Pacto de la Moncloa región 4

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Rubén Martín / El Informador, 8 diciembre 2012

Es más que significativo que el Pacto por México, signado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) con el gobierno de Enrique Peña Nieto se haya suscrito un día después de que fueran reprimidas manifestaciones de repudio a la toma de protesta del nuevo gobierno. Los dos sucesos son una estampa del estado social: acuerdos cupulares en el Castillo de Chapultepec, y rabia e indignación en las calles.

Aun y con su estilo farragoso, el Pacto por México merece leerse porque revela el pensamiento de la clase gobernante y hacia dónde creen que deben dirigir a la sociedad mexicana.

Por principio de cuentas hay una intención artificial de reproducir lo que fueron los Pactos de la Moncloa firmados en junio de 1977 en España por las principales fuerzas políticas y la clase empresarial. Se recuerda poco que antes que pactos políticos fueron medidas económicas para atajar una grave crisis económica que vivía España. Sólo así (en este afán de repetir los Pactos de la Moncloa) se pueden leer párrafos como el siguiente: “Nuestro largo proceso de transición democrática debe culminar. Las diferencias políticas y la legítima aspiración de acceder al ejercicio del poder mediante el voto, no deben impedir que las diversas fuerzas políticas logren acuerdos que coloquen los intereses de las personas por encima de cualquier interés partidario”.

El Pacto por México es como los Pactos de la Moncloa región 4.

Hay una idea de que el sistema político mexicano sigue en una etapa de “transición” que debe culminar con la consolidación de la democracia, y la solución que encontraron fue firmar un pacto cupular, sin consultar a la sociedad.

Más allá de la ambición de los promotores del pacto para pasar a la historia como una generación de políticos que logran acuerdos por el bien del país por encima de sus intereses partidistas, el Pacto por México debe leerse como el proyecto que la actual clase gobernante quiere imponer a la sociedad.

El PRD justificó su supeditación al proyecto de gobernabilidad de Peña Nieto gracias a la introducción de ciertos compromisos enmarcados en lo que llaman “ampliación de derechos sociales”, pero el asunto de fondo es que vuelven a ponerse sobre la mesa las llamadas reformas estructurales, que no son otra cosa que otra vuelta de tuerca en la reestructuración neoliberal que se ha venido aplicando en el país desde hace 30 años.

La mayoría de los 95 compromisos que contiene el pacto están supeditados a que se lleve a cabo una reforma hacendaria, reforma que cargará más el peso del sostenimiento del país sobre la clase trabajadora y los más pobres.

Los firmantes del pacto se llenan la boca de elogios propios por su disposición a dejar sus trincheras partidistas para llegar a un acuerdo en común. La pregunta es, ya que hablan de democracia, por qué no se sometió a consulta el mentado pacto y sus compromisos específicos. Probablemente se imaginaron que la población rechazaría un pacto cupular que únicamente se celebra en el castillo.

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