Abusos corporativos o una Profeco no hace verano

profeco-verificador-cuartoscuroRubén Martín ::: El Economista ::: 16 agosto 2013

La actuación de la nueva dirección de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, ha generado expectativas positivas sobre la actuación de esa dependencia, inexistente en la práctica durante más de una década.

Las labores de inspección, vigilancia y sanciones que ha llevado a cabo la Profeco generan la expectativa positiva de que los ciudadanos pueden reclamar sus derechos en cuanto consumidores, pero al mismo tiempo, se revela cómo el Estado mexicano renunció a sus facultades de regulación, supervisión y sanción en las últimas décadas. Uno de los dogmas neoliberales, puesto en duda suficientemente, es que el Estado debería renunciar a las distintas actividades económicas donde tuviera presencia para dejarlo en manos de la iniciativa privada, con el argumento de que los capitalistas harían mejor ese trabajo. A cambio, el Estado debería crear o mejorar sus tareas de regulación y vigilancia.

Pero el Estado mexicano renunció de facto a dichas regulaciones y ha dejado actuar de manera no vigilada, y muchas veces impune, a la empresaprivada que ha impuesto su ley a los consumidores. La máxima de dicha ley es que se permite a la empresa imponer servicios y cobros sin que el consumidor lo pida, cuando en un Estado de derecho, las empresas deberían preguntar primero si el consumidor necesita y acepta el servicio. Los ejemplos de estos abusos corporativos abundan, cada lector tendrá su propio caso.

Un ejemplo es Rescatel plus que Telcel “regala” durante tres meses al contratar un plan de telefonía celular. En mi caso me di cuenta de que estaba pagando ese servicio varios meses después de la contratación; al reclamar el cobro de un servicio que no pedí, me dijeron que durante la contratación el “ejecutivo de ventas” debió avisarme que al final de los meses gratuitos debería dar de baja el servicio. Pero el “ejecutivo de ventas” nunca mencionó que tenía ese servicio. El costo de Rescatel plus no es, en realidad, oneroso: 30 pesos mensuales, pero si se multiplica por todo el año y por los millones de usuarios abonados a Telcel nos daremos cuenta de la suma de millones de pesos que esta empresa se embolsa por un servicio que bien puede ser considerado como un engaño al consumidor.

Lo mismo ocurre con los seguros de vida que se cobran de manera obligatoria durante la contratación de tarjetas de débito. O los abusos con las compras a crédito: a una sobrina, Walmart terminó cobrándole más de seis mil pesos por un saldo de menos de diez pesos de un crédito que ella asumía como cancelado.

Un simple cuestionario que responda cada lector puede darnos idea de la extensión de estos abusos corporativos: ¿Alguna empresa le ha impuesto y cobrado un servicio o producto que no pidió? ¿lo han maltratado y pierde tiempo a la hora de intentar cancelar ese servicio? Si responde sí a una o a las dos preguntas, usted es parte de los mexicanos que padecemos abusos corporativos.

Se debe poner fin a este abuso de la empresa privada mexicana. El Estado no debería permitir la imposición y el cobro de un servicio si no hay consentimiento previo.

De modo que por más que siga encantando su actuación reciente, podemos decir que una Profeco no hace verano.

 

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