Coyuntura caliente

Soldados intentan desarmar a autodefensas de Guerrero, 27 agosto 2013. Foto: Javier Verdin, La Jornada.

Rubén Martín ::: El Informador ::: 31 agosto 2013

Enrique Peña Nieto llegará a su primer informe de gobierno, en medio de un país convulso, con fuertes tensiones políticas y elevado antagonismo social.

Este escenario de crisis y conflictividad social se agrava por malos indicadores económicos, desencanto con el sistema electoral y de partidos y conflictos sociales profundos en ciertas regiones del país.

El antagonismo social es cada vez más claro, casi transparente. Por un lado, desde el gobierno se apuesta todo para sacar adelante las “reformas estructurales” reforzando un bloque con partidos del Pacto por México, televisoras, empresarios y organismos financieros internacionales.

Del otro lado, hay una constelación de fuerzas sociales que hacen política fuera de los marcos institucionales: el relanzamiento del EZLN  y del Congreso Nacional Indígena (CNI); las poderosas movilizaciones magisteriales en 20 estados del país contra la reforma educativa; la emergente movilización contra la reforma energética; la multiplicación de las autodefensas y policías comunitarios; las cientos de luchas socio-ambientales y múltiples resistencias contra el despojo.

Para estos grupos y sectores, en lugar de diálogo hay persecución y hasta represión. Así debe entenderse la postura del gobierno de Peña Nieto de continuar con la política de hostigamiento, programas sociales dirigidos a dividir a las comunidades y la represión directa en contra de las comunidades zapatistas de Chiapas.

En el caso de las policías comunitarias y grupos de autodefensa, en lugar de asumir que son la expresión de un poderoso y complejo problema social creado a partir de la ineficacia del propio Estado, el gobierno de Peña Nieto se ha dado a la tarea de perseguir, desarmar y detener a los integrantes de pueblos que se han organizado para autoprotegerse.

Con estos elementos se configura esta coyuntura caliente de elevado antagonismo social. La culpa de esta situación no es de los maestros o los grupos movilizados. La responsabilidad es del actual grupo gobernante.

En defensa de los maestros

Marcha de maestros de la CNTE. Foto: El Economista

Rubén Martín ::: El Economista, 27 agosto 2013

Las manifestaciones que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han generado una gran polémica más por la forma como se manifiestan que por el fondo por el cual están luchando los maestros del Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz y otros estados.

Hay un tono en la polémica que merece reprobarse, puesto que es un llamado abierto para que el Estado mexicano use la represión en contra de los maestros, en lugar de resolver el conflicto magisterial mediante el diálogo y la negociación.

Se han escuchado voces y opiniones estridentes que lamentan que el Estado se haya rendido o claudicado ante la CNTE y que su protesta haya motivado a los diputados y senadores tuvieran a sesionar en recintos alternos a los oficiales.

Se habla y escribe sobre los maestros de una forma despectiva y hasta racista, se les estigmatiza y en algunos noticieros televisivos se alienta el rechazo insultante de los capitalinos a los maestros.

Escribo esto desde Guadalajara, y podrían decirme los capitalinos que no se de trastornos a la vialidad. Pero la capital de Jalisco sufre varios conflictos viales que obligan a los tapatíos a hacer largos recorridos para evitarlos, ya sea por el cierre de calles para ceremonias religiosas (como la llevada de la Virgen de Zapopan) o por eventos del gobierno local o cuando llega de gira el presidente del país y el Estado Mayor Presidencial provoca un conflicto vial que afecta a miles de habitantes.

Seguramente en el Distrito Federal ocurren inconvenientes semejantes provocados por eventos religiosos (el 12 de diciembre) de gobierno (tomas de protesta del titular del Ejecutivo, relevo de legisladores) o de recepciones a mandatarios extranjeros.

Contra lo que piensan muchos opinadores, especialmente del campo liberal, la mayoría de acciones públicas que emprenden organizaciones o movimientos sociales, no se deciden como primera opción. Se puede documentar que antes de salir a la calle, ese movimiento social pidió diálogo con la autoridad en turno. Salir a las calles se convierte en opción, una vez que fracasaron los caminos institucionales.

