Congreso: de levantadedos al enriquecimiento inexplicable

Rubén Martín / El Informador, 20 octubre 2012

La LIX Legislatura del Congreso de Jalisco está terminando en el peor de los descréditos. Desde hace cinco periodos nos hemos venido acostumbrando a que el cierre de las legislaturas sean catastróficos, pero los actuales diputados superaron el estándar de malas prácticas en el manejo de recursos públicos, contratación de personal y en el manejo de asuntos legislativos. Y vaya que superar el estándar de malas prácticas en el Poder Legislativo no es algo fácil.

Conviene recordar brevemente la historia reciente del Congreso jalisciense.

En los años dorados del autoritarismo priista, el Congreso no era un protagonista destacado en la arena pública. El sistema político de matriz priista asignó al Poder Legislativo un papel de subordinación al Poder Ejecutivo.

Era el gobernador en turno el jefe verdadero del Congreso, el verdadero legislador. De hecho la mayoría de las leyes salían de un área especializada de la Secretaría de Gobierno, se pasaban al Congreso y la mayoría priista las aprobaba sin más. El coordinador de la mayoría priista, más conocido como pastor del rebaño, era más bien un funcionario al servicio del gobernador. En este esquema el Congreso era pequeño y se gastaba poco puesto que los diputados aspiraban a cumplir bien su papel de levantadedos para luego ser recompensados con otro cargo público.

Todo cambió con la alternancia de partido en el gobierno que según los políticos y comentaristas liberales era sinónimo de transición a la democracia. En 1995 el PAN ganó la gubernatura y la mayoría en la LIV Legislatura (1995-1998). El panista Tarcisio Rodríguez Martínez, como coordinador de la mayoría panista, manejó la Legislatura con discreción y honestidad. Los excesos comenzaron en la siguiente Legislatura de mayoría priista, la LV de 1998 al 2001. Al final de la Legislatura se confirmó que cada diputado pidió 250 mil pesos como bono de marcha; al mismo tiempo comenzó la práctica de repartirse dinero como apoyo a fracciones parlamentarias. A partir de la LV y en las subsiguientes legislaturas se fue conformando un sistema de reparto de recursos, plazas de trabajo, pago por aprobación de leyes y prebendas adicionales como la asignación de recursos para hacer obras con constructoras amigas de algunos diputados.

El Congreso pasó de ser sede de diputados levantadedos al servicio del gobernador en turno a un poder público visto por los políticos como vía rápida para el enriquecimiento inexplicable y engordamiento del grupo político.

Dieciocho años después de la fallida transición a la democracia, el Congreso del Estado es un poder público degradado y envilecido; y los diputados tienen la peor estima de entre toda la clase política. Todos los partidos son responsables de esta situación, nadie se salva. La próxima semana llegan los nuevos legisladores con ánimo justiciero y ganas de cambiar las cosas. Lo mismo que han dicho los diputados entrantes desde hace 15 años. Es difícil que el cambio venga de la misma clase política. El remedio lo tiene que poner la sociedad. Las instituciones públicas y la clase política están en el mismo fango de degradación y pudrición.

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