La inseguridad

Ejecutivo estatal
Foto: Ejecutivo estatal

No pueden resolverse de fondo la inseguridad, los secuestros y los robos, si las respuestas responden primordialmente a las preocupaciones y presiones de las clases acomodadas

 

 

 

 

Rubén Martín / Público, 11 septiembre 2008

 

De tanto en tanto, el tema de la inseguridad pública se pone en el centro de la agenda pública del país. Ahora éste es uno de esos momentos. Y no es para menos. La situación está verdaderamente delicada.

Es una tragedia que un joven como Fernando Martí haya perdido la vida a manos de sus secuestradores; tienen razón ciertos grupos sociales de estar preocupados por este abominable crimen. Es una horrible tragedia que ninguna familia quisiera y debiera padecer. Pero no pueden resolverse de fondo la inseguridad, los secuestros y los robos, si las respuestas responden primordialmente a las preocupaciones y presiones de las clases acomodadas.

Esto es lo que está ocurriendo ahora. Hay cientos de secuestros y de muertes de jóvenes a manos inocentes al mes, pero lo cierto es que no todas las vidas pesan lo mismo. Además del terrible dolor que los embarga y de la valentía para afrontar una circunstancia como ésta, los padres de Fernando Martí tienen los contactos políticos necesarios para poder activar una respuesta de mayor envergadura. La tragedia del joven Martí activó la preocupación y los resortes de acción de las clases altas del país. Es posible pensar que los dueños de las cadenas de televisión del país se comprometieran, incluso personalmente, a apoyar a la familia y las movilización que desencadenó el caso.

Y ante este escenario, los gobernantes se ofrecieron a dar respuestas prontas a las exigencias de los grupos acomodados. Al mismo tiempo aprovecharon el tema para dirimir sus conflictos y para sacar raja política de este asunto, como quedó en claro con las diferencias entre los señores Felipe Calderón y Marcelo Ebrard.

Ahora creen que la solución a este complejo problema puede resolverse depurando los cuerpos policiacos e incrementando las penas, especialmente a los secuestradores. Esta tendencia ya llegó y ya aterrizó en Jalisco. El gobernador Emilio González Márquez no quiere quedarse al margen de este oportunismo político para montarse en la ola mediática que se ha despertado entre la población por parte de las televisoras.

Pero lo que ahora ocurre ya ha sucedido antes. A mediados del sexenio de Ernesto Zedillo ocurrió algo semejante: personajes de las clases altas secuestrados (Alfredo Harp Helú entre otros), presión política de estos sectores, alarma entre personajes de la farándula, movilizaciones, compromisos gubernamentales, detención de algunos chivos expiatorios, y fin del capítulo. Pero como en el pasado han fracasado estas políticas, ahora fracasarán de nuevo porque no atienden a las causas profundas de la inseguridad, la procuración de justicia y el fin de la impunidad.

Fracasarán porque no se están atendiendo distintas variables que influyen en la inseguridad; no se ha hablado de desigualdad social, de la enorme disparidad en el reparto de la riqueza del país, de los sueldos miserables que pagan muchos de los empresarios que luego exigen más seguridad.

Ya se sabe que muchos de los principales delincuentes provienen de la policía. Si no se logra que varios de los negocios criminales sean tan rentables, difícilmente se va a desincentivar que muchos servidores públicos prefieran los riesgos bien pagados del crimen organizado que los riesgos mal pagados de la seguridad pública.

No será la solución, pero claramente la despenalización del consumo de algunas drogas cambiaría la base económica de este negocio. Nada más el negocio de las drogas sintéticas vale 650 millones de pesos al año. ¿Cómo combatir un negocio así de lucrativo? ¿Cómo combatirlo si además opera con la complacencia de los gobiernos que protege a algunos cárteles? ¿Cómo combatirlo si muchos miembros de la clases altas son cómplices voluntarios de esta actividad delictiva?

 

 

 

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