Pronunciamiento en solidaridad con Jade Ramírez

Exigimos respeto al periodismo crítico y comprometido en el estado.

Guadalajara, 4 de mayo 2015

¿Quién puede interesarse en la información que posee una reportera? ¿Para qué necesita esa información y por qué el acecho?

Es lo que nos preguntamos los abajo firmantes, frente a la nueva tanda de amenazas, hostigamientos y agresión de la que ha sido objeto Jade Ramírez Cuevas Villanueva, quien principalmente publica en los medios de la Universidad de Guadalajara y que, además de ejercer el periodismo, es una activa defensora de los derechos humanos en específico de la libertad de expresión a favor de otros colegas de Jalisco y del país, quienes han sido igualmente amenazados, agredidos, desaparecidos, torturados y asesinados, lamentablemente.

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Coyuntura caliente

Soldados intentan desarmar a autodefensas de Guerrero, 27 agosto 2013. Foto: Javier Verdin, La Jornada.
Soldados intentan desarmar a autodefensas de Guerrero, 27 agosto 2013. Foto: Javier Verdin, La Jornada.

Rubén Martín ::: El Informador ::: 31 agosto 2013

Enrique Peña Nieto llegará a su primer informe de gobierno, en medio de un país convulso, con fuertes tensiones políticas y elevado antagonismo social.

Este escenario de crisis y conflictividad social se agrava por malos indicadores económicos, desencanto con el sistema electoral y de partidos y conflictos sociales profundos en ciertas regiones del país.

El antagonismo social es cada vez más claro, casi transparente. Por un lado, desde el gobierno se apuesta todo para sacar adelante las “reformas estructurales” reforzando un bloque con partidos del Pacto por México, televisoras, empresarios y organismos financieros internacionales.

Del otro lado, hay una constelación de fuerzas sociales que hacen política fuera de los marcos institucionales: el relanzamiento del EZLN  y del Congreso Nacional Indígena (CNI); las poderosas movilizaciones magisteriales en 20 estados del país contra la reforma educativa; la emergente movilización contra la reforma energética; la multiplicación de las autodefensas y policías comunitarios; las cientos de luchas socio-ambientales y múltiples resistencias contra el despojo.

Para estos grupos y sectores, en lugar de diálogo hay persecución y hasta represión. Así debe entenderse la postura del gobierno de Peña Nieto de continuar con la política de hostigamiento, programas sociales dirigidos a dividir a las comunidades y la represión directa en contra de las comunidades zapatistas de Chiapas.

En el caso de las policías comunitarias y grupos de autodefensa, en lugar de asumir que son la expresión de un poderoso y complejo problema social creado a partir de la ineficacia del propio Estado, el gobierno de Peña Nieto se ha dado a la tarea de perseguir, desarmar y detener a los integrantes de pueblos que se han organizado para autoprotegerse.

Con estos elementos se configura esta coyuntura caliente de elevado antagonismo social. La culpa de esta situación no es de los maestros o los grupos movilizados. La responsabilidad es del actual grupo gobernante.

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En defensa de los maestros

Marcha de maestros de la CNTE. Foto: El Economista
Marcha de maestros de la CNTE. Foto: El Economista

Rubén Martín ::: El Economista, 27 agosto 2013

Las manifestaciones que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han generado una gran polémica más por la forma como se manifiestan que por el fondo por el cual están luchando los maestros del Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz y otros estados.

Hay un tono en la polémica que merece reprobarse, puesto que es un llamado abierto para que el Estado mexicano use la represión en contra de los maestros, en lugar de resolver el conflicto magisterial mediante el diálogo y la negociación.

Se han escuchado voces y opiniones estridentes que lamentan que el Estado se haya rendido o claudicado ante la CNTE y que su protesta haya motivado a los diputados y senadores tuvieran a sesionar en recintos alternos a los oficiales.

Se habla y escribe sobre los maestros de una forma despectiva y hasta racista, se les estigmatiza y en algunos noticieros televisivos se alienta el rechazo insultante de los capitalinos a los maestros.

Escribo esto desde Guadalajara, y podrían decirme los capitalinos que no se de trastornos a la vialidad. Pero la capital de Jalisco sufre varios conflictos viales que obligan a los tapatíos a hacer largos recorridos para evitarlos, ya sea por el cierre de calles para ceremonias religiosas (como la llevada de la Virgen de Zapopan) o por eventos del gobierno local o cuando llega de gira el presidente del país y el Estado Mayor Presidencial provoca un conflicto vial que afecta a miles de habitantes.

