Coyuntura caliente

Soldados intentan desarmar a autodefensas de Guerrero, 27 agosto 2013. Foto: Javier Verdin, La Jornada.
Soldados intentan desarmar a autodefensas de Guerrero, 27 agosto 2013. Foto: Javier Verdin, La Jornada.

Rubén Martín ::: El Informador ::: 31 agosto 2013

Enrique Peña Nieto llegará a su primer informe de gobierno, en medio de un país convulso, con fuertes tensiones políticas y elevado antagonismo social.

Este escenario de crisis y conflictividad social se agrava por malos indicadores económicos, desencanto con el sistema electoral y de partidos y conflictos sociales profundos en ciertas regiones del país.

El antagonismo social es cada vez más claro, casi transparente. Por un lado, desde el gobierno se apuesta todo para sacar adelante las “reformas estructurales” reforzando un bloque con partidos del Pacto por México, televisoras, empresarios y organismos financieros internacionales.

Del otro lado, hay una constelación de fuerzas sociales que hacen política fuera de los marcos institucionales: el relanzamiento del EZLN  y del Congreso Nacional Indígena (CNI); las poderosas movilizaciones magisteriales en 20 estados del país contra la reforma educativa; la emergente movilización contra la reforma energética; la multiplicación de las autodefensas y policías comunitarios; las cientos de luchas socio-ambientales y múltiples resistencias contra el despojo.

Para estos grupos y sectores, en lugar de diálogo hay persecución y hasta represión. Así debe entenderse la postura del gobierno de Peña Nieto de continuar con la política de hostigamiento, programas sociales dirigidos a dividir a las comunidades y la represión directa en contra de las comunidades zapatistas de Chiapas.

En el caso de las policías comunitarias y grupos de autodefensa, en lugar de asumir que son la expresión de un poderoso y complejo problema social creado a partir de la ineficacia del propio Estado, el gobierno de Peña Nieto se ha dado a la tarea de perseguir, desarmar y detener a los integrantes de pueblos que se han organizado para autoprotegerse.

Con estos elementos se configura esta coyuntura caliente de elevado antagonismo social. La culpa de esta situación no es de los maestros o los grupos movilizados. La responsabilidad es del actual grupo gobernante.

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En defensa de los maestros

Marcha de maestros de la CNTE. Foto: El Economista
Marcha de maestros de la CNTE. Foto: El Economista

Rubén Martín ::: El Economista, 27 agosto 2013

Las manifestaciones que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han generado una gran polémica más por la forma como se manifiestan que por el fondo por el cual están luchando los maestros del Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz y otros estados.

Hay un tono en la polémica que merece reprobarse, puesto que es un llamado abierto para que el Estado mexicano use la represión en contra de los maestros, en lugar de resolver el conflicto magisterial mediante el diálogo y la negociación.

Se han escuchado voces y opiniones estridentes que lamentan que el Estado se haya rendido o claudicado ante la CNTE y que su protesta haya motivado a los diputados y senadores tuvieran a sesionar en recintos alternos a los oficiales.

Se habla y escribe sobre los maestros de una forma despectiva y hasta racista, se les estigmatiza y en algunos noticieros televisivos se alienta el rechazo insultante de los capitalinos a los maestros.

Escribo esto desde Guadalajara, y podrían decirme los capitalinos que no se de trastornos a la vialidad. Pero la capital de Jalisco sufre varios conflictos viales que obligan a los tapatíos a hacer largos recorridos para evitarlos, ya sea por el cierre de calles para ceremonias religiosas (como la llevada de la Virgen de Zapopan) o por eventos del gobierno local o cuando llega de gira el presidente del país y el Estado Mayor Presidencial provoca un conflicto vial que afecta a miles de habitantes.

Seguramente en el Distrito Federal ocurren inconvenientes semejantes provocados por eventos religiosos (el 12 de diciembre) de gobierno (tomas de protesta del titular del Ejecutivo, relevo de legisladores) o de recepciones a mandatarios extranjeros.

Contra lo que piensan muchos opinadores, especialmente del campo liberal, la mayoría de acciones públicas que emprenden organizaciones o movimientos sociales, no se deciden como primera opción. Se puede documentar que antes de salir a la calle, ese movimiento social pidió diálogo con la autoridad en turno. Salir a las calles se convierte en opción, una vez que fracasaron los caminos institucionales.

