Congreso: Maquinaria de corrupción

LIX Legislatura del Congreso de Jalisco. Foto: Arturo Campos Cedillo, La Jornada Jalisco

Rubén Martín /  El Respetable, 21 diciembre 2010

El seguimiento del comportamiento de la clase política jalisciense (y nacional) exige dos esfuerzos adicionales a los usados comúnmente: 1) mantener la capacidad de asombro; 2) aguantar las arcadas para no vomitar.

Cuando uno piensa que lo ha visto todo, los políticos profesionales nos sorprenden con nuevas maniobras, tácticas, mentiras y recursos extremadamente ingeniosos para robar dinero del pueblo.

No está de más recordar que cada peso que usan los poderes públicos, es decir, el gobernador, los diputados, los magistrados y jueces, alcaldes, rectores, y otros servidores públicos provienen del bolsillo de los contribuyentes, provienen de la población que vende su fuerza de trabajo para subsistir.

Proviene del obrero que se chinga ocho horas intensas en la fábrica, del maestro que da clases, de los empleados en las tiendas departamentales, de los electricistas, de los tianguistas que acuden al mercado San Felipe a comprar mercancía y pagan IVA, de los profesionistas independientes que reportan sus ingresos, de los trabajadores asalariados que somos clientes cautivos del fisco.

Cada peso que gasta el gobernador en Casa Jalisco (alimentos, mantenimiento, vehículos, guaruras, etcétera), cada centavo que ingresa a la cuenta de los diputados, cada peso que paga los altos salarios de los magistrados, cada salario de alcaldes y altos funcionaros universitarios proviene del esfuerzo de la clase trabajadora. Al final los impuestos que las empresas enteran a Hacienda surgen del trabajo de los asalariados.

Por eso encabrona el robo abierto y descarado que hacen los diputados. Lo han hecho todos, pero ahora sabemos más en detalle del robo constante y sistemático que llevaron a cabo los legisladores de la LVIII Legislatura que ejercieron su cargo de febrero de 2007 a enero de 2010.

El marco general es este: 40 diputados del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Panal ejercieron en esos años algo así como 2,200 millones de pesos. Digo algo así porque saber la cantidad exacta es imposible hasta ahora (seguramente en algún momento lo conoceremos). La página de transparencia del Congreso oculta las cifras, la página de transparencia del Ejecutivo ofrece solamente la cifra del presupuesto aprobado inicialmente por los propios diputados, sin embargo el presupuesto ejercido al final del año era notoriamente superior al inicial.

El rastreo de datos de varias fuentes nos indica que los diputados de la anterior legislatura ejercieron más o menos 553 millones de pesos (mdp) en 2007, 819 mdp en 2008 y 846 mdp en 2009. Más de 2,200 mdp en tres años para 40 legisladores.

No sabemos con exactitud cuánto de ese dinero era para fracciones parlamentarias, pero conservadoramente podemos estimar que fueron 400 millones de pesos, es decir, casi dos de cada diez pesos.

A eso se suman cantidades adicionales como una cuenta abierta en el banco IXE (sucursal Andares) en diciembre de 2009 por 30 mdp, más las empresas fantasmas, más los cheques que salieron a nombre de amigos-familiares-compadres de los diputados, más las basificaciones a los amigos y personas del grupo político del diputado, más los cheques que no debieron cobrar legisladores que ya habían dejado el Congreso.

En resumen, no es exagerado suponer que una cuarta parte de los 2,200 millones de pesos que pagamos los contribuyentes para gasto del Congreso local de pasada legislatura se repartió impunemente entre las fracciones parlamentarias, empresas afines y sus amigos.

Eso sin contar los altos sueldos, las prebendas, los jugosos aguinaldos, la servidumbre, el gasto ocioso, las camionetas, los celulares y otras lindezas que pagamos a los diptados.

¿De qué hablamos entonces?

Hablamos de una maquinaria, de un mecanismo finamente estructurado mediante el cual un puñado de políticos profesionales concibe, decide y maquina repartir cientos de millones de pesos de los contribuyentes para su beneficio.

Hablamos de que en apenas tres años 40 legisladores y sus amigos maquinaron para repartirse casi una cuarta parte de los 2,200 millones de pesos que los contribuyentes pagamos para el mantenimiento del Congreso del Estado.

El resultado es que en apenas tres años varios legisladores vieron multiplicado su patrimonio por varios tantos.

Al empezar 2007 algunos legisladores probablemente tuvieran uno o dos millones de pesos de patrimonio; al salir varios de ellos tenían cinco veces más. Apuesto que entre ellos están los ex coordinadores parlamentarios del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Al igual que muchos legisladores del Panal, PRI, PRD y PAN.

Si no es así, seguramente no tendrán inconveniente en mostrar sus declaraciones patrimoniales para callarme la boca.

Seguramente también, hubo algunos pocos legisladores de la anterior legislatura que no participaron de este robo en despoblado; hubo algunos pocos decentes que seguramente se avergonzaron cuando sus compañeros les ofrecieron entrar al mecanismo fácil de reparto de dinero constante y sonante.

Ojalá tengan la decencia y la valentía de hablar y contar cómo operaba esta maquinaria corrupta. Sería de gran ayuda para terminar de desenmascarar a la clase política profesional que vive de robar a los contribuyentes.

Un último apunte. Esta diatriba contra los diputados parece que deja limpio a los otros poderes públicos. No es así. Esta enorme maquinaria de corrupción en la que se ha convertido el Congreso del Estado no podría operar sin la complicidad y colaboración de los otros poderes. El poder Judicial ofrece impunidad, mientras que el Poder Ejecutivo opera como el gran corruptor.

El enorme incremento de presupuesto el Congreso (es decir, de dinero que es posible robar) no sería posible sin la anuencia del gobernador en turno.

Francisco Ramírez Acuña primero y ahora Emilio González Márquez han propiciado esta situación de crecimiento geométrico del presupuesto del Congreso (el gasto legislativo apenas superaba los 100 millones de pesos en 2001), consecuentaron los caprichos de los diputados y aprovecharon la ambición de dinero de los legisladores a cambio de obtener su beneplácito para las iniciativas del Ejecutivo.

En resumen, el Congreso del Estado no ha sido la casa del pueblo, o el depositario de la soberanía popular que dice el hipócrita discurso liberal, sino una maquinaria de corrupción que ha permitido a unos 150 diputados, cientos de funcionarios y decenas de empresas coludidas con los legisladores, enriquecerse. A cambio de concederle al Ejecutivo en turno las layes e iniciativas que le convienen.

 

 

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