El poder de Diego Fernández de Cevallos

La cada vez más debilitada administración de Felipe Calderón cede posiciones al poderoso Diego Fernández de Cevallos, quien ya colocó a viejos subordinados suyos en Gobernación y en la Procuraduría General de la República. Por si ello no bastara, ahora pretende apoderarse de posiciones en la Suprema Corte de Justicia y en el IFAI, reforzado por su evidente alianza con Carlos Salinas de Gortari…

Foto: El Universal
Foto: El Universal

Jenaro Villamil / Proceso, 4 octubre 2009

 

 

De la mano de la paulatina rehabilitación pública de su “amigo” el expresidente Carlos Salinas de Gortari y con una serie de litigios y asesorías multimillonarias que encabezan sus despachos jurídicos, la influencia de Diego Fernández de Cevallos en el gobierno de Felipe Calderón se acrecienta, al grado de convertirse en el “gran elector” en los recientes nombramientos en la Procuraduría General de la República (PGR), y los que deberá ratificar el Senado en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Consejo de la Judicatura.

Así, los principales aliados y socios de Fernández de Cevallos vuelven a tener el control de áreas clave del gobierno.

Primero fue Fernando Gómez Mont, socio y amigo de Fernández de Cevallos, designado por Calderón el 8 de noviembre de 2008 como secretario de Gobernación tras la muerte de Juan Camilo Mouriño.

Ahora es el nuevo procurador general de la República, el abogado chihuahuense Arturo Chávez Chávez, quien fue asesor y secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado cuando Fernández de Cevallos fue presidente de la Cámara alta y coordinó la bancada del PAN (2000-2001). Además, fue delegado de la PGR en Chihuahua bajo las órdenes de Antonio Lozano Gracia (1994-1996). El 29 de junio de 2007, Chávez Chávez se incorporó al bufete jurídico de sus exjefes para litigar contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una indemnización de mil 500 millones de pesos a favor de un grupo de ejidatarios del puerto de Altamira, Tamaulipas.

Desde una serie de despachos en los que han participado Gómez Mont, Lozano Gracia, Fauzi Handam, Hiram Escudero y el propio Fernández de Cevallos, el Jefe Diego se ha vinculado a casos tan polémicos como la defensa de Rogelio Montemayor, implicado en el Pemexgate; los exbanqueros Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau, así como empresarios acusados de millonarios fraudes, como Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino; Gerardo de Prevoisin, y Juan Diego Gutiérrez Cortina, entre muchos otros.

Su red de intereses se ha expandido a raíz de que el despacho Fernández de Cevallos y Alba, S.C., se dedica al litigio civil, mercantil y penal, así como a los casos corporativos, inmobiliarios, migratorios y hasta “servicios de traducción”.

Recientemente, Fernández de Cevallos se pronunció contra el paquete fiscal de la Secretaría de Hacienda y gracias a su cabildeo logró que se disminuyera de 10% a 5% el IEPS para las empresas embotelladoras de Coca-Cola. Su despacho ha trabajado para embotelladores de Querétaro, su entidad adoptiva.

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