Rendidos ante los intereses privados

 

Lo que ocurre en El Salto es una radiografía de lo que ocurre con el poder político y las maquinarias de gobierno: entidades que en lugar de estar a favor del interés común, se supeditan a los intereses privados

 

Rubén Martín / Público, 24 julio 2008

 

Las movilizaciones que han llevado a cabo los pobladores de El Salto en las dos últimas semanas son más importantes de lo que a simple vista podemos observar. Por un lado, las quejas y protestas de los habitantes de La Azucena y otros fraccionamientos inundados han vuelto a mostrar el desarrollo urbano caótico y supeditado a los intereses inmobiliarios, en tanto que la movilización del viernes pasado en contra del vertedero de Los Laureles puso sobre la mesa de los tapatíos otra vez el grave problema de la contaminación que aqueja esa zona y al mismo tiempo reveló la complacencia y supeditación de los gobiernos en turno a la empresa Caabsa Eagle.

Más allá de los resultados inmediatos de las movilizaciones de los pobladores de El Salto y Juanacatlán, lo que está aflorando de una manera cada vez más clara y contundente es la incapacidad de los gobiernos para atender, procesar y dar respuesta satisfactoria a las demandas sensatas y legítimas de la gente que padece algún tipo de problema o necesita alguna respuesta de la autoridad.

La contaminación en El Salto comenzó a manifestarse de un modo más grave hace unos 30 años. Hubo un tiempo que la contaminación aparecía diluida. Ese tiempo ya pasó. Y los efectos dañinos e incluso mortales de la contaminación hicieron nacer la conciencia ecológica de algunas personas y grupos. Ahora la conciencia de que la contaminación les afecta directamente su vida es un asunto masivo en El Salto.

Para ellos ya llegó la hora de las soluciones definitivas. Lo sensato para ello es lo radical, y están cansados de las vías burocráticas, jurídicas y todos los canales de denuncia que el sistema jurídico y de gobierno ponen a su disposición. Los han agotado todos. Han presentado quejas ante las instancias municipales, estatales, federales e internacionales. En la mayoría de casos todas estas entidades públicas les han dado la razón: esa es una de las regiones más contaminadas del país y algo se tiene que hacer. Pero las respuestas que dan la parte medioambiental o de derechos humanos del aparato de gobierno, las ignora o no las puede cumplir la parte ejecutiva.

El asunto es que en El Salto ya no pueden esperar. Esperar significa más muertes, más inundaciones, menos vida. Pero lo que es evidente, y es un asunto de vida o muerte para miles de pobladores, es apenas un expediente, un archivo entre otros para la burocracia. O es un asunto político al que no quieren entrarle.

Se presenta una situación en que la maquinaria burocrática se ve impedida, por la misma lógica de funcionamiento (requisitos, presupuestos, expedientes). Y esta parálisis burocrática se da incluso suponiendo que tuviera voluntad de resolver los problemas de la gente.

Pero esta no es la actitud común de los aparatos de gobiernos y de los servidores públicos. Lo más común es que actúen en complicidad para defender intereses de entidades privadas que lucran con las necesidades o los recursos de la gente.

Esto es lo que ocurre en El Salto. De manera criminal algunos gobernantes autorizaron fraccionamientos en zonas que se inundan. Miles de familias invirtieron el patrimonio que lograron con años de trabajo y ahora resulta que nadie es responsable. En tanto, que la constructora responsable aparece entre las diez constructoras con más ganancias en todo el país.

En el caso del vertedero de Los Laureles, la autoridad municipal y la estatal se han puesto de lado de Caaba Eagle ya sea por omisión o por miedo. Resulta que la secretaria de Medio Ambiente, Martha Ruth del Toro, confió a un poblador de El Salto que desgraciadamente el gobierno nada podía hacer porque dicha empresa (a la que los tapatíos le hemos pagado miles de millones de pesos por hacerse cargo de este negocio) paga campañas de los candidatos de todos los partidos. En resumidas cuentas, la empresa está blindada y es difícil o imposible que se le obligue a cumplir el contrato, las normas ambientales y a cerrar un basurero que ocasiona enfermedades y posiblemente muerte a pobladores que padecen su contaminación.

Lo que ocurre en El Salto es una buena radiografía de lo que ocurre con el poder político y las maquinarias de gobierno: entidades que en lugar de estar a favor del interés común, se supeditan a los intereses privados por miedo por los beneficios que obtienen de este proceder.

Sería muy estúpido pensar que esta situación va a durar muchos años más. Algo tiene qué ocurrir, y la pista la están dando miles de pobladores de Jalisco con sus luchas.

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