Pronunciamiento en solidaridad con Jade Ramírez

Exigimos respeto al periodismo crítico y comprometido en el estado.

Guadalajara, 4 de mayo 2015

¿Quién puede interesarse en la información que posee una reportera? ¿Para qué necesita esa información y por qué el acecho?

Es lo que nos preguntamos los abajo firmantes, frente a la nueva tanda de amenazas, hostigamientos y agresión de la que ha sido objeto Jade Ramírez Cuevas Villanueva, quien principalmente publica en los medios de la Universidad de Guadalajara y que, además de ejercer el periodismo, es una activa defensora de los derechos humanos en específico de la libertad de expresión a favor de otros colegas de Jalisco y del país, quienes han sido igualmente amenazados, agredidos, desaparecidos, torturados y asesinados, lamentablemente.

Pronunciamiento Jade.pdf

La cancelación de Cosa Pública

Cosa PúblicaPor Rubén Martín

Cosa Pública fue cancelada de manera tajante, abrupta e injusta el lunes 19 de agosto de 2013. El programa de análisis político de Radio Metrópoli salió al aire el 14 de febrero de 2005. En ocho años y medio que duró, estuve acompañado por mis amigos Rubén Alonso (febrero 2005-febrero 2007), Agustín del Castillo (marzo 2007-noviembre 2011) y Jesús Estrada.

La cancelación de Cosa Pública fue ordenada directamente por el dueño de la empresa, Alejandro Díaz Romo, según nos lo hizo saber el director de Radio Metrópoli, Roberto Ruvalcaba Barba, primero en conversación telefónica la mañana del mismo lunes 19 de agosto, y posteriormente en sus oficinas a las que fuimos citados Jesús Estrada y yo.

La empresa no ha explicado públicamente sus razones para cancelar el espacio. Simplemente lo sacó del aire y continuó con la programación anterior, faltando el respeto a los radioescuchas.

Esta es la justificación que se nos ofreció: 1) que la empresa no atraviesa una buena situación económica y, 2) que Radio Metrópoli necesita más espacios de información y menos de opinión.

Ambas razones me parecen injustificadas y así se lo hice saber al director. Si bien Radio Metrópoli se caracteriza por ser una de las empresas que mejor paga en la ciudad, la modesta nómina mensual que percibíamos no ponía en riesgo la economía de la empresa. El argumento de que se necesitaba más información y menos opinión, tampoco se sostiene: con frecuencia el programa generó notas informativas.

Ante la debilidad de estos argumentos, pregunté al director si había presión o petición de un gobierno o políticos para tomar dicha decisión. Respondió que no. Debo decir que durante ocho años y medio que duré en la estación me enteré de presiones que la empresa y el dueño resistieron. Por eso sorprende más la cancelación del programa. Ante la debilidad de los argumentos que ofrece la empresa, no me queda más que suponer que hay otras razones. Pero solo queda suponerlo.

Lamento que la cancelación abrupta de Cosa Pública dañe la reputación de Radio Metrópoli, porque conozco la honestidad y congruencia de reporteros, conductores, trabajadores y directivos de esa estación, y porque hasta antes de la cancelación del espacio radiofónico, siempre encontré respeto y libertad para elegir temas, invitados y expresar opiniones al aire.

La cancelación del programa, decidida por la empresa, ha sido percibida por los radioescuchas como una censura. Con la decisión arbitraria de la empresa no solo se afectan nuestros derechos laborales, sino un bien público como es el derecho a la información y la pluralidad de voces. Si Cosa Pública se veía como un espacio plural y crítico no se debía solo a las voces ante el micrófono, sino a las personas entrevistadas, a las historias contadas, a los movimientos sociales que encontraban un espacio para expresarse, y al auditorio que llamaba y escuchaba el programa sin cambiar de estación.

Las muestras de apoyo y solidaridad que se han manifestado por la cancelación de Cosa Pública confirman que no se trata de un asunto de dos periodistas, sino de un derecho colectivo y de la exigencia de una respuesta a una decisión empresarial. Es una defensa por el derecho a que se escuchen en los medios informativos del estado voces y posturas disonantes y críticas. Tanto en la radio como en los medios de la ciudad imperan los espacios que no cuestionan al poder y que no abren los micrófonos a los movimientos sociales.