Eso es justamente lo que ha estado ocurriendo ahora en esta movilización magisterial.

Pero en lugar de propiciar un debate que de paso al entendimiento de los movimientos sociales, se les suele estigmatizar. La primera descalificación es calificarlos de “huevones”, se les tacha de violentos, y, sobre todo, se les quiere suprimir derechos básicos de todo orden político como son los de organización, manifestación y libre expresión de las ideas.

Los maestros están defendiendo de modo legítimo sus intereses, como hacen las organizaciones empresariales, solo que en este caso el poder suele abrirles Los Pinos o los palacios de Gobierno para atenderlos.

El país atraviesa una coyuntura turbulenta y de alta conflictividad social. Si el Estado hace caso a opinadores, periodistas, académicos y empresarios que piden al Estado mano dura y alientan la represión contra el magisterio, las cosas empeoraran. Si en cambio se dialoga con ellos y se atienden sus demandas, el país saldrá ganando. El país bien valen unas cuantas manifestaciones.

Represión a Gaudencio Mancilla

Rubén Martín / El Respetable, 28 agosto 2013

 

Gaudencio Mancilla Roblada, representante legal del Consejo de Mayores, la autoridad tradicional de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, Cuautitlán de García Barragán, fue detenido de manera violenta por elementos de la Fiscalía General la madrugada del 22 de agosto en su vivienda.

Según la fiscalía, su detención obedeció a que se recibió un “denuncia anónima” porque en la zona había personas armadas.

Los elementos de la fiscalía no llegaron con orden de detención o cateo; irrumpieron en la vivienda de Gaudencio Mancilla y lo detuvieron junto con su hermano Bonifacio, y  también a Gerónimo Flores Elías, otro miembro de la comunidad.

Gaudencio Mancilla ha contado que fue golpeado, insultado y vejado por los elementos de la fiscalía general. Al salir de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) todavía traía los golpes en el rostro y la cabeza que le propinaron durante la captura y posteriormente cuando era trasladado a Guadalajara.

Lo golpeaban para que dijera quién promovía la constitución de una “policía comunitaria armada” en Ayotitlán, lo golpearon para que incriminara a César Díaz y Jaime Hernández de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara y al diputado de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, como presuntos aliados en esa misma tarea.

Mientras lo golpeaban, los miembros de la dependencia encargada de procurar justicia, le recriminaban que se metiera en contra de las empresas mineras que están despojando y devastando el territorio de Ayotitlán. De hecho antes, durante su detención, los elementos de la Fiscalía General le quitaron o robaron documentos importantes de los juicios y procesos jurídicos que lleva en defensa de su comunidad, denunció el propio Gaudencio Mancilla.

Pero resulta que todo esto que ha denunciado el representante de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, es una “ficción”, según la pronta y expedita conclusión del secretario General de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez. El funcionario estatal sostiene que nadie tiene derecho a portar un arma ilegal, pero omite que la autoridad no tiene derecho a aprehender de manera arbitraria y menos a torturar a una persona detenida para ser investigada o imputada por la comisión de un delito. Al secretario de Gobierno se le pasó por alto este principio básico del Estado de derecho.

El asunto es que en el país y en Jalisco parece no existir el Estado de derecho. Si existiera, no sería Gaudencio Mancilla la persona detenida por los elementos de la fiscalía, sino las personas que desde hace décadas han invadido el territorio de Ayotitlán para explotar su riqueza minera, maderera e hidrológica. Si existiera el Estado de derecho, ya se hubiera detenido a quienes amenazaron a Gaudencio Mancilla apenas en junio pasado, o a quienes desaparecieron a su hermano Agustín Mancilla el año pasado, o a quienes desaparecieron a Celedonio Monroy Prudencio en octubre de 2012, o a quienes asesinaron a otros dos defensores de los derechos de la comunidad: Aristeo Flores en 2007 y a Nazario Aldama Villa en 2003.

Si existiera el Estado de derecho, la comunidad nahua de Ayotitlán no habría visto caer asesinados a otros 30 de sus integrantes desde la década de los 70`s del siglo pasado a la fecha.

Pero en lugar del Estado de derecho, se está deteniendo arbitrariamente a los defensores populares, se les reprime, se les intimida y se les criminaliza para que ya no puedan seguir peleando.

