Desfachatez en Tlaquepaque

El ex alcalde y el ex tesorero idearon un eficaz entramado administrativo y financiero para cobrarse un sueldo mayor al sugerido y repartirse compensaciones discrecionales. Todos los mecanismos que deberían servir para fiscalizar el desempeño del gobierno fracasaron

 

Diario Público / 22 julio 2004

La desfachatez de una parte de los políticos profesionales no tiene límite. A pesar de negarlo en público reiteradamente, de las pruebas incuestionables publicadas en varias ocasiones, ahora se confirma que en Tlaquepaque los 17 ediles y altos funcionarios del gobierno municipal 2001-2003 se cobraron un bono por fin de administración de casi 300 mil pesos.

No solo eso, la evidencia apunta a que el ex alcalde Antonio Álvarez Hernández ideó, junto a su tesorero Felipe Rangel Vargas, un eficaz entramado administrativo y financiero para permitir que ellos dos, los ediles del PAN, PRI y PRD, así como altos funcionarios cobraran un sueldo que rebasaba con mucho lo que sugería el Comité Técnico de Valoración Salarial (CTVS), se repartieran entre los regidores el dinero que presuntamente debería servir como apoyo para las fracciones de ediles y se embolsaran compensaciones extraordinarias a discreción.

Pero ¿cómo pudo ocurrir todo esto si se supone que había varios funcionarios municipales que deberían vigilar que eso no ocurriera, si hay leyes de transparencia, instancias estatales de fiscalización, normas y reglamentos de los partidos, incluso la “vigilancia” de los medios informativos y de los ciudadanos del municipio?

En teoría todo este marco legal, diseño institucional y un marco ético en el ejercicio de la función pública debieron funcionar para evitar que los ex servidores públicos violaran las disposiciones en materias de sueldos, bonos y compensaciones.

La lista de las funciones, servidores públicos, dependencias municipales y estatales que fallaron para encontrar las anomalías en Tlaquepaque es larga. La presidencia municipal, la tesorería municipal, Contraloría, Ayuntamiento, fracciones de regidores, auditores del Congreso, Contaduría Mayor de Hacienda, Comisión de Inspección del Congreso local.

Fallaron también funciones esenciales de la teoría democrática como la rendición de cuentas, el equilibrio de poderes y la ética de la función pública.

Todo esto fracasó. Por eso es tan grave lo que ocurrió en Tlaquepaque y más grave aún si no se le pone remedio y se castiga a los responsables de mentir y engañar a los contribuyentes del municipio y del estado, de conspirar para repartirse recursos públicos y torcer las leyes para beneficiarse de su puesto como servidores públicos.

El caso de la anterior Administración municipal de Tlaquepaque (2001-2003) es un ejemplo inmejorable para demostrar el fracaso de los organismos y normas que deberían servir para la vigilar el correcto uso del dinero público, de la reciente ley de transparencia en Jalisco, del supuesto equilibrio de poderes al interior de los gobiernos municipales y el papel de los “partidos de oposición”.

Hay que tener en cuenta que las operaciones llevadas a cabo en el gobierno municipal de Tlaquepaque, que encabezó el panista Antonio Álvarez Hernández, se dieron en el periodo en el que la opinión pública ha estado más informada sobre el tema de sueldos, bonos, compensaciones y prestaciones de los servidores públicos. La investigación y difusión de estos casos generó molestia e irritación en la sociedad lo que obligó a la clase política a generar una respuesta para paliar la irritación.

El Congreso de Estado creó el Comité Técnico de Valoración Salarial, se elaboró la Ley de Transparencia Pública en el estado; se instauraron comités de transparencia en algunos gobiernos municipales; se obligó a los gobiernos a subir la información sobre nóminas y salarios.

Al mismo tiempo los partidos debieron intentar responder a las críticas de grupos de la sociedad y de los medios informativos creando comisiones y endureciendo las normas internas para aplacar las propensiones de ambición de sus militantes. Fue cuando el PAN, partido al que pertenece el ex presidente municipal de Tlaquepaque, determinó expulsar a sus servidores públicos por recibir bonos o compensaciones ilegales.

Pero nada de esto sirvió para amedrentar o detener el reparto discrecional de bonos y compensaciones en la Villa Alfarera.

¿Qué se debe hacer ahora? ¿Se deben crear nuevas leyes, se debe procurar la autonomía de los organismos municipales encargados de vigilar el erario, se deben aumentar las facultades fiscalizadoras del Congreso del Estado? Todo ese se ha hecho en los últimos quince años y no ha servido de nada.

La enseñanza que deja el caso de Tlaquepaque es que a pesar de la molestia de la sociedad, a pesar de nuevas leyes y instituciones, la capacidad de la clase política para idear nuevas formas de evadir la ley siempre supera los recursos que tiene a su mano la sociedad para descubrirlos. Pero lo peor sería dejarlos salirse con la suya. Sería bueno que entre todos encontráramos fórmulas más eficaces para tratar de impedir que ocurra algo semejante a lo de Tlaquepaque otra vez, aunque luego nos volvamos a decepcionar.

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