Chalacatepec, o el capitalismo folclórico

Rubén Martín / Público, 4 febrero 2010

El martes 26 de enero se anunció en Casa Jalisco un proyecto de coinversión entre el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y la empresa Rasaland (RLD), que consiste en la inversión de 183 millones de dólares (mdd) para erigir un desarrollo turístico en una playa privilegiada de la Costalegre.

Del total del fideicomiso inicial para la construcción del complejo turístico en Chalacatepec, 89 mdd (48.5 por ciento) corresponden de fondos de pensiones de trabajadores del estado y 94 mdd fueron aportados por RLD.

El gobernador no dudó de calificar de histórica la inversión y el proyecto.

El presidente de Rasaland, Allen Sanguines Krauze, dijo: “Esta importante inversión de RLD y del Instituto de Pensiones se suma a la estrategia gubernamental de reactivación económica de la costa jalisciense”, comentó. En ese evento no se escuchó la voz de los ejidatarios, pescadores, y ganaderos que de inmediato se verán afectados por este proyecto turístico y a quienes se promete las mieles del progreso y el desarrollo. ¿Será así?

Chalacatepec es una hermosa playa de más de ocho kilómetros que el Ejido José María Morelos (del municipio de Tomatlán) reclama como propia. Los ejidatarios tienen posesión de esas tierras desde 1960. Ahora se verán obligados a desprenderse de 1,200 hectáreas para un negocio que no será de ellos y que está en manos de una empresa especializada en comprar tierras de alto valor a bajo precio.

El día de la presentación del proyecto, se informó que se pagaron 157 mdd por la compra de las tierras, pero esa montaña de dinero no ha llegado a los ejidatarios. Los ejidatarios dicen que apenas han recibido unos diez mdd.

Antes de que se levanten los hoteles, los restaurantes y los campos de golf previstos, alguien está haciendo un extraordinario negocio con la mera intermediación (o especulación) de la tierra.

La empresa inversora, RLD, no ha explicado bien en dónde están esos 147 mdd, y alega en cambio que compró esas privilegiadas playas a pequeños propietarios y no al ejido José María Morelos.

A juzgar por su propia información, RLD parece una empresa que goza de contactos privilegiados a todos los niveles de gobierno, que se dedica a rastrear o cabildear proyectos de inversión pública, comprar las tierras a bajo precio y, una vez en su poder, ofrecerlas como garantías para conseguir altas inyecciones de capital.

Lo explican mejor en Internet: “La ventaja distintiva de RLD es su capacitado equipo de gestión, formado principalmente por mexicanos que se han especializado en el análisis de inversión, desarrollo, regularización y venta de tierra en la República Mexicana”.

Al parecer alguien les avisó o se enteraron desde, al menos dos o tres años atrás, que el gobierno del estado haría ahí una cuantiosa inversión pública: el nuevo aeropuerto de Costalegre, la ampliación de la carretera 200 entre Puerto Vallarta y El Tuito, y la construcción del segundo túnel del libramiento de Puerto Vallarta. Son inversiones que aumentan la plusvalía de las tierras.

¿Qué les quedará a los dueños originarios de todo esto? Para empezar un cambio inminente en su forma de vida. Para el gobierno y los empresarios, esto es justamente el progreso y el desarrollo.

Un directivo de Rasaland resume muy bien esta curiosa idea del papel que se les asigna a los ejidatarios y pescadores en esta noción de progreso capitalista: “A los ejidatarios los tuvimos qué ‘trabajar’ por dos años […] Ahora tendrán trabajo y un futuro asegurado. El dinero que se les pagó por sus hectáreas les servirá para emprender nuevos negocios que vistan y doten del folclor necesario los alrededores de este paraíso” (Ricardo Santacruz, Mural, 8 noviembre 2009).

Más claro ni el agua de Chalacatepec. Un desarrollo y un progreso capitalista que consiste en que los dueños originarios desalojen sus tierras (por las buenas o por las malas), se resignen a que otros inviertan y hagan el negocio y que en el futuro se conformen con los empleos que se generarán de la construcción y los servicios turísticos; y además pongan el toque folclórico. En pocas palabras, pasar de dueños de las tierras y playas a albañiles, jardineros, meseros y camareros de los turistas de altos ingresos que disfrutarán en un futuro esas playas.

La reacción de los ejidatarios parece indicar que no están conformes que desde los escritorios oficiales y desde las oficinas de los inversionistas se les diseñe el futuro de su vida. Quieren decidir sobre ella, y tienen derecho.

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