Es muy grave lo que le ocurrió a Gaudencio Mancilla, no debemos dejar que quede impune. Su detención arbitraria y su tortura no fueron una ficción. 

Abusos corporativos o una Profeco no hace verano

Rubén Martín ::: El Economista ::: 16 agosto 2013

La actuación de la nueva dirección de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, ha generado expectativas positivas sobre la actuación de esa dependencia, inexistente en la práctica durante más de una década.

Las labores de inspección, vigilancia y sanciones que ha llevado a cabo la Profeco generan la expectativa positiva de que los ciudadanos pueden reclamar sus derechos en cuanto consumidores, pero al mismo tiempo, se revela cómo el Estado mexicano renunció a sus facultades de regulación, supervisión y sanción en las últimas décadas. Uno de los dogmas neoliberales, puesto en duda suficientemente, es que el Estado debería renunciar a las distintas actividades económicas donde tuviera presencia para dejarlo en manos de la iniciativa privada, con el argumento de que los capitalistas harían mejor ese trabajo. A cambio, el Estado debería crear o mejorar sus tareas de regulación y vigilancia.

Pero el Estado mexicano renunció de facto a dichas regulaciones y ha dejado actuar de manera no vigilada, y muchas veces impune, a la empresaprivada que ha impuesto su ley a los consumidores. La máxima de dicha ley es que se permite a la empresa imponer servicios y cobros sin que el consumidor lo pida, cuando en un Estado de derecho, las empresas deberían preguntar primero si el consumidor necesita y acepta el servicio. Los ejemplos de estos abusos corporativos abundan, cada lector tendrá su propio caso.

Un ejemplo es Rescatel plus que Telcel “regala” durante tres meses al contratar un plan de telefonía celular. En mi caso me di cuenta de que estaba pagando ese servicio varios meses después de la contratación; al reclamar el cobro de un servicio que no pedí, me dijeron que durante la contratación el “ejecutivo de ventas” debió avisarme que al final de los meses gratuitos debería dar de baja el servicio. Pero el “ejecutivo de ventas” nunca mencionó que tenía ese servicio. El costo de Rescatel plus no es, en realidad, oneroso: 30 pesos mensuales, pero si se multiplica por todo el año y por los millones de usuarios abonados a Telcel nos daremos cuenta de la suma de millones de pesos que esta empresa se embolsa por un servicio que bien puede ser considerado como un engaño al consumidor.

Pueblos indios y despojos

Foto: Desinformémonos.org

Rubén Martín ::: El Economista ::: 9 Agosto, 2013 – 18:20

La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en diciembre de 1994. Según la ONU, en el planeta hay 5,000 pueblos indígenas que representan 5 por ciento de la población mundial.

México es una de las naciones con más indígenas. En el país existen 62 pueblos que manejan más de cien lenguas y hay 6.7 millones de indígenas que representan cerca de 6.5 por ciento de la población total, y casi una cuarta parte de la población nativa de América.

Es evidente que su importancia no es numérica. Los pueblos indios que habitan las tierras de lo que ahora es México construyeron algunas de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad.

Lamentablemente, ahora como hace cinco siglos, los indígenas del país siguen padeciendo el despojo, la represión, la explotación y el desprecio hacia su cultura e historia. Se pensará que el despojo de los territorios de los pueblos indios se acabó en el México independiente, tras la conquista y la colonia. No es así.

Los pueblos indígenas de México continúan resistiendo el despojo, así como la falta de respeto y vulneración sus culturas. En buena medida se debe a que los pueblos indios están asentados en territorios enormemente codiciados por intereses privados y mercantiles que buscan explotar sus bienes comunes y naturales.

Los pueblos indígenas de México son dueños de 22 millones 624,000 hectáreas, que representan 21.9 por ciento de ejidos y comunidades que hay en el país. Según los censos agropecuarios, en el país hay 1,115 municipios con población indígena. Según la misma información, de los 971 núcleos agrarios con selvas en el país, 526 están en comunidades indígenas; los pueblos indios además poseen 35.1 por ciento de los bosques del país.