Eso es justamente lo que ha estado ocurriendo ahora en esta movilización magisterial.

Pero en lugar de propiciar un debate que de paso al entendimiento de los movimientos sociales, se les suele estigmatizar. La primera descalificación es calificarlos de “huevones”, se les tacha de violentos, y, sobre todo, se les quiere suprimir derechos básicos de todo orden político como son los de organización, manifestación y libre expresión de las ideas.

Los maestros están defendiendo de modo legítimo sus intereses, como hacen las organizaciones empresariales, solo que en este caso el poder suele abrirles Los Pinos o los palacios de Gobierno para atenderlos.

El país atraviesa una coyuntura turbulenta y de alta conflictividad social. Si el Estado hace caso a opinadores, periodistas, académicos y empresarios que piden al Estado mano dura y alientan la represión contra el magisterio, las cosas empeoraran. Si en cambio se dialoga con ellos y se atienden sus demandas, el país saldrá ganando. El país bien valen unas cuantas manifestaciones.

Represión a Gaudencio Mancilla

Gaudencio Mancilla en CNIRubén Martín / El Respetable, 28 agosto 2013

 
Gaudencio Mancilla Roblada, representante legal del Consejo de Mayores, la autoridad tradicional de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, Cuautitlán de García Barragán, fue detenido de manera violenta por elementos de la Fiscalía General la madrugada del 22 de agosto en su vivienda.

Según la fiscalía, su detención obedeció a que se recibió un “denuncia anónima” porque en la zona había personas armadas.

Los elementos de la fiscalía no llegaron con orden de detención o cateo; irrumpieron en la vivienda de Gaudencio Mancilla y lo detuvieron junto con su hermano Bonifacio, y  también a Gerónimo Flores Elías, otro miembro de la comunidad.

Gaudencio Mancilla ha contado que fue golpeado, insultado y vejado por los elementos de la fiscalía general. Al salir de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) todavía traía los golpes en el rostro y la cabeza que le propinaron durante la captura y posteriormente cuando era trasladado a Guadalajara.

Lo golpeaban para que dijera quién promovía la constitución de una “policía comunitaria armada” en Ayotitlán, lo golpearon para que incriminara a César Díaz y Jaime Hernández de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara y al diputado de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, como presuntos aliados en esa misma tarea.

Mientras lo golpeaban, los miembros de la dependencia encargada de procurar justicia, le recriminaban que se metiera en contra de las empresas mineras que están despojando y devastando el territorio de Ayotitlán. De hecho antes, durante su detención, los elementos de la Fiscalía General le quitaron o robaron documentos importantes de los juicios y procesos jurídicos que lleva en defensa de su comunidad, denunció el propio Gaudencio Mancilla.

Pero resulta que todo esto que ha denunciado el representante de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, es una “ficción”, según la pronta y expedita conclusión del secretario General de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez. El funcionario estatal sostiene que nadie tiene derecho a portar un arma ilegal, pero omite que la autoridad no tiene derecho a aprehender de manera arbitraria y menos a torturar a una persona detenida para ser investigada o imputada por la comisión de un delito. Al secretario de Gobierno se le pasó por alto este principio básico del Estado de derecho.

El asunto es que en el país y en Jalisco parece no existir el Estado de derecho. Si existiera, no sería Gaudencio Mancilla la persona detenida por los elementos de la fiscalía, sino las personas que desde hace décadas han invadido el territorio de Ayotitlán para explotar su riqueza minera, maderera e hidrológica. Si existiera el Estado de derecho, ya se hubiera detenido a quienes amenazaron a Gaudencio Mancilla apenas en junio pasado, o a quienes desaparecieron a su hermano Agustín Mancilla el año pasado, o a quienes desaparecieron a Celedonio Monroy Prudencio en octubre de 2012, o a quienes asesinaron a otros dos defensores de los derechos de la comunidad: Aristeo Flores en 2007 y a Nazario Aldama Villa en 2003.

Si existiera el Estado de derecho, la comunidad nahua de Ayotitlán no habría visto caer asesinados a otros 30 de sus integrantes desde la década de los 70`s del siglo pasado a la fecha.