Seguramente en el Distrito Federal ocurren inconvenientes semejantes provocados por eventos religiosos (el 12 de diciembre) de gobierno (tomas de protesta del titular del Ejecutivo, relevo de legisladores) o de recepciones a mandatarios extranjeros.

Contra lo que piensan muchos opinadores, especialmente del campo liberal, la mayoría de acciones públicas que emprenden organizaciones o movimientos sociales, no se deciden como primera opción. Se puede documentar que antes de salir a la calle, ese movimiento social pidió diálogo con la autoridad en turno. Salir a las calles se convierte en opción, una vez que fracasaron los caminos institucionales.

Eso es justamente lo que ha estado ocurriendo ahora en esta movilización magisterial.

Pero en lugar de propiciar un debate que de paso al entendimiento de los movimientos sociales, se les suele estigmatizar. La primera descalificación es calificarlos de “huevones”, se les tacha de violentos, y, sobre todo, se les quiere suprimir derechos básicos de todo orden político como son los de organización, manifestación y libre expresión de las ideas.

Los maestros están defendiendo de modo legítimo sus intereses, como hacen las organizaciones empresariales, solo que en este caso el poder suele abrirles Los Pinos o los palacios de Gobierno para atenderlos.

El país atraviesa una coyuntura turbulenta y de alta conflictividad social. Si el Estado hace caso a opinadores, periodistas, académicos y empresarios que piden al Estado mano dura y alientan la represión contra el magisterio, las cosas empeoraran. Si en cambio se dialoga con ellos y se atienden sus demandas, el país saldrá ganando. El país bien valen unas cuantas manifestaciones.

Represión a Gaudencio Mancilla

Gaudencio Mancilla en CNIRubén Martín / El Respetable, 28 agosto 2013

 
Gaudencio Mancilla Roblada, representante legal del Consejo de Mayores, la autoridad tradicional de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, Cuautitlán de García Barragán, fue detenido de manera violenta por elementos de la Fiscalía General la madrugada del 22 de agosto en su vivienda.

Según la fiscalía, su detención obedeció a que se recibió un “denuncia anónima” porque en la zona había personas armadas.

Los elementos de la fiscalía no llegaron con orden de detención o cateo; irrumpieron en la vivienda de Gaudencio Mancilla y lo detuvieron junto con su hermano Bonifacio, y  también a Gerónimo Flores Elías, otro miembro de la comunidad.

Gaudencio Mancilla ha contado que fue golpeado, insultado y vejado por los elementos de la fiscalía general. Al salir de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) todavía traía los golpes en el rostro y la cabeza que le propinaron durante la captura y posteriormente cuando era trasladado a Guadalajara.

Lo golpeaban para que dijera quién promovía la constitución de una “policía comunitaria armada” en Ayotitlán, lo golpearon para que incriminara a César Díaz y Jaime Hernández de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara y al diputado de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, como presuntos aliados en esa misma tarea.

Mientras lo golpeaban, los miembros de la dependencia encargada de procurar justicia, le recriminaban que se metiera en contra de las empresas mineras que están despojando y devastando el territorio de Ayotitlán. De hecho antes, durante su detención, los elementos de la Fiscalía General le quitaron o robaron documentos importantes de los juicios y procesos jurídicos que lleva en defensa de su comunidad, denunció el propio Gaudencio Mancilla.

Pero resulta que todo esto que ha denunciado el representante de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, es una “ficción”, según la pronta y expedita conclusión del secretario General de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez. El funcionario estatal sostiene que nadie tiene derecho a portar un arma ilegal, pero omite que la autoridad no tiene derecho a aprehender de manera arbitraria y menos a torturar a una persona detenida para ser investigada o imputada por la comisión de un delito. Al secretario de Gobierno se le pasó por alto este principio básico del Estado de derecho.

El asunto es que en el país y en Jalisco parece no existir el Estado de derecho. Si existiera, no sería Gaudencio Mancilla la persona detenida por los elementos de la fiscalía, sino las personas que desde hace décadas han invadido el territorio de Ayotitlán para explotar su riqueza minera, maderera e hidrológica. Si existiera el Estado de derecho, ya se hubiera detenido a quienes amenazaron a Gaudencio Mancilla apenas en junio pasado, o a quienes desaparecieron a su hermano Agustín Mancilla el año pasado, o a quienes desaparecieron a Celedonio Monroy Prudencio en octubre de 2012, o a quienes asesinaron a otros dos defensores de los derechos de la comunidad: Aristeo Flores en 2007 y a Nazario Aldama Villa en 2003.

Si existiera el Estado de derecho, la comunidad nahua de Ayotitlán no habría visto caer asesinados a otros 30 de sus integrantes desde la década de los 70`s del siglo pasado a la fecha.