No es casual, entonces, el acoso y el despojo que enfrentan. En sus tierras se encuentran una parte muy importante de los bienes comunes y recursos naturales nacionales. Y, tal como ha sido en el pasado, la ambición de arrebatar esas tierras y esos recursos se hace regularmente mediante despojos violentos.

Pobreza y explotación

Rubén Martín :: El Economista ::: 30 julio 2013

Las cifras de población en pobreza en el país dadas a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) pueden llevar a afirman que en México el Estado y sus políticas públicas son un fracaso. En 2012 había en el país 53.3 millones de pobres, 45.5 por ciento del total de la población estimada en 17.3 millones de personas.

Es una cifra inaceptable desde cualquier tipo de consideración. Ya sea que se juzgue desde la macroeconomía, las políticas públicas, las políticas sociales o desde la simple y desacreditada ética.

La sociedad mexicana no puede admitir, no debería permitir, que 53.3 millones de mexicanos carezcan de los ingresos suficientes para comprar la canasta básica de alimentos y satisfactores o que tengan una o más carencias en educación, seguridad social, calidad de vivienda, servicios básicos o alimentación.

No deberíamos permitir que cada día 27.4 millones de mexicanos pasen hambre porque no tienen los ingresos suficientes para pagarse la alimentación adecuada, según las cifras que ofrece el estudio de Coneval.

No deberíamos permitirlo puesto que el país tiene los recursos suficientes para proporcionar alimentación, techo, tierra, salud, educación, servicios, esparcimiento y cultura a toda su población.

Existen los recursos, solo que repartidos de un modo sumamente desigual. Así lo reconoce el informe que el Coneval dio a conocer el pasado 29 de julio: la población en pobreza extrema del país apenas tiene 4.4 pesos de cada 100 pesos que tiene la población no pobre.

A pesar de la moderada disminución porcentual de la pobreza total en el país (46.1 por ciento en 2010 contra 45.5 por ciento en 2012), no hay nada qué festejar.

Parecen cifras que ya no sorprenden cuando las causas y el combate a la pobreza deberían ser el primer punto de la agenda nacional, no la productividad o la reforma energética, mucho menos la reforma política.

Autodefensas y crisis del Estado

Rubén Martín ::: El Economista ::: 26 julio 2013 

La emergencia de los grupos de autodefensas o policías comunitarios es uno de los temas más relevantes de los últimos años en México. En apenas un semestre irrumpieron decenas de grupos de autodefensa en más de una docena de estados de la república.

Aunque, como todos los temas complejos, la emergencia de los grupos de autodefensa responde a causas multifactoriales, es sorprendente la coincidencia de los testimonios de sus integrantes: se cansaron de los abusos cotidianos del crimen organizado y de la falta de respuesta de los tres niveles de gobierno.

Durante años regiones enteras del país fueron abandonadas a su suerte por el Estado que dejó de prestar el primer servicio que debe a sus ciudadanos (según la teoría liberal): la de la seguridad personal y colectiva.

De la siembra y tráfico de drogas, la delincuencia organizada pasó al secuestro y las extorsiones ocasionales, a un sistema de cobro de cuotas por negocios o actividades laborales, e incluso por permitir el desempeño de una profesión.

Ese sistema se impuso a sangre y fuego, y secuestró a poblaciones enteras. Pero el miedo se rompió cuando el abuso llegó a punto intolerable: los narcos y grupos de la delincuencia empezaron a secuestrar y violar a madres e hijas en esas comunidades. Ese fue el detonante de varios grupos, según testimonios de policías comunitarios de Aquila o La Ruana en Michoacán, y otros en Guerrero. Otro elemento presente en este problema fue la corrupción de las autoridades: los gobiernos y policías municipales son muchas veces cómplices de los grupos de la delincuencia.

La suma de todos estos factores emergieron de modo masivo desde fines del año pasado y a lo largo del primer semestre de 2013. Pero no todos los grupos de autodefensa son iguales. Se pueden identificar al menos seis grupos:

1) El abogado indígena Francisco López Bárcenas recuerda que desde el siglo XIX existen guardias comunitarias de pueblos indígenas como seris, yaquis, o la guardia tradicional maya de Chan Santa Cruz, en Carrillo Puerto, Yucatán.

