidos y su clase dirigente nunca han dejado de tener bajo su control tanto la elección de los consejeros como la supervisión de la organización de las elecciones.
Se podría decir que el primer consejo electoral un poco más ajeno a los partidos se integró en 1994; desde entonces (1996) los partidos se reparten en cuota la designación de los consejeros. En este sentido no hay nada nuevo.
Si lo que se llama “patidocracia” no es novedad, ¿qué es entonces lo nuevo en lo que presenciamos ahora en la política profesional? Diría que su acelerado desprestigio derivado de que no han podido resolver una crisis de legitimidad política generada hace unos 30 años.
Para entender lo que ocurre ahora no es ocioso recordar que las instituciones y procedimientos políticos que tenemos ahora derivan de la doble crisis de rentabilidad y legitimidad que sufrió el sistema económico y político mexicano a fines de los setentas.
La respuesta de la clase política mexicana consistió en ofrecer, en lugar de los fraudes electorales y el monopolio político priista, el proyecto de la alternancia política y el rediseño de las instituciones y prácticas electorales.
La primera reforma electoral se dio en 1977 y desde entonces se nos dice que estamos en un intento permanente de perfeccionamiento. En realidad de lo que va el juego es del intento de la clase política mexicana por recuperar por completo la credibilidad y la legitimidad entre los ciudadanos. Pero han fracasado.
Como la gente no creía en las elecciones, se ofreció el registro a más opciones partidistas y se creó el IFE; como la gente ya no creía en el sistema de impartición de justicia, se crearon las comisiones de derechos humanos; las dudas sobre el manejo de los recursos se atajaron mediante las auditorías de fiscalización y los institutos de transparencia intentan hacernos creer que no hay nada oscuro en el manejo de los asuntos públicos.
Todos estos intentos por recuperar la legitimidad perdida han resultado en un fracaso. En Jalisco somos testigos de todos y cada uno de los organismos creados para hacernos creer que las cosas ahora si van en serio, se están hundiendo en el desprestigio, como antes se hundió el viejo PRI y sus prácticas autoritarias.
Lo que ocurre ahora con el Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ) es la prueba de que este organismo ni es autónomo ni es ciudadano, y que sus consejeros no representan a la sociedad ni son garantes de una sociedad democrática, sino que representan las reglas del juego que se impone así misma la clase política y los consejeros son garantes de sus intereses.
La suerte que han corrido otros organismos constitucionales autónomos en la entidad revela una tendencia semejante. Hemos visto recientemente la intención de de los diputados de terminar por apoderarse del Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei), la intervención de los grupos políticos a la hora de elegir al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), y las tremendas grillas empresariales y partidistas para elegir al nuevo presidente del Consejo Económico y Social (Cesjal).
De modo que lo nuevo no es la “partidocracia” (que significa el control y dominio de la clase política sobre las instituciones y procedimientos políticos), sino que los intentos por recuperar la legitimidad frente a la sociedad están en crisis y han resultado un fracaso.
El costo del voto para cada instituto también crecerá significativamente. Con la reforma electoral, los partidos recibirán más de 700 por ciento de dinero de los contribuyentes
