La fiscalización es pura ficción

Alonso Godoy. Foto: Marco A. Vargas-PúblicoRubén Martín / Público, 2 febrero 2011

Tal como se están definiendo las cosas, todo indica que la clase política que gobierna en Jalisco se va a autoproteger y por tanto no va a pasar nada con el caso de los pagos millonarios que se concedieron al auditor del estado Alonso Godoy Pelayo. A la clase política profesional le queda claro que el caso del auditor es apenas un hilo de la madeja completa que es el manejo irregular y abusivo del dinero público de parte de los diputados. Por eso lo protegen, para protegerse.

Los detalles ya se conocen: desde que llegó a su puesto como titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) en julio de 2004, Alonso Godoy ha cobrado poco más de 6.5 millones de pesos (mdp) en sueldos. Pero además hemos conocido que el titular de la ASEJ ha recibido poco más de once millones de pesos por diversos conceptos que le ha pagado el Poder Legislativo.

Cuando los diputados citaron a Godoy para que explicara dichos pagos salió con una leguleyada diciendo que había qué preguntarles a sus “patrones” de la anterior Legislatura. En lugar de aclarar y justificar los recursos adicionales e ilegítimos que ha recibido, Godoy se defendió como simple abogado y no como un servidor público de la responsabilidad que tiene.

Se defendió porque aunque los pagos que recibió presuntamente son legales, hay un consenso casi unánime en la opinión pública de que se trata de pagos inmorales e ilegítimos.

Es ilegítimo que el auditor recibiera de los líderes del Congreso del Estado cantidades millonarias, para “ocultar lo que sucedió con el reparto de dinero en el Congreso”, según expresó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Araceli Gómez Flores.

A su vez no hay explicación moral ni legítima al uso abusivo que los diputados han hecho de los recursos en el Congreso del Estado en los últimos años; es tal el descaro y el abuso que se añora cuando las leyes se dictaban en Palacio de Gobierno y los diputados eran meros levantadedos. Al menos ese Congreso era más barato.

¿De qué han servido 16 años de alternancia política y supuesta independencia de los poderes si el Congreso se ha convertido en una maquinaria de enriquecimiento para quienes pasan por ella y el Ejecutivo logra el control de los diputados gracias a que consecuenta los excesos de estos supuestos servidores públicos?

Además del abuso en la toma de dinero público para beneficios personales del auditor y de los ex legisladores, hay otro asunto de fondo que conviene plantear.

El cuestionamiento a la imparcialidad del actual auditor lo hace inviable para continuar en un puesto en el que se supone debe existir probidad plena y estatura moral para poder revisar y fiscalizar el dinero público que gastan los tres poderes públicos, órganos constitucionales, organismos descentralizados y gobiernos municipales.

¿Con qué cara Godoy sigue al frente de la ASEJ si él mismo es cuestionado en el manejo de los recursos públicos?

Vale la pena recordar cómo llegó al cargo actual para dimensionar bien este caso. En marzo de 2004 estalló un escándalo en la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH, ahora ASEJ) del Congreso del Estado debido a que la legislatura entrante se estaba disputando las plazas laborales. Luego se confirmó un rumor largamente conocido en la política de Jalisco: que los grupos parlamentarios, poderes públicos y dirigencias partidistas usaban la CMH como mera lavandería de cuentas públicas. Se descubrió que una cuenta pública municipal de un alcalde de un partido se podía cambiar por una o dos cuentas públicas con irregularidades de otro partido. Hubo testimonios de diputados y ex funcionarios que confirmaban que la rendición de cuentas era una ficción en Jalisco.

Debido a ese escándalo, la legislatura de ese entonces se dio golpes de pecho y ofreció una reforma a fondo en el sistema de fiscalización en Jalisco y de entonces se creó la ASEJ en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda. Y ahora volvemos a donde estábamos hace siete años.

¿De qué ha servido pagar cientos de millones de pesos en la anterior Contaduría Mayor de Hacienda y ahora en la ASEJ si al final los diputados, dirigentes partidarios o jefes de grupo político deciden qué se sanciona y qué no? Esto es lo que está en evidencia ahora, que no existe en Jalisco un sistema efectivo, confiable e incorruptible de rendición de cuentas.

 

 

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