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La reforma presupuestaria propuesta por el coordinador de la fracción blanquiazul plantea nuevas reglas para autorizar el presupuesto a la Universidad de Guadalajara, que le obligaría a sujetarse a lo aprobado por el CGU y el Legislativo
Ignacio Pérez Vega – Rubén Martín / Público, 22 julio 2008
La Universidad de Guadalajara (UdeG) es uno de los más importantes actores políticos y económicos del estado, que a diferencia de otros no cuenta con reglas que le obliguen a sujetar su gasto a un presupuesto previamente aprobado por la casa de estudios y palomeado por el Legislativo. Ante ello, en la reforma integral al sistema presupuestario del estado que presentó ayer el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Salinas Osornio, se plantea hacer cambios a la Ley Orgánica de la UdeG, para que el proceso a través del que la Legislatura asigna el presupuesto anual cambie en forma radical.
El cambio más notable implica que ahora las autoridades de la Universidad deberán aprobar el presupuesto detallado al seno del Consejo General Universitario (CGU) antes de solicitar los recursos estatales. El procedimiento actual funciona prácticamente al revés: primero se hace una petición de presupuestos irreductibles más solicitudes de ampliación, y posteriormente el CGU asigna estos recursos conforme a lo que se decide internamente.
Sobre este aspecto del manejo de los recursos en la UdeG se detuvo el diputado Salinas Osornio. Aunque no precisó cuáles artículos serían transformados, advirtió que, antes de que se emitan juicios de cualquier índole por parte de los actores políticos involucrados, tienen que leer primero la iniciativa.
Lo que sí explicó es que en este momento la UdeG aplica un sistema inverso a la lógica, pues primero se le asigna el gasto anual y luego el Consejo General Universitario (CGU) lo programa, cuando el dinero ya fue gastado.
“El planteamiento es al revés: [ahora se busca] que se sepa con anticipación cuando vas a presupuestar un peso, a qué se va a destinar. Si lo que necesitamos son preparatorias, que todos le metamos dinero a preparatorias. Si en el Plan Estatal de Desarrollo nos hablan que tenemos que garantizar la educación media superior para el 2030, [se debe revisar] qué estamos haciendo, cuáles son las metas y qué necesita la UdeG”, puntualizó.
Si primero se presentan los proyectos por parte de la UdeG, entonces el Congreso exigiría al gobierno del estado que respalde esas proposiciones y destine recursos. Pero eso sí, advirtió el legislador: cuando el recurso llegue a la UdeG tiene que gastarse en eso, y “no que después sea otro el destino que se da a los recursos”.
Una fuente panista puso como ejemplo lo que ocurrió el año pasado, cuando la administración de la UdeG solicitó recursos extraordinarios para preparatorias y “luego nos enteramos que se usó dinero para el proyecto de la Universidad en Los Ángeles”.
La iniciativa panista pretende también regular el hábito presupuestal al seno de la UdeG que aprueba su presupuesto del año en curso, cuando ya han transcurrido semanas o meses de su ejercicio. Así ocurrió este año cuando se aprobó el presupuesto inicial a fines de enero.
Ocurre además que el Consejo General Universitario discute y aprueba a mediados del año un presupuesto ampliado que ocasionalmente incluye modificaciones sustanciales al gasto universitario. De hecho, en los próximos días se espera que se programe la discusión sobre el gasto extra para 2008.
Las autoridades universitarias han justificado esta medida porque algunos recursos adicionales de fondos federales se someten a concurso a principios del año fiscal y se deciden meses después.
El tamaño de la UdeG
Un argumento para fiscalizar a profundidad los recursos públicos es el tamaño de la Universidad. La UdeG es, después del gobierno de Jalisco, el aparato público más importante del estado, e incluso supera en recursos y personal a cualquier gobierno municipal del país.
Como se muestra en la tabla anexa, en este año la UdeG tiene un presupuesto inicial de 6,013 millones de pesos, que se ampliarán en casi 800 millones de pesos al confirmar los recursos adicionales que ha solicitado. La comparación revela que la casa de estudios supera el gasto que tendrá el gobierno de Guadalajara, y que es semejante al que ejercerán los gobiernos de Colima y Tlaxcala.
En lo que se refiere a recursos humanos, tiene una plantilla de más de 23 mil empleados, a lo que hay que sumar la matrícula de casi 200 mil estudiantes que están bajo su cuidado e influencia.