La cancelación abrupta de Cosa Pública saca a relucir otro punto: las condiciones precarias y de inseguridad con que se ejerce el periodismo. Siempre estuvimos contratados por honorarios; nadie nos forzó a ello, pero tampoco debemos acostumbrarnos a ejercer esta profesión de modo tan precario. Es injusto levantarse un día con el compromiso de sacar al aire un programa y que ese mismo día se notifique que se cancela. Es una condición de precariedad laboral que no debería existir para los periodistas y tampoco en ningún otro oficio.

Cosa Pública nació de la amable invitación de Roberto Ruvalcaba a principios de 2005. La idea era que el programa dedicara a la información y análisis de la política local y nacional. Desde las charlas iniciales tanto Rubén Alonso como yo propusimos que el abordaje no se restringiera a la política profesional, es decir, las actividades de gobiernos, partidos y políticos de carrera, sino que se entendiera la política de un modo amplio. De ese modo en Cosa Pública (un nombre propuesto por nosotros) pasaron los protagonistas de la clase política, pero también los representantes de los movimientos sociales de los años recientes.

Todas estas voces encontraron oídos atentos y respetuosos del otro lado de los micrófonos. El auditorio de Radio Metrópoli siempre respondió con sus llamadas y comentarios. No hubo un solo día de Cosa Pública sin llamadas de los radioescuchas.

Gracias a todos ustedes. No decidimos salir de Radio Metrópoli, pero sí queremos seguir en el cuadrante. Hay propuestas para que Cosa Pública siga al aire. Ya avisaremos si se concretan. Muchas gracias a quienes se han solidarizado, a quienes han cuestionado una decisión empresarial, a quienes exigen un derecho.

Nos seguimos escuchando…

 

Comunicado de las familias de los desaparecidos en Lagos de Moreno

Misa por desaparecios en Lagos de Moreno. Foto: El Informador
Misa por desaparecios en Lagos de Moreno. Foto: El Informador

 Ramírez Cárdenas, Aguilar Martínez, Espinoza Aguayo y Espinoza Hernández.

 

–       Fiscalía del Estado de Jalisco viola la Ley General de Víctimas.

–       Exigimos trato digno y respeto a nuestros derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

 

El pasado jueves 15 de agosto, la fiscal de Derechos Humanos, la maestra Lizette Hernandez Navarro y demás personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se apersonó en el domicilio de los suscritos y sin ningún protocolo nos hizo entrega de lo que dijo ser restos de nuestros familiares desaparecidos.

 

A pesar de que la Fiscalía manifestó haber realizado pruebas de ADN a los restos que nos fueron entregados, en ningún momento hemos tenido a la vista, y mucho menos en nuestro poder, los documentos que nos den certeza sobre las circunstancias del hallazgo, las periciales realizadas ni los cotejos de ADN que determinen el parentesco de los suscritos con las personas cuyos restos nos fueron ilegalmente entregados.

 

La autoridad ha sido evidentemente omisa en el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley General de Víctimas, que entre otras cosas nos da derecho a: participar activamente en la búsqueda de la verdad, estar presentes en las exhumaciones, ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados y a designar peritos independientes.

 

Nos causa agravio la forma en que personal de la Fiscalía se ha conducido,  criminalizando a nuestros familiares, integrando la averiguación en una agencia especializada en robo de vehículos de carga pesada -cuando son personas las que se encuentran desaparecidas-, negándonos el acceso al expediente, entregándonos restos sin la documentación que acredite que pertenecen a nuestros seres queridos y obligándonos a firmar documentos en el escenario de vulnerabilidad en que nos colocaron. Lo anterior en flagrante violación a nuestros derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación consagrados en la Ley General de Víctimas.

 

Por lo anterior, exigimos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco lo siguiente:

 

  1. Pleno acceso al expediente en los términos en que fue solicitado mediante escrito presentado en fecha 09 de agosto de este año.
  2. Nos garantice el derecho a una opinión experta independiente para la determinación de los perfiles genéticos de los restos encontrados y su coincidencia con los de los suscritos.
  3. Diligencia en las investigaciones, el fortalecimiento de las declaraciones testimoniales y confesionales con otros medios de prueba que las validen.
  4. Garantizar nuestra seguridad e integridad física, así como la de nuestros defensores y acompañantes.
  5. Estricto apego a la Ley General de Víctimas y a los derechos humanos.

 

Lagos de Moreno, Jalisco a 16 de agosto de 2013.