Pero en lugar del Estado de derecho, se está deteniendo arbitrariamente a los defensores populares, se les reprime, se les intimida y se les criminaliza para que ya no puedan seguir peleando.

Es muy grave lo que le ocurrió a Gaudencio Mancilla, no debemos dejar que quede impune. Su detención arbitraria y su tortura no fueron una ficción. 

La cancelación de Cosa Pública

Cosa PúblicaPor Rubén Martín

Cosa Pública fue cancelada de manera tajante, abrupta e injusta el lunes 19 de agosto de 2013. El programa de análisis político de Radio Metrópoli salió al aire el 14 de febrero de 2005. En ocho años y medio que duró, estuve acompañado por mis amigos Rubén Alonso (febrero 2005-febrero 2007), Agustín del Castillo (marzo 2007-noviembre 2011) y Jesús Estrada.

La cancelación de Cosa Pública fue ordenada directamente por el dueño de la empresa, Alejandro Díaz Romo, según nos lo hizo saber el director de Radio Metrópoli, Roberto Ruvalcaba Barba, primero en conversación telefónica la mañana del mismo lunes 19 de agosto, y posteriormente en sus oficinas a las que fuimos citados Jesús Estrada y yo.

La empresa no ha explicado públicamente sus razones para cancelar el espacio. Simplemente lo sacó del aire y continuó con la programación anterior, faltando el respeto a los radioescuchas.

Esta es la justificación que se nos ofreció: 1) que la empresa no atraviesa una buena situación económica y, 2) que Radio Metrópoli necesita más espacios de información y menos de opinión.

Ambas razones me parecen injustificadas y así se lo hice saber al director. Si bien Radio Metrópoli se caracteriza por ser una de las empresas que mejor paga en la ciudad, la modesta nómina mensual que percibíamos no ponía en riesgo la economía de la empresa. El argumento de que se necesitaba más información y menos opinión, tampoco se sostiene: con frecuencia el programa generó notas informativas.

Ante la debilidad de estos argumentos, pregunté al director si había presión o petición de un gobierno o políticos para tomar dicha decisión. Respondió que no. Debo decir que durante ocho años y medio que duré en la estación me enteré de presiones que la empresa y el dueño resistieron. Por eso sorprende más la cancelación del programa. Ante la debilidad de los argumentos que ofrece la empresa, no me queda más que suponer que hay otras razones. Pero solo queda suponerlo.

Lamento que la cancelación abrupta de Cosa Pública dañe la reputación de Radio Metrópoli, porque conozco la honestidad y congruencia de reporteros, conductores, trabajadores y directivos de esa estación, y porque hasta antes de la cancelación del espacio radiofónico, siempre encontré respeto y libertad para elegir temas, invitados y expresar opiniones al aire.

La cancelación del programa, decidida por la empresa, ha sido percibida por los radioescuchas como una censura. Con la decisión arbitraria de la empresa no solo se afectan nuestros derechos laborales, sino un bien público como es el derecho a la información y la pluralidad de voces. Si Cosa Pública se veía como un espacio plural y crítico no se debía solo a las voces ante el micrófono, sino a las personas entrevistadas, a las historias contadas, a los movimientos sociales que encontraban un espacio para expresarse, y al auditorio que llamaba y escuchaba el programa sin cambiar de estación.

Las muestras de apoyo y solidaridad que se han manifestado por la cancelación de Cosa Pública confirman que no se trata de un asunto de dos periodistas, sino de un derecho colectivo y de la exigencia de una respuesta a una decisión empresarial. Es una defensa por el derecho a que se escuchen en los medios informativos del estado voces y posturas disonantes y críticas. Tanto en la radio como en los medios de la ciudad imperan los espacios que no cuestionan al poder y que no abren los micrófonos a los movimientos sociales.

La cancelación abrupta de Cosa Pública saca a relucir otro punto: las condiciones precarias y de inseguridad con que se ejerce el periodismo. Siempre estuvimos contratados por honorarios; nadie nos forzó a ello, pero tampoco debemos acostumbrarnos a ejercer esta profesión de modo tan precario. Es injusto levantarse un día con el compromiso de sacar al aire un programa y que ese mismo día se notifique que se cancela. Es una condición de precariedad laboral que no debería existir para los periodistas y tampoco en ningún otro oficio.

Cosa Pública nació de la amable invitación de Roberto Ruvalcaba a principios de 2005. La idea era que el programa dedicara a la información y análisis de la política local y nacional. Desde las charlas iniciales tanto Rubén Alonso como yo propusimos que el abordaje no se restringiera a la política profesional, es decir, las actividades de gobiernos, partidos y políticos de carrera, sino que se entendiera la política de un modo amplio. De ese modo en Cosa Pública (un nombre propuesto por nosotros) pasaron los protagonistas de la clase política, pero también los representantes de los movimientos sociales de los años recientes.