Pero en lugar del Estado de derecho, se está deteniendo arbitrariamente a los defensores populares, se les reprime, se les intimida y se les criminaliza para que ya no puedan seguir peleando.

Es muy grave lo que le ocurrió a Gaudencio Mancilla, no debemos dejar que quede impune. Su detención arbitraria y su tortura no fueron una ficción. 

Abusos corporativos o una Profeco no hace verano

profeco-verificador-cuartoscuroRubén Martín ::: El Economista ::: 16 agosto 2013

La actuación de la nueva dirección de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, ha generado expectativas positivas sobre la actuación de esa dependencia, inexistente en la práctica durante más de una década.

Las labores de inspección, vigilancia y sanciones que ha llevado a cabo la Profeco generan la expectativa positiva de que los ciudadanos pueden reclamar sus derechos en cuanto consumidores, pero al mismo tiempo, se revela cómo el Estado mexicano renunció a sus facultades de regulación, supervisión y sanción en las últimas décadas. Uno de los dogmas neoliberales, puesto en duda suficientemente, es que el Estado debería renunciar a las distintas actividades económicas donde tuviera presencia para dejarlo en manos de la iniciativa privada, con el argumento de que los capitalistas harían mejor ese trabajo. A cambio, el Estado debería crear o mejorar sus tareas de regulación y vigilancia.

Pero el Estado mexicano renunció de facto a dichas regulaciones y ha dejado actuar de manera no vigilada, y muchas veces impune, a la empresaprivada que ha impuesto su ley a los consumidores. La máxima de dicha ley es que se permite a la empresa imponer servicios y cobros sin que el consumidor lo pida, cuando en un Estado de derecho, las empresas deberían preguntar primero si el consumidor necesita y acepta el servicio. Los ejemplos de estos abusos corporativos abundan, cada lector tendrá su propio caso.

Un ejemplo es Rescatel plus que Telcel “regala” durante tres meses al contratar un plan de telefonía celular. En mi caso me di cuenta de que estaba pagando ese servicio varios meses después de la contratación; al reclamar el cobro de un servicio que no pedí, me dijeron que durante la contratación el “ejecutivo de ventas” debió avisarme que al final de los meses gratuitos debería dar de baja el servicio. Pero el “ejecutivo de ventas” nunca mencionó que tenía ese servicio. El costo de Rescatel plus no es, en realidad, oneroso: 30 pesos mensuales, pero si se multiplica por todo el año y por los millones de usuarios abonados a Telcel nos daremos cuenta de la suma de millones de pesos que esta empresa se embolsa por un servicio que bien puede ser considerado como un engaño al consumidor.

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Pueblos indios y despojos

Foto: Desinformémonos.org
Foto: Desinformémonos.org

Rubén Martín ::: El Economista ::: 9 Agosto, 2013 – 18:20

La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en diciembre de 1994. Según la ONU, en el planeta hay 5,000 pueblos indígenas que representan 5 por ciento de la población mundial.

México es una de las naciones con más indígenas. En el país existen 62 pueblos que manejan más de cien lenguas y hay 6.7 millones de indígenas que representan cerca de 6.5 por ciento de la población total, y casi una cuarta parte de la población nativa de América.

Es evidente que su importancia no es numérica. Los pueblos indios que habitan las tierras de lo que ahora es México construyeron algunas de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad.

Lamentablemente, ahora como hace cinco siglos, los indígenas del país siguen padeciendo el despojo, la represión, la explotación y el desprecio hacia su cultura e historia. Se pensará que el despojo de los territorios de los pueblos indios se acabó en el México independiente, tras la conquista y la colonia. No es así.

Los pueblos indígenas de México continúan resistiendo el despojo, así como la falta de respeto y vulneración sus culturas. En buena medida se debe a que los pueblos indios están asentados en territorios enormemente codiciados por intereses privados y mercantiles que buscan explotar sus bienes comunes y naturales.

Los pueblos indígenas de México son dueños de 22 millones 624,000 hectáreas, que representan 21.9 por ciento de ejidos y comunidades que hay en el país. Según los censos agropecuarios, en el país hay 1,115 municipios con población indígena. Según la misma información, de los 971 núcleos agrarios con selvas en el país, 526 están en comunidades indígenas; los pueblos indios además poseen 35.1 por ciento de los bosques del país.

