La gran estafa

Foto: Abraham Pérez, Público
Foto: Abraham Pérez, Público

Rubén Martín / Público, 3 marzo 2009

 

 

 

El martes la Comisión de Hacienda del Congreso del estado aprobó un dictamen que, probablemente, sea uno de los que más implicaciones tengan para el bolsillo de los contribuyentes. La mayoría panista aprobó un proyecto mediante el cual se prevé la construcción de las siguientes tres fases del Macrobús, mediante el esquema de financiamiento previsto en la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios (PPS).

 

De acuerdo con la propuesta del gobernador Emilio González Márquez, la infraestructura para las tres nuevas rutas, sin contar las unidades de transporte, tendría un costo de 7,384 millones de pesos (mdp). De esos fondos, 32.76 por ciento saldría de recursos federales lo cual representaría 2,419 mdp y los 4,964 mdp restantes se financiarían a través de los llamados PPS (Público, 25 marzo 2009). El gobierno del estado pagará una especie de renta por los próximos 16 años que al final costará a los contribuyentes 10,682 millones de pesos.

 

Con las tres nuevas rutas se construirían 65 kilómetros y lo primero que llama la atención es el contraste entre el costo de la primera línea y lo que costarán las nuevas. La primera fase de este transporte sobre la Calzada Independencia tiene una extensión de 16 kilómetros y costó mil mdp, es decir, 62.5 mdp por kilómetro.

 

Las nuevas rutas con la inversión pública (a través del Fondo Nacional de Infraestructura) y la inversión privada de los PPS, incrementará sustancialmente el costo por kilómetro construido. De 62.5 mdp pasará a 201.5 mdp por kilómetro. Prácticamente tres tantos más.

 

Estas cifras revelan que algo no anda bien en la prisa que tienen los diputados y el Ejecutivo panista por aprobar este proyecto.

 

La primera pregunta es por qué en lugar de construir las siguientes rutas tal como se hizo con la primera fase, se opta por el esquema de concesionar a la iniciativa privada una obra de esta magnitud. La respuesta que dan las autoridades es que el gobierno del estado no tiene recursos fiscales para hacer las tres siguientes rutas.

 

Otra vez saltan dudas y preguntas. ¿Por qué dicen que no hay recursos fiscales ordinarios cuando el año pasado el gobierno de Emilio González tuvo 9,321 mdp adicionales a los que presupuestó originalmente?

 

Las autoridades responden que hay otros compromisos y que por tanto es indispensable la inversión privada, vía los PPS. Agregan, además, que los recursos federales a través del Fonadin solamente llegarán si el gobierno local construye la infraestructura mencionada vía los PPS.

 

Finalmente el argumento del gobierno es que la construcción a cargo de una corporación privada (que podría ser extranjera) no se traduce en más deuda, puesto que el pago anual que se hará (cercano a los 600 mdp) es una obligación contractual equivalente a una renta, pero no deuda.

 

Me parece que la precisión del lenguaje económico y tecnocrático llega a empañar el sentido común. Deuda o renta, es dinero adicional que pagaremos los contribuyentes y que no tenemos por qué pagar.

 

El dogma ideológico se sustenta en el credo neoliberal de que todo lo que haga la iniciativa privada será mejor que haga el sector público. Detrás de este dogma está el hecho de que el gobierno estatal ha contratado los servicios de asesoría de la empresa Protego, del ex secretario de Hacienda salinista, Pedro Aspe.

 

El actual gobierno se empeña en que alguien haga dos grandes negocios con el Macrobús. Por un lado el negocio de construir y gestionar la infraestructura y por otro lado el negocio de gestionar propiamente el servicio de transporte público. Jamás se ha explicado suficientemente por qué se otorgó ese monopolio de mercado a un grupo de particulares en lugar de constituir una empresa pública que lo gestionara y que si obtenía ganancias, las reinvirtiera en el sistema público.

 

Es una cuestión de simple aritmética. Si entra el interés privado en este importante servicio público, lo hace para obtener un lucro y un beneficio, lucro que terminaremos pagando los contribuyentes. Hay versiones de que hay políticos panistas involucrados en este negocio. Por eso y porque con el esquema que nos proponen la ampliación del Macrobús nos costará más a los contribuyentes, me parece que aquí hay una estafa, una gran estafa.

 

 

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