La muerte del Itei

Rubén Martín / Público, 25 Septiembre, 2008

Era cuestión de tiempo, y el tiempo llegó. Desde que el Congreso del Estado eligió en julio pasado a dos nuevos consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei) a modo, únicamente debía pasar tiempo para que la clase política profesional tomara el control del último organismo constitucional autónomo que todavía actuaba con independencia de las dirigencias de los partidos, del Poder Ejecutivo y de los diputados que controlan las cosas en el Poder Legislativo.

 

La votación del pasado lunes en la sesión ordinaria del Itei en la que los dos nuevos consejeros, Guillermo García Murillo y Guillermo Muñoz Franco, votaron en contra de la ponencia del presidente del organismo (Augusto Valencia López) a favor de pedir que el PAN entregara la información que le requerían cuatro ciudadanos, dejó en claro la razón por la que fueron electos dichos consejeros.

 

Los nuevos integrantes del Itei entraron para actuar en la protección de los intereses de los partidos, de los diputados y otras entidades públicas que se niegan a cumplir con la Ley de Transparencia e Información Pública.

 

Así lo advertimos algunos desde julio pasado cuando el Congreso dio a conocer una amañada convocatoria para elegir consejeros del Itei. En realidad la convocatoria fue una patraña, un mecanismo para legalizar y dar legitimidad a una decisión que tomaron de antemano.

 

A mi entender, una buena parte de la clase política profesional ha creído que la transparencia ha ido demasiado lejos en Jalisco, aunque para la sociedad apenas se están dando los primeros pasos. El Itei se convirtió en menos de tres años en una piedrita en el zapato para algunos políticos.

 

¿Qué asuntos de transparencia están siendo incómodos para la clase política? O en otras palabras ¿qué intereses se están tocando con el tema de la transparencia que volvió incómodo al Itei?

 

Hay al menos dos asuntos: la insistencia del Itei para que transparentar el dinero que los contribuyentes damos a las fracciones parlamentarias y la insistencia en hacer pública la información que generan los partidos.

 

Sobre el dinero a las fracciones parlamentarias, se trata de una bolsa de al menos 51 millones de pesos, la partida 3827 denominada “asignaciones a grupos parlamentarios”, que curiosamente está catalogada en el rubro de “materiales y suministros”, (la famosa partida 8000 fue desaparecida).

 

Esta partida es clave para el funcionamiento del Congreso. Mediante ella los diputados llegan a duplicar su sueldo. Hace poco un coordinador parlamentario reconoció en privado que en realidad los legisladores no ganan los 75 mil pesos al mes, sino el doble. ¿Cómo le hacen? Gracias al dinero que se va para los grupos parlamentarios. Además este dinero que se gasta de manera discrecional se convierte en una bolsa de premios y castigos del coordinador a sus diputados e incluso se habla de la compra de votos de diputados en asuntos delicados que resuelve el Poder Legislativo. Los coordinadores no pueden transparentar esta partida y otras adicionales que manejan, porque estarían develando como manejan los recursos y cómo se toman las decisiones en el Poder Legislativo.

 

En el caso de los partidos, las peticiones para transparentar las decisiones que se toman al seno de estas agrupaciones de interés público están entorpeciendo el manejo discrecional con que se operan asuntos partidistas: afiliación de militantes, manejo de los recursos internos, pago de encuestas, selección de candidatos, etcétera.

 

Y aquí no hablamos de otra información pública que se maneja en el corrupto Poder Judicial y en las áreas del Ejecutivo donde se operan jugosos y enormes negocios, al igual que en diversas áreas de los gobiernos municipales.

 

En resumen, la tímida ley y prácticas de transparencia que se estaban poniendo en marcha en Jalisco fueron demasiado para los intereses de la clase política profesional. Por eso había que liquidar el Itei independiente. Ya lo hicieron. Lo que queda es instituto a modo de los políticos profesionales, al igual que antes ocurrió con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el organismo electoral (el Consejo Económico y Social se diseñó desde su origen como una cuota de poder para los empresarios).

 

Pero no nos resignemos. Esta evidencia puede hacernos caer en cuenta de la profunda crisis que padece el sistema político liberal y de pasada desengañarnos, de una vez por todas, de que hay “organismos ciudadanos” y de que los gobernantes trabajan para el pueblo. Es mejor vivir desengañados que seguir creyendo la tontería esa de que vamos camino a la consolidación de la democracia.

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