No es casual, entonces, el acoso y el despojo que enfrentan. En sus tierras se encuentran una parte muy importante de los bienes comunes y recursos naturales nacionales. Y, tal como ha sido en el pasado, la ambición de arrebatar esas tierras y esos recursos se hace regularmente mediante despojos violentos.

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Pobreza y explotación

pobreza-la verdad yucatánRubén Martín :: El Economista ::: 30 julio 2013

Las cifras de población en pobreza en el país dadas a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) pueden llevar a afirman que en México el Estado y sus políticas públicas son un fracaso. En 2012 había en el país 53.3 millones de pobres, 45.5 por ciento del total de la población estimada en 17.3 millones de personas.

Es una cifra inaceptable desde cualquier tipo de consideración. Ya sea que se juzgue desde la macroeconomía, las políticas públicas, las políticas sociales o desde la simple y desacreditada ética.

La sociedad mexicana no puede admitir, no debería permitir, que 53.3 millones de mexicanos carezcan de los ingresos suficientes para comprar la canasta básica de alimentos y satisfactores o que tengan una o más carencias en educación, seguridad social, calidad de vivienda, servicios básicos o alimentación.

No deberíamos permitir que cada día 27.4 millones de mexicanos pasen hambre porque no tienen los ingresos suficientes para pagarse la alimentación adecuada, según las cifras que ofrece el estudio de Coneval.

No deberíamos permitirlo puesto que el país tiene los recursos suficientes para proporcionar alimentación, techo, tierra, salud, educación, servicios, esparcimiento y cultura a toda su población.

Existen los recursos, solo que repartidos de un modo sumamente desigual. Así lo reconoce el informe que el Coneval dio a conocer el pasado 29 de julio: la población en pobreza extrema del país apenas tiene 4.4 pesos de cada 100 pesos que tiene la población no pobre.

A pesar de la moderada disminución porcentual de la pobreza total en el país (46.1 por ciento en 2010 contra 45.5 por ciento en 2012), no hay nada qué festejar.

Parecen cifras que ya no sorprenden cuando las causas y el combate a la pobreza deberían ser el primer punto de la agenda nacional, no la productividad o la reforma energética, mucho menos la reforma política.

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Autodefensas y crisis del Estado

autodefensas-guerrero-cnn méxicoRubén Martín ::: El Economista ::: 26 julio 2013 

La emergencia de los grupos de autodefensas o policías comunitarios es uno de los temas más relevantes de los últimos años en México. En apenas un semestre irrumpieron decenas de grupos de autodefensa en más de una docena de estados de la república.

Aunque, como todos los temas complejos, la emergencia de los grupos de autodefensa responde a causas multifactoriales, es sorprendente la coincidencia de los testimonios de sus integrantes: se cansaron de los abusos cotidianos del crimen organizado y de la falta de respuesta de los tres niveles de gobierno.

Durante años regiones enteras del país fueron abandonadas a su suerte por el Estado que dejó de prestar el primer servicio que debe a sus ciudadanos (según la teoría liberal): la de la seguridad personal y colectiva.

De la siembra y tráfico de drogas, la delincuencia organizada pasó al secuestro y las extorsiones ocasionales, a un sistema de cobro de cuotas por negocios o actividades laborales, e incluso por permitir el desempeño de una profesión.

Ese sistema se impuso a sangre y fuego, y secuestró a poblaciones enteras. Pero el miedo se rompió cuando el abuso llegó a punto intolerable: los narcos y grupos de la delincuencia empezaron a secuestrar y violar a madres e hijas en esas comunidades. Ese fue el detonante de varios grupos, según testimonios de policías comunitarios de Aquila o La Ruana en Michoacán, y otros en Guerrero. Otro elemento presente en este problema fue la corrupción de las autoridades: los gobiernos y policías municipales son muchas veces cómplices de los grupos de la delincuencia.

La suma de todos estos factores emergieron de modo masivo desde fines del año pasado y a lo largo del primer semestre de 2013. Pero no todos los grupos de autodefensa son iguales. Se pueden identificar al menos seis grupos:

1) El abogado indígena Francisco López Bárcenas recuerda que desde el siglo XIX existen guardias comunitarias de pueblos indígenas como seris, yaquis, o la guardia tradicional maya de Chan Santa Cruz, en Carrillo Puerto, Yucatán.

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