Impunidad a partidos y candidatos

 

El mensaje que envía el IEPCEJ a partidos y candidatos es que pueden tener una doble contabilidad, que pueden recurrir al financiamiento privado ilimitado, y que pueden rebasar los límites legales de gastos de campaña porque al final no van a ser sancionados. Es un mensaje nefasto

 

Rubén Martín / Público, 22 enero 2009

El organismo electoral acaba de completar una nueva vuelta de tuerca para asegurar la impunidad a partidos y candidatos, en lo que se refiere al origen y destino del dinero que manejan.

Los dictámenes sobre los resultados de los informes financieros presentados por los partidos de 2005 a 2008 venían acompañados de módicas sanciones sugeridas por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEPCEJ), sanciones que casi con seguridad serían aprobadas por los consejeros electorales en su sesión de anoche. En total se sugerían multas por cuatro millones de pesos a ocho partidos que cuentan con registro estatal, debido en su mayoría a errores administrativos y de rendición de cuentas, pero no por irregularidades graves.

Esa multa es una botana para las dirigencias de los partidos si tomamos en cuenta que los recursos que recibieron este mes son 700 por ciento más altos que los asignados en enero de 2008. El dinero público a los partidos en Jalisco asciende supera los mil millones de pesos de 1997 a la fecha.

Según la información previa que se pudo conocer sobre la fiscalización de los recursos a los partidos (Público, 21 enero 2009), el trabajo llevado a cabo antes por la Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos del otrora Instituto Electoral del Estado de Jalisco y ahora por la actual Unidad de Fiscalización del IEPCEJ, ninguno de los partidos o candidatos cometió faltas graves.

Con esta decisión el IEPCEJ lesiona su credibilidad y aporta elementos para sospechar sobre su independencia. Parece confirmar la suposición de que el proceso de renovación de consejeros en el que se metieron los dirigentes de los partidos políticos a mediados del año pasado tenía, entre uno de sus propósitos, elegir consejeros a modo a fin de que no fiscalizaran adecuadamente el dinero que manejan y que no fuera a sancionarlos con grandes montos.

Puede pensarse que el mensaje que envía el IEPCEJ a los partidos y candidatos es que pueden tener una doble contabilidad, que pueden recurrir al financiamiento privado ilimitado, y que pueden rebasar los límites legales de gastos de campaña porque al final no van a ser sancionados, no van a ser fiscalizados a profundidad.

Es un mensaje nefasto. Este proceso de revisión de los informes financieros de los partidos es el equivalente del lavado de cuentas públicas que ocurre en el Congreso de Estado con la entidad fiscalizadora. No importa el trabajo técnico y profesional de los encargados de la revisión, al final se resuelve no con criterios técnico-contables, sino con criterios políticos.

Podrá decirse que no hubo evidencias de irregularidades graves, pero más bien parece que no quisieran indagar. Quien quiera podría haber contrastado lo que reportaron los partidos y candidatos en algunos rubros (por ejemplo gastos de operación) para confirmar que algunos reportes financieros de los partidos estaban maquillados.

Por si fuera poco el organismo electoral dio todas las facilidades de tiempo y procesales a los partidos para que sus contadores cuadraran las cuentas y maquillaran las cifras.

Baste ver el reporte de gastos de Emilio González Márquez, candidato del PAN a la gubernatura, presentado en agosto de 2006 con el reporte presentado en los últimos meses de 2008.

¡El organismo electoral concedió 30 meses a los partidos y candidatos para que rindieran informes, hicieran aclaraciones, presentaran más documentos y facturas y la posibilidad de repetir todo este procedimiento varias veces! No es otra cosa que un proceso de fiscalización a modo. Las evidencias que se han ido acumulando en el ejercicio del sistema de partidos en Jalisco en los últimos doce años confirman que han existido dobles contabilidades, aportaciones privadas superiores a las permitidas por la ley, dinero ilegal, cifras negras en lo que respecta al financiamiento de campañas y que la mayoría de candidatos rebasa el tope de campaña que le impone la ley. Nada de eso fue tomado en cuenta por el instituto electoral dando carta blanca para la impunidad en materia de uso del dinero por partidos y candidatos.

 

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