Todas estas voces encontraron oídos atentos y respetuosos del otro lado de los micrófonos. El auditorio de Radio Metrópoli siempre respondió con sus llamadas y comentarios. No hubo un solo día de Cosa Pública sin llamadas de los radioescuchas.

Gracias a todos ustedes. No decidimos salir de Radio Metrópoli, pero sí queremos seguir en el cuadrante. Hay propuestas para que Cosa Pública siga al aire. Ya avisaremos si se concretan. Muchas gracias a quienes se han solidarizado, a quienes han cuestionado una decisión empresarial, a quienes exigen un derecho.

Nos seguimos escuchando…

 

Abusos corporativos o una Profeco no hace verano

profeco-verificador-cuartoscuroRubén Martín ::: El Economista ::: 16 agosto 2013

La actuación de la nueva dirección de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, ha generado expectativas positivas sobre la actuación de esa dependencia, inexistente en la práctica durante más de una década.

Las labores de inspección, vigilancia y sanciones que ha llevado a cabo la Profeco generan la expectativa positiva de que los ciudadanos pueden reclamar sus derechos en cuanto consumidores, pero al mismo tiempo, se revela cómo el Estado mexicano renunció a sus facultades de regulación, supervisión y sanción en las últimas décadas. Uno de los dogmas neoliberales, puesto en duda suficientemente, es que el Estado debería renunciar a las distintas actividades económicas donde tuviera presencia para dejarlo en manos de la iniciativa privada, con el argumento de que los capitalistas harían mejor ese trabajo. A cambio, el Estado debería crear o mejorar sus tareas de regulación y vigilancia.

Pero el Estado mexicano renunció de facto a dichas regulaciones y ha dejado actuar de manera no vigilada, y muchas veces impune, a la empresaprivada que ha impuesto su ley a los consumidores. La máxima de dicha ley es que se permite a la empresa imponer servicios y cobros sin que el consumidor lo pida, cuando en un Estado de derecho, las empresas deberían preguntar primero si el consumidor necesita y acepta el servicio. Los ejemplos de estos abusos corporativos abundan, cada lector tendrá su propio caso.

Un ejemplo es Rescatel plus que Telcel “regala” durante tres meses al contratar un plan de telefonía celular. En mi caso me di cuenta de que estaba pagando ese servicio varios meses después de la contratación; al reclamar el cobro de un servicio que no pedí, me dijeron que durante la contratación el “ejecutivo de ventas” debió avisarme que al final de los meses gratuitos debería dar de baja el servicio. Pero el “ejecutivo de ventas” nunca mencionó que tenía ese servicio. El costo de Rescatel plus no es, en realidad, oneroso: 30 pesos mensuales, pero si se multiplica por todo el año y por los millones de usuarios abonados a Telcel nos daremos cuenta de la suma de millones de pesos que esta empresa se embolsa por un servicio que bien puede ser considerado como un engaño al consumidor.

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Comunicado de las familias de los desaparecidos en Lagos de Moreno

Misa por desaparecios en Lagos de Moreno. Foto: El Informador
Misa por desaparecios en Lagos de Moreno. Foto: El Informador

 Ramírez Cárdenas, Aguilar Martínez, Espinoza Aguayo y Espinoza Hernández.

 

–       Fiscalía del Estado de Jalisco viola la Ley General de Víctimas.

–       Exigimos trato digno y respeto a nuestros derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

 

El pasado jueves 15 de agosto, la fiscal de Derechos Humanos, la maestra Lizette Hernandez Navarro y demás personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se apersonó en el domicilio de los suscritos y sin ningún protocolo nos hizo entrega de lo que dijo ser restos de nuestros familiares desaparecidos.

 

A pesar de que la Fiscalía manifestó haber realizado pruebas de ADN a los restos que nos fueron entregados, en ningún momento hemos tenido a la vista, y mucho menos en nuestro poder, los documentos que nos den certeza sobre las circunstancias del hallazgo, las periciales realizadas ni los cotejos de ADN que determinen el parentesco de los suscritos con las personas cuyos restos nos fueron ilegalmente entregados.

 

La autoridad ha sido evidentemente omisa en el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley General de Víctimas, que entre otras cosas nos da derecho a: participar activamente en la búsqueda de la verdad, estar presentes en las exhumaciones, ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados y a designar peritos independientes.

