Candidaturas independientes y reforma política

Imagen: Raquel Marín, El País
Imagen: Raquel Marín, El País

Rubén   Martín / El Respetable, 20 noviembre 2012

Ya en el tramo final de su mandato, el gobernador Emilio González Márquez presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa para dar paso a las candidaturas independientes en Jalisco.Se trata de una reforma a la Constitución política del estado que deriva, a su vez, de la reforma a la Constitución política del país aprobada en el Congreso de la Unión el pasado mes de agosto. Dichos cambios constitucionales están enmarcados en una reforma política más que la clase gobernante lleva a cabo para tratar de bajar la presión de la sociedad, presión que deriva de la insatisfacción que se tiene de la supuesta democracia mexicana.

¿Qué propone Emilio González en esta iniciativa? Da paso a una vieja demanda de algunos sectores de la sociedad civil: quitar el monopolio de la representación política a los partidos. Hasta ahora, si alguien quiere acceder a un puesto de representación popular debe hacerlo a través de un partido político. La reforma constitucional federal y la reforma local que plantea Emilio González rompen con ese monopolio partidista para la presentación de candidaturas.

En la exposición de motivos enviada por el gobernador se dice que “al ser Jalisco un estado promotor e impulsor de la democracia, es necesario incluir en la Constitución Política de nuestra entidad federativa, la posibilidad de la postulación de candidaturas independientes a cargo de elección popular permitiendo con ello una mayor representación de la ciudadanía, al tiempo que se amplía el espectro de los derechos político-electorales del ciudadano, cristalizando con ello, el verdadero espíritu de la democracia representativa y participativa incluyente”.

El requisito principal para acceder a una candidatura independiente será el de recabar las firmas del 1 por ciento del padrón de la elección por la que se quiera competir. Por ejemplo, si alguien quiere competir por la gubernatura del estado tendría  que conseguir unas 53 mil firmas que son el 1 por ciento de un padrón de 5.3 millones de ciudadanos.

Parece un requisito aparentemente fácil de cumplir por organizaciones civiles o ciudadanas interesadas en contender por candidaturas. Pero ya se sabe que la política profesional no es el ámbito puro de la contienda de ideas y proyectos de gobierno, sino la arena de competencia entre intereses políticos y económicos de grupos de poder de la sociedad. De tal suerte que las candidaturas ciudadanas bien podrían ser el canal de participación que use un grupo político, un cacique, una organización del crimen organizado, etcétera.

Pero tratando de verla desde las intenciones expresadas en la exposición de motivos enviadas por Emilio González, cabe preguntarse si realmente esta propuesta de las candidaturas ciudadanas ampliará y fortalecerá la democracia como se dice en el documento.

Para empezar hay que decir que la propuesta de las candidaturas ciudadanas, junto con la reelección de diputados y presidentes municipales se ha convertido en el objetivo central de grupos y colectivos que han pugnado por otra reforma política más en el país.

Estas demandas fueron propuestas centrales de la reforma política que plantearon agrupaciones como Alianza Nacional Ciudadana, organismo que surgió del movimiento por el voto nulo en las elecciones de 2009.

Y detrás de movimientos como voto nulo y exigencia de otra reforma política más  en el país (desde 1976 se han realizado al menos una docena de reformas) se encuentra una tendencia general de descrédito hacia las instituciones políticas y la cada vez más evidente crisis del sistema político liberal que tenemos en el país.

No es una crisis mexicana, hay que decirlo, pues incluso naciones “desarrolladas” y que los liberales proponen como meta a alcanzar, hay crisis de las instituciones. En una encuesta reciente de Eurobarómetro resultó que apenas 34 por ciento de la población confía en la Unión Europea, 27 por ciento en el Congreso y 24 por ciento en el gobierno de su país.

En América Latina y México las cifras revelan una erosión aún mayor del sistema político: únicamente 26 por ciento de los latinoamericanos y apenas 17 por ciento de los mexicanos creen que se gobierna para el bien de todo el pueblo; o visto desde el otro lado: 83 por ciento de los mexicanos creen que no se gobierna bien para todo el pueblo. Es un dato muy fuerte. Los datos en Jalisco son semejantes: 87 por ciento de los jaliscienses respondieron que les interesa poco o nada la política, en una encuesta de cultura política levantada por la Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco en 2004.

En resumen: las encuestas sobre cultura política confirman una erosión de las instituciones y una crisis del sistema político liberal. Las personas ya  no se sienten representadas ni apoyadas por la clase política,  por lo que de modos diversos las sociedades están reclamando un cambio de fondo en el sistema político liberal que tenemos como paradigma de organización política desde hace 200 años.

Las candidaturas ciudadanas y la reelección de alcaldes y diputados no resuelven el reclamo del cambio de sistema político, por el contrario, lo refuerzan. De modo que no servirán para nada.

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Un comentario en “Candidaturas independientes y reforma política

  1. Me parece muy interesante que hayas escogido este tema para el blog, ya que se ha despertado a nivel nacional una tremenda cantidad de comentarios a favor y en contra de esta propuesta, para lo cual yo haría unas precisiones:

    El tema toma relevancia a raíz de las elecciones de 2006 donde Jorge Castañeda pretendió ser candidato Presidencial, caso que se fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual señaló en el punto número “…204. Finalmente, la Corte considera que ambos sistemas, uno construido sobre la base exclusivamente de partidos políticos, y otro que admite también candidaturas independientes, pueden ser compatibles con la Convención y, por lo tanto, la decisión de cuál sistema escoger está en las manos de la definición política que haga el Estado, de acuerdo con sus normas constitucionales…”.

    En dicha resolución no se le otorgó la candidatura, sin embargo, fue un logro para avanzar y perfeccionar la democracia del país, ya que en 2012, muchos ciudadanos pretendieron registrarse como candidatos independientes a diversos cargos de elección popular.

    En contrasentido, el órgano administrativo (IFE) les negó el registro, por lo que muchos de esos ciudadanos presentaron su juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano en contra de dicha negativa de registro.

    Es interesante lo que resolvió la Sala Superior del TRIFE, ya que por mayoría de votos (4-3) establecieron que el órgano administrativo estaba en lo correcto, ya que si bien la Constitución Federal no establecía la negativa para poder inscribirse, tampoco otorgaba ese derecho.
    Por lo anterior, efectivamente el 9 de agosto de 2012 se realizó la declaratoria de reforma a los artículo 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo como derecho el “…solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”, que para efectos de las elecciones federales ya esta abierta la puerta, la cual se reglamentará a través del COFIPE y la Ley General de Medios de Impugnación, ya que se tendrán que tomar en consideración, los accesos a radio y televisión, fiscalización, representación ante las autoridades, presupuesto para ampaña y otras cosas, no menos importante.

    Finalmente, en relación al tema particular, consideró que no se puede realizar esta apertura a los Estados, es decir no se puede realizar ningún tipo de reforma en cuestión de candidaturas ciudadanas, ya que se bien es cierto que a nivel constitucional ya se estableció como derecho, también cierto es que el artículo 116 de la propia Constitución Federal señala que las Constituciones de los Estados garantizarán, entre otras cosas, que los partidos políticos tengan el derecho exclusivo de registrar candidatos; por lo que nos encontramos frente a una controversia constitucional y existencia de antinomias.

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