El escandaloso costo de la “democracia” mexicana

Costo de las actividades electorales en México, 2000-2012:

2000                             9,368.1 millones de pesos

2001                             6,049.1 millones de pesos

2002                             6,635.3 millones de pesos

2003                           12,026.9 millones de pesos

2004                             6,469.2 millones de pesos

2005                             7,567.6 millones de pesos

2006                           12,994.5 millones de pesos

2007                             8,526.1 millones de pesos

2008                           10,457.9 millones de pesos

2009                           14,012.8 millones de pesos

2010                           10,694.7 millones de pesos

2011                           12,604.4 millones de pesos

2012                           17,452.3 millones de pesos

Total        134,858.8 millones de pesos

Fuente: Reyes Tépach M., “El financiamiento público federal para las actividades electorales de México analizado desde un enfoque orgánico, 2000-2012”, Cámara de Diputados, 2012

Dinero que han recibido los partidos políticos, 2000-2012:

PRI           11,632.3 millones de pesos

PAN          10,991.8 millones de pesos

PRD            6,268.1 millones de pesos

PVEM          3,555.5 millones de pesos

PT              2,891.9 millones de pesos

MC              2,507.2 millones de pesos

Panal          1,530.5 millones de pesos

Total                   39,377.2 millones de pesos

Fuente: Reyes Tépach M. “El financiamiento público federal a los partidos políticos en México: 2000-2012”, Cámara de Diputados, 2012

Por Rubén Martín / @rmartin1011 / El Respetable, mayo 2012

Se ha dicho, y con razón, que las elecciones en México son de las más caras en el mundo. Este año, la organización de los comicios y el costo de las campañas electorales nos costarán a los mexicanos 17,452 millones de pesos (mdp), la cifra más alta en la historia del país, a pesar de la reforma electoral que supuestamente redujo el financiamiento público a los partidos.

Las cifras históricas son de escándalo. Entre el año 2000 y 2012, los mexicanos hemos invertido en el sistema electoral ¡134,858 millones de pesos!, casi la mitad de lo que se ha gastado en ciencia y tecnología en el mismo periodo.

El sistema electoral mexicano se compone de los partidos y tres instituciones: el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).

Como parte de este sistema electoral, cuyo propósito central pretende legitimar a los gobiernos constituidos, se incluye el financiamiento a los partidos políticos que adquieren registro ante la autoridad electoral. En doce años, han existido 16 partidos con registro que nos han costado 41,244 mdp; de estos, siete mantienen registro oficial, y a ellos les hemos destinado 39,377 mdp.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha recibido 11,632 mdp en estos doce años, seguido de Acción Nacional (PAN) con 10,991 mdp, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha obtenido  6,268 mdp. Por su parte el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha recibido 3,555 mdp; 2,891 mdp el Partido del Trabajo (PT), 2,507 mdp el Movimiento Ciudadano (antes denominado Convergencia) y 1,530 mdp el Partido Nueva Alianza (Panal), el instrumento político al servicio de la maestra Elba Esther Gordillo.

Se trata de cantidades extraordinarias que, en mi opinión, no se justifican en ningún caso, menos en aparatos que funcionan como franquicias controladas por un grupo familiar y de amigos con el propósito de mantener privilegios desde el poder y amasar negocios desde el ámbito privado.

Pongamos por caso el PVEM a quienes los mexicanos le hemos destinado más de 3,500 millones de pesos en estos últimos doce años. 3,500 mdp a un partido controlado por un grupo encabezado por Jorge Emilio González, el famoso Niño Verde, acusado en 2004 de pedir dos millones de dólares para gestionar un permiso turístico en Cancún y a quien se protege con el manto de la impunidad gracias a sus alianzas con el partido o candidato que apunta a ganar las elecciones. 3,500 millones de pesos tirados a la basura en un partido basura que bien podrían usarse en combatir a fondo problemas graves de contaminación y despojo que padecen diversas zonas del país o del estado. Esos 3,500 mdp es probable que hubieran servido para mitigar la terrible y mortal contaminación que se padece en El Salto. Aunque los del PVEM y del Panal son casos más claros y aberrantes, el resultado del dinero público en todos los partidos es el mismo. Hay un uso perverso del financiamiento público a los partidos y al sistema electoral mexicano.

Las tres instituciones electorales han construido burocracias enormes y costosas; los sueldos de los consejeros del IFE son de los más altos del país, además de mantener una estructura administrativa ociosa la mayoría del tiempo que nos cuesta miles de millones de pesos al año a los contribuyentes.

En el caso de los partidos, el dinero público lo han utilizado para crear enormes y costosos aparatos burocráticos, altos sueldos y prestaciones a los dirigentes partidistas; excesos y lujos en las oficinas partidistas; gasto discrecional y sin transparencia; en fin, los más de 41,200 millones de pesos que hemos gastado en los partidos mexicanos en lo que va de este siglo, ha servido para constituir y fortalecer una casta de políticos profesionales que han aprendido a vivir del erario, que se han acostumbrado a tener sueldos altos y vivir a costilla de nuestro trabajo: su sueldo, sus comidas, sus celulares, sus viajes en el país y el extranjero, sus ropas, sus autos, sus oficinas, sus secretarias y ayudantes corren por cuenta nuestra.

Fue en 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, que el Estado mexicano apostó por priorizar el financiamiento público por sobre el privado. El argumento es que así se evitaría que los partidos y los candidatos recibieran dinero ilegal para su operación ordinaria y para sus campañas electorales. En la práctica esta premisa no ha funcionado.

A pesar de que hablamos de cantidades multimillonarias, de todos modos entra dinero ilegal en la política. Ya sea de empresarios que pagan campañas a cambio de obtener contratos y negocios o dinero del narco y delincuencia organizada que busca protección de sus territorios y que paga por un alcalde, por un jefe policiaco, por un comandante militar o de la policía federal. Y también por mandos más altos como un gobernador o miembro del gobierno federal. De modo que estamos en el peor de los mundos posibles. Los mexicanos pagamos uno de los sistemas político-electorales más caros del mundo y de todos modos la clase política se financia de manera ilegal.

Esta situación aberrante es un ejemplo más de por qué el sistema político liberal se encuentra en crisis: la clase política profesional hace justamente lo contrario de lo que quiere la sociedad. Hay una clara tensión y antagonismo que no puede ser eterno. De algún modo se tiene que manifestar, y la tensión creciente nos dice que algo se va a romper, y pronto.

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Un comentario en “El escandaloso costo de la “democracia” mexicana

  1. Dices en tu artículo que 134,858 millones de pesos equivale a la mitad de lo que se ha invertido en ciencia y tencología entre 2000 y 2012. Este dato es incorrecto. La realidad es aún más grave. La inversión en ciencia y tecnologia se denomina GERD (Gross Expenditure in Research and Development) y en México alcanzó tan solo el 0.4% del PIB en 2011 con aproximadamente 6,400 millones de pesos. Si lo multiplicamos por 12 años (suponiendo un gasto constante), serían 76,800 millones de pesos. En otras palabras, el gasto en ciencia y tecnología es menos de la mitad de lo que nos cuesta el sistema electoral. -En realidad es bastante menos ya que el promedio del GERD entre 2000 y 2012 es inferior a 0.4% del PIB-.
    Tomando en cuenta los modélos económicos de crecimiento endógeno, que sugieren que el crecimiento de una economía es proporcional a su inversión en conocimiento y tecnología, solo se puede esperar una pérdida constante de competitivadad ante países como Brasil (GERD=0.9%del PIB) o Corea del Sur (GERD=3% del PIB) con una correspondiente caída en la calidad de vida de los mexicanos.

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