 

Nos causa agravio la forma en que personal de la Fiscalía se ha conducido,  criminalizando a nuestros familiares, integrando la averiguación en una agencia especializada en robo de vehículos de carga pesada -cuando son personas las que se encuentran desaparecidas-, negándonos el acceso al expediente, entregándonos restos sin la documentación que acredite que pertenecen a nuestros seres queridos y obligándonos a firmar documentos en el escenario de vulnerabilidad en que nos colocaron. Lo anterior en flagrante violación a nuestros derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación consagrados en la Ley General de Víctimas.

 

Por lo anterior, exigimos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco lo siguiente:

 

  1. Pleno acceso al expediente en los términos en que fue solicitado mediante escrito presentado en fecha 09 de agosto de este año.
  2. Nos garantice el derecho a una opinión experta independiente para la determinación de los perfiles genéticos de los restos encontrados y su coincidencia con los de los suscritos.
  3. Diligencia en las investigaciones, el fortalecimiento de las declaraciones testimoniales y confesionales con otros medios de prueba que las validen.
  4. Garantizar nuestra seguridad e integridad física, así como la de nuestros defensores y acompañantes.
  5. Estricto apego a la Ley General de Víctimas y a los derechos humanos.

 

Lagos de Moreno, Jalisco a 16 de agosto de 2013.

La escuelita zapatista

escuela-primaria zapatista

Rubén Martín ::: El Economista ::: 13 agosto, 2013

“¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el nuestro resurgiendo”. Con este breve comunicado, firmado por el subcomandante Marcos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) “reapareció” el 21 de diciembre del año pasado con una poderosa manifestación de 40 mil zapatistas por cinco ciudades chiapanecas.

Entrecomillo “reapareció” porque suele ocurrir que la prensa establecida y muchos opinadores identifican a los zapatistas con los textos e imágenes del subcomandante Marcos y no con la palabra de las propias comunidades. Antes de la marcha silenciosas del 21 de diciembre, las bases de apoyo, los municipios autónomos y las Juntas de Buen Gobierno zapatista habían lanzado decenas de comunicados denunciando, sobre todo, el acoso y la agresión de que son objeto. Pero dichos mensajes tuvieron poco eco en los medios de información.

Tras el breve mensaje del “estruendo de su mundo derrumbándose”, el 30 de diciembre el EZLN dio a conocer un comunicado en el que luego de cuestionar a la clase política y de emplazar a los gobiernos de los tres niveles para que cesen las agresiones y cumplan los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996, anunciaron que a partir de entonces su palabra sería selectiva. “Pocos, muy pocos tendrán el privilegio de conocerla y aprender de ella”, dijeron entonces. Se referían en concreto a la iniciativa de la escuelita zapatista.

La escuelita zapatista es una iniciativa sui géneris en el mundo de las organizaciones de izquierda que buscan un cambio de fondo de las relaciones sociales. A contrapelo de las organizaciones clásicas que consideran que la vía armada es el camino más radical para alcanzar sus objetivos, los zapatistas ofrecen modos de hacer política sorprendentes y novedosos.

A partir del 12 y hasta el 16 de agosto 1,700 personas de México y todo el mundo fueron invitados directamente a las comunidades zapatistas para conocer y aprender del mundo zapatista. No es una escuela tradicional con maestros y alumnos metidos en un aula; la escuelita zapatista es el proceso colectivo de producir y aprender conocimiento en comunidad.

En ese proceso, los zapatistas van a compartir cómo se gobiernan, cómo resisten, cómo han creado sus propios sistemas de educación, salud y gestión de sus problemas, sin depender ni recibir nada del Estado. En suma, van a compartir cómo ejercen su autonomía, o cómo es la libertad según ellos.

Los asistentes a la escuelita zapatista van a mirar un atisbo de un mundo de nuevas relaciones sociales, van a observar comunidades que viven sin partidos, sin políticos profesionales, sin gobiernos alejados de los pueblos y una democracia directa donde todos son tomados en cuenta en las decisiones importantes. Van observar el único pedazo del territorio nacional (no tan pequeño por cierto) donde no hay la violencia atroz y desmedida que aqueja al resto de la nación.

Alejados de las vanguardias, han remarcado que no pretenden decirles a otros sujetos u organizaciones que su forma de ejercer la autonomía es una receta para aplicarse por todos en cualquier parte de México o el mundo. Lo que pretenden mostrar es algo más sencillo: “Acá, con errores y muchas dificultades, es una realidad otra forma de hacer política”. Ahora que se debate el futuro de la nación y la mayoría busca soluciones políticas en los gastados discursos y prácticas liberales, no estaría mal que miraran un poco al sur y escucharon las enseñanzas que se comparten en la escuelita zapatista.

