País pirata

Foto: Público, Rodolfo Madrigal Castro

Rubén Martín / Público, 29 abril 2010

Junto con la “guerra contra la delincuencia organizada” hay otros dos objetivos estratégicos de la actual clase gobernante: 1) la criminalización de la protesta social y la persecución a activistas y personas comunes y sencillas que se resisten a medidas absurdas de la autoridad o de las empresas, y 2) la persecución de la informalidad y de la presunta piratería.

De la “guerra en contra del narcotráfico” y la delincuencia organizada, ya se ha escrito demasiado, y lo que parece cada vez más evidente es que es una pelea y absurda y perdida de antemano por el Estado.

El tema de la criminalización y represión a activistas y personas comunes que resisten, es decir a personas simples que no se dejan abusar de la autoridad o de un patrón o de un cacique está adquiriendo tintes alarmantes. Y ocurre tanto en contra de las comunidades zapatistas como en contra de ejidatarios de Chamela, ocurre en contra de defensores de derechos humanos de Chiapas, como contra indígenas de Manantlán que defienden sus tierras de las empresas mineras extranjeras. Es preciso abundar sobre este asunto en otra entrega.

Me detendré en la otra estrategia cada vez más intensa y férrea del Estado y sus fuerzas públicas en contra de la mal llamada informalidad y especialmente en contra de quienes se acusa de vender mercancía pirata.

Un buen ejemplo son los cuatro operativos llevados a cabo en Guadalajara en menos de una semana en la que se decomisaron más de 200 toneladas de mercadería en dulcerías, mercado de San Juan de Dios, tianguis de Mezquitán y el barrio del Santuario.

La reacción casi inmediata ante estos operativos es de aplausos porque, según la ideología liberal (económica y política), las personas que se dedican a vender dichas mercancías lo hacen de manera ilegal y por supuesto en este país, como sabemos, nadie puede actuar al margen de la ley. Excepto los que hacen la ley y los que la compran, es decir, las clases gobernantes.

El tamaño, intensidad y consistencia de dichos operativos en contra de la piratería hace parecer que las personas que se dedican a la venta de estos productos en la informalidad, que no en la ilegalidad, son uno de los principales enemigos del Estado y del desarrollo económico del país.

Y el argumento central para enfrentar con toda al fuerza pública a estos comerciantes “criminales” que venden mercancías baratas a la gente es que evaden la ley.

Como siempre en el discurso liberal, es un argumento injusto e hipócrita. Si realmente quisieran imponer el peso de la ley, ¿por qué no empiezan por presidentes de la república que se roban las elecciones, por senadores vinculados al narcotráfico o que tienen conflicto de intereses al trabajar también para grandes corporativos privados, por qué no siguen con diputados que han recibido dinero de narcotraficantes o de constructores para financiar sus campañas?

Quieren combatir la ilegalidad, ¿Por qué no se usa el mismo número de soldados, AFI’s, de PGR y policías locales para detener a políticos que han sido descubiertos en sus pillerías como el dirigente del partido verde? ¿Por qué se no se diseña un operativo para detener a decenas de gobernadores que entran siendo de la clase media y terminan con una fortuna que envidiaría una generación de empresarios? ¿Por qué no hay operativos en contra de las corruptelas de miles de alcaldes, regidores y diputados locales?

Claro que el operativo para detener a inspectores, policías, jueces, magistrados, directores de obras y de compras corruptos requeriría a miles de elementos de la fuerza pública, de otro modo no se darían abasto.

Ahora, si lo que se quiere es que nadie deje de pagar los impuestos que le corresponden, como hacen los comerciantes piratas, ¿por qué permitieron que en la venta de Bancomer y Banamex dejaran de ingresar más de 25 mil millones de impuestos? ¿Por qué no persiguen a las grandes empresas que adeudan al fisco más de 600 mil millones de pesos?

Hablando de piratería, pirata son las instituciones públicas que tenemos (presidencia, gubernaturas, congresos, judicaturas, alcaldías) que dicen servir al pueblo y se convierten en barcos de corsarios al abordaje de los recursos públicos.

Piratas son los sueldos que la mayoría de los empresarios pagan, y piratas las leyes laborales que permiten que ahora la mayoría de los trabajadores no tenga prestaciones sociales.

En fin, tenemos un país pirata y las clases gobernantes se llenan la boca para acusar y perseguir a personas que se dedican a ganarse la vida en circuitos de informalidad.

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