Pueblos indios y despojos

Foto: Desinformémonos.org
Foto: Desinformémonos.org

Rubén Martín ::: El Economista ::: 9 Agosto, 2013 – 18:20

La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en diciembre de 1994. Según la ONU, en el planeta hay 5,000 pueblos indígenas que representan 5 por ciento de la población mundial.

México es una de las naciones con más indígenas. En el país existen 62 pueblos que manejan más de cien lenguas y hay 6.7 millones de indígenas que representan cerca de 6.5 por ciento de la población total, y casi una cuarta parte de la población nativa de América.

Es evidente que su importancia no es numérica. Los pueblos indios que habitan las tierras de lo que ahora es México construyeron algunas de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad.

Lamentablemente, ahora como hace cinco siglos, los indígenas del país siguen padeciendo el despojo, la represión, la explotación y el desprecio hacia su cultura e historia. Se pensará que el despojo de los territorios de los pueblos indios se acabó en el México independiente, tras la conquista y la colonia. No es así.

Los pueblos indígenas de México continúan resistiendo el despojo, así como la falta de respeto y vulneración sus culturas. En buena medida se debe a que los pueblos indios están asentados en territorios enormemente codiciados por intereses privados y mercantiles que buscan explotar sus bienes comunes y naturales.

Los pueblos indígenas de México son dueños de 22 millones 624,000 hectáreas, que representan 21.9 por ciento de ejidos y comunidades que hay en el país. Según los censos agropecuarios, en el país hay 1,115 municipios con población indígena. Según la misma información, de los 971 núcleos agrarios con selvas en el país, 526 están en comunidades indígenas; los pueblos indios además poseen 35.1 por ciento de los bosques del país.

No es casual, entonces, el acoso y el despojo que enfrentan. En sus tierras se encuentran una parte muy importante de los bienes comunes y recursos naturales nacionales. Y, tal como ha sido en el pasado, la ambición de arrebatar esas tierras y esos recursos se hace regularmente mediante despojos violentos.

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El drama de los rechazados

Foto: Eduardo Miranda, Proceso
Foto: Eduardo Miranda, Proceso

Rubén Martín ::: El Economista ::: 6 agosto 2013

El término incomoda a las autoridades universitarias y educativas, por lo que en lugar de rechazados prefieren utilizar el impersonal: “no admitidos”.

Para los cientos de miles de jóvenes que año con año hacen trámites de ingreso a una universidad pública, en bachillerato o en licenciaturas y posgrados, y no lo logran el término rechazado es el que los identifica.

El sistema educativo nacional los rechaza de ingresar a una universidad pública y de ese modo les trunca el proyecto de vida que el capitalismo mexicano ofrece a los jóvenes: estudiar 24 años desde preescolar hasta el posgrado para tratar de obtener al final un empleo más o menos decente.

Este proyecto de vida está en crisis, por muchas razones. Una de las más claras es que el sistema de educación superior público del país está agotado, pues no tiene los espacios ni los recursos suficientes para admitir a todos los jóvenes.

El drama de los rechazados alcanza a cientos de miles en todo el país: datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revelan que únicamente 56 por ciento de los jóvenes entre 15 y 19 años encuentra un espacio en las universidades públicas.

El subsecretario de Educación Superior federal, Fernando Serrano Migallón, admitió que hay 308 mil registros de estudiantes no admitidos en el presente ciclo escolar, aunque bajó la cifra a 100 mil no admitidos debido a que el mismo joven hace diferentes solicitudes. En el Valle de México la Asamblea de Rechazados de la UNAM, UAM y UPN habla de 200 mil estudiantes que no encontraron un lugar en dichas instituciones, en tanto que en Jalisco la cifra de no admitidos a la Universidad de Guadalajara superó los 52 mil jóvenes.

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La escandalosa impunidad de los Salinas

hermanos salinasRubén Martín ::: El Economista ::: 2 agosto 2013

Ya sólo falta que le hagan un monumento en el Paseo de la Reforma y pongan su nombre en letras de oro en la Cámara de Diputados, junto a otros próceres de la patria. Es tan porosa la justicia mexicana que incluso Raúl Salinas de Gortari podría ganar un juicio por difamación y daño moral.

La noticia de que el hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari ganó a la justicia federal un litigio por el que se le exoneró del delito de enriquecimiento ilícito ha generado un alud de críticas a la justicia del país.

Con la decisión del juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales, Carlos López Cruz, el llamado Hermano Incómodo podrá disfrutar plenamente de 41 propiedades ubicadas en nueve estados del país, incluido Jalisco. Dichas propiedades tienen un valor de 224 millones de pesos. La Procuraduría General de la República (PGR) ha dicho que impugnará la decisión del juez López Cruz, pero no parece que vaya a prosperar.

Ya antes Raúl Salinas desmontó las acusaciones que se le fincaron cuando fue detenido en marzo de 1995, al arrancar el sexenio de Ernesto Zedillo: fue absuelto de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, su ex cuñado. También resultó absuelto de los delitos de peculado, defraudación fiscal y lavado de dinero. Por si fuera poco, en julio del 2008, la justicia de Suiza le devolvió 110 millones de dólares que tenía congelados desde 1995, con un premio de 40 millones de dólares por intereses.

Por supuesto que las personas acusadas tienen oportunidad de defenderse y de acreditar su inocencia, pero éste no es el caso. Más bien estamos ante un caso de impunidad de un hombre poderoso, de un miembro de una familia que tiene los contactos, los recursos, las mañas y la información secreta suficiente para presionar a quien se requiera para proteger a los suyos.

Basta hacer un breve repaso a las notas publicadas desde hace 20 años, al final del sexenio de Carlos Salinas, y la avalancha de notas y reportajes en los primeros meses de su detención para llegar a la conclusión de que el ahora exonerado no es un hombre inocente.

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Pobreza y explotación

pobreza-la verdad yucatánRubén Martín :: El Economista ::: 30 julio 2013

Las cifras de población en pobreza en el país dadas a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) pueden llevar a afirman que en México el Estado y sus políticas públicas son un fracaso. En 2012 había en el país 53.3 millones de pobres, 45.5 por ciento del total de la población estimada en 17.3 millones de personas.

Es una cifra inaceptable desde cualquier tipo de consideración. Ya sea que se juzgue desde la macroeconomía, las políticas públicas, las políticas sociales o desde la simple y desacreditada ética.

La sociedad mexicana no puede admitir, no debería permitir, que 53.3 millones de mexicanos carezcan de los ingresos suficientes para comprar la canasta básica de alimentos y satisfactores o que tengan una o más carencias en educación, seguridad social, calidad de vivienda, servicios básicos o alimentación.

No deberíamos permitir que cada día 27.4 millones de mexicanos pasen hambre porque no tienen los ingresos suficientes para pagarse la alimentación adecuada, según las cifras que ofrece el estudio de Coneval.

No deberíamos permitirlo puesto que el país tiene los recursos suficientes para proporcionar alimentación, techo, tierra, salud, educación, servicios, esparcimiento y cultura a toda su población.

Existen los recursos, solo que repartidos de un modo sumamente desigual. Así lo reconoce el informe que el Coneval dio a conocer el pasado 29 de julio: la población en pobreza extrema del país apenas tiene 4.4 pesos de cada 100 pesos que tiene la población no pobre.

A pesar de la moderada disminución porcentual de la pobreza total en el país (46.1 por ciento en 2010 contra 45.5 por ciento en 2012), no hay nada qué festejar.

Parecen cifras que ya no sorprenden cuando las causas y el combate a la pobreza deberían ser el primer punto de la agenda nacional, no la productividad o la reforma energética, mucho menos la reforma política.

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Autodefensas y crisis del Estado

autodefensas-guerrero-cnn méxicoRubén Martín ::: El Economista ::: 26 julio 2013 

La emergencia de los grupos de autodefensas o policías comunitarios es uno de los temas más relevantes de los últimos años en México. En apenas un semestre irrumpieron decenas de grupos de autodefensa en más de una docena de estados de la república.

Aunque, como todos los temas complejos, la emergencia de los grupos de autodefensa responde a causas multifactoriales, es sorprendente la coincidencia de los testimonios de sus integrantes: se cansaron de los abusos cotidianos del crimen organizado y de la falta de respuesta de los tres niveles de gobierno.

Durante años regiones enteras del país fueron abandonadas a su suerte por el Estado que dejó de prestar el primer servicio que debe a sus ciudadanos (según la teoría liberal): la de la seguridad personal y colectiva.

De la siembra y tráfico de drogas, la delincuencia organizada pasó al secuestro y las extorsiones ocasionales, a un sistema de cobro de cuotas por negocios o actividades laborales, e incluso por permitir el desempeño de una profesión.

Ese sistema se impuso a sangre y fuego, y secuestró a poblaciones enteras. Pero el miedo se rompió cuando el abuso llegó a punto intolerable: los narcos y grupos de la delincuencia empezaron a secuestrar y violar a madres e hijas en esas comunidades. Ese fue el detonante de varios grupos, según testimonios de policías comunitarios de Aquila o La Ruana en Michoacán, y otros en Guerrero. Otro elemento presente en este problema fue la corrupción de las autoridades: los gobiernos y policías municipales son muchas veces cómplices de los grupos de la delincuencia.

La suma de todos estos factores emergieron de modo masivo desde fines del año pasado y a lo largo del primer semestre de 2013. Pero no todos los grupos de autodefensa son iguales. Se pueden identificar al menos seis grupos:

1) El abogado indígena Francisco López Bárcenas recuerda que desde el siglo XIX existen guardias comunitarias de pueblos indígenas como seris, yaquis, o la guardia tradicional maya de Chan Santa Cruz, en Carrillo Puerto, Yucatán.

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Detroit, un pedacito del colapso capitalista

Detroit-pancarta-en-edificioRubén Martín ::: El Economista ::: 23 julio 2013

Las fotografías y los videos que se pueden encontrar por cientos de miles provocan un escalofrío: una gigantesca ciudad que un tiempo fue la capital de la industria automotriz mundial, está muriendo a pasos acelerados. Entre los videos, destaca uno con una toma desde el metro elevado de Detroit que recorre barrios enteros, antes de llegar al centro, sin toparse con ningún ser humano en sus calles. Solo edificios y casas abandonadas, calles maltrechas, servicios públicos deteriorados.

La situación de Detroit se convirtió en una de notas internacionales más relevantes cuando su alcalde Dave Bing anunció el 21 de julio que el gobierno de la ciudad se declararía en bancarrota ante la imposibilidad de pagar una deuda de 18 mil millones de dólares. Y aunque Detroit no es la única ciudad en quiebra en Estados Unidos (el alcalde Dave Bing dice quehay 100 ciudades norteamericanas en esta situación), se puede afirmar que es el caso que mejor representa la crisis mundial de la sostenibilidad de las ciudades y del futuro del capitalismo como sistema histórico-social.

Detroit llegó a tener más de dos millones de habitantes en sus casi 400 kilómetros cuadrados de extensión, pero ha perdido casi dos tercios de su población. La mayoría de sus 700 mil habitantes viven por debajo de la línea de pobreza, el desempleo oficialmente roza el 19 por ciento pero se estima que la cifra real es de 50 por ciento. Detroit tiene una de las tasas de criminalidad y analfabetismo más grandes de Estados Unidos. La historia viene de lejos. La primera oleada de migración de esta ciudad de Michigan ocurrió a fines de la década de 1960, luego de los fuertes disturbios raciales de 1967.

La que fuera conocida como Motor City es uno de los ejemplos más drásticos de la reorganización territorial, financiera, laboral y política del capitalismo en las últimas tres décadas.

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Periodistas: el otro riesgo

periodistas-no se mata la verdad.2Rubén Martín ::: El Economista ::: 20 julio 2013

La profesión de periodista está en riesgo en México. Primero, porque nuestro país se ha convertido en uno de los territorios más peligrosos para ejercer este oficio. Apenas el 17 de julio fue encontrado el cuerpo del compañero Alberto López Bello, del diario El Imparcial de Oaxaca. Pero los riesgos ocurren por todo el país. El periodismo, como profesión, es amenazado por quienes ejercen el poder: político, económico y de la delincuencia organizada.

Sin embargo, hay otro frente de riesgo del que poco se habla y poco hacemos conciencia los periodistas: las degradantes condiciones de trabajo, que nos minan y dañan.

Con la justificación (o pretexto) de la crisis económica mundial y nacional, las empresas de medios han venido despidiendo personal en sus empresas. Pero junto con esta justificación (o pretexto), al mismo tiempo se agravan las condiciones de trabajo para quienes quedan en redacciones de diarios, revistas, de noticieros de televisión y radio, y ahora las reducidas plantas de reporteros de los portales de información del país.

De este modo, los reporteros que no son despedidos se ven obligados a aumentar sus cargas de trabajo por dos vías: hacer una parte del trabajo de quien salió despedido, y mediante la producción multimedia que ahora exigen la mayoría de los medios. Así, un reportero experimentado que antes redactaba textos para un medio impreso, ahora debe tomar fotos y producir piezas informativas para Internet, y en varios casos audios y videos para plataformas multimedia.

En algunos casos las nuevas piezas informativa para las plataformas multimedia se pagan adicionalmente al salario; pero en muchos otros casos no. Sin embargo, el aumento en las cargas de trabajo no se compensa con aumento de sueldo. En la mayoría de las empresas de información, los aumentos salariales apenas siguen a la inflación, y en otros simplemente se congelan.

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