Detroit, un pedacito del colapso capitalista

Rubén Martín ::: El Economista ::: 23 julio 2013

Las fotografías y los videos que se pueden encontrar por cientos de miles provocan un escalofrío: una gigantesca ciudad que un tiempo fue la capital de la industria automotriz mundial, está muriendo a pasos acelerados. Entre los videos, destaca uno con una toma desde el metro elevado de Detroit que recorre barrios enteros, antes de llegar al centro, sin toparse con ningún ser humano en sus calles. Solo edificios y casas abandonadas, calles maltrechas, servicios públicos deteriorados.

La situación de Detroit se convirtió en una de notas internacionales más relevantes cuando su alcalde Dave Bing anunció el 21 de julio que el gobierno de la ciudad se declararía en bancarrota ante la imposibilidad de pagar una deuda de 18 mil millones de dólares. Y aunque Detroit no es la única ciudad en quiebra en Estados Unidos (el alcalde Dave Bing dice quehay 100 ciudades norteamericanas en esta situación), se puede afirmar que es el caso que mejor representa la crisis mundial de la sostenibilidad de las ciudades y del futuro del capitalismo como sistema histórico-social.

Detroit llegó a tener más de dos millones de habitantes en sus casi 400 kilómetros cuadrados de extensión, pero ha perdido casi dos tercios de su población. La mayoría de sus 700 mil habitantes viven por debajo de la línea de pobreza, el desempleo oficialmente roza el 19 por ciento pero se estima que la cifra real es de 50 por ciento. Detroit tiene una de las tasas de criminalidad y analfabetismo más grandes de Estados Unidos. La historia viene de lejos. La primera oleada de migración de esta ciudad de Michigan ocurrió a fines de la década de 1960, luego de los fuertes disturbios raciales de 1967.

La que fuera conocida como Motor City es uno de los ejemplos más drásticos de la reorganización territorial, financiera, laboral y política del capitalismo en las últimas tres décadas.

Periodistas: el otro riesgo

Rubén Martín ::: El Economista ::: 20 julio 2013

La profesión de periodista está en riesgo en México. Primero, porque nuestro país se ha convertido en uno de los territorios más peligrosos para ejercer este oficio. Apenas el 17 de julio fue encontrado el cuerpo del compañero Alberto López Bello, del diario El Imparcial de Oaxaca. Pero los riesgos ocurren por todo el país. El periodismo, como profesión, es amenazado por quienes ejercen el poder: político, económico y de la delincuencia organizada.

Sin embargo, hay otro frente de riesgo del que poco se habla y poco hacemos conciencia los periodistas: las degradantes condiciones de trabajo, que nos minan y dañan.

Con la justificación (o pretexto) de la crisis económica mundial y nacional, las empresas de medios han venido despidiendo personal en sus empresas. Pero junto con esta justificación (o pretexto), al mismo tiempo se agravan las condiciones de trabajo para quienes quedan en redacciones de diarios, revistas, de noticieros de televisión y radio, y ahora las reducidas plantas de reporteros de los portales de información del país.

De este modo, los reporteros que no son despedidos se ven obligados a aumentar sus cargas de trabajo por dos vías: hacer una parte del trabajo de quien salió despedido, y mediante la producción multimedia que ahora exigen la mayoría de los medios. Así, un reportero experimentado que antes redactaba textos para un medio impreso, ahora debe tomar fotos y producir piezas informativas para Internet, y en varios casos audios y videos para plataformas multimedia.

En algunos casos las nuevas piezas informativa para las plataformas multimedia se pagan adicionalmente al salario; pero en muchos otros casos no. Sin embargo, el aumento en las cargas de trabajo no se compensa con aumento de sueldo. En la mayoría de las empresas de información, los aumentos salariales apenas siguen a la inflación, y en otros simplemente se congelan.

Y la austeridad en la UdeG, ¿cuándo?

Rubén Martín / El Informador, 23 marzo 2013

La Universidad de Guadalajara (UdeG) es la segunda institución de educación superior en el país, es una entidad crucial en Jalisco en materia de enseñanza y como productora del conocimiento y la cultura.

La UdeG es una institución compleja que ha atendido la demanda de educación media y superior de los jóvenes de la Zona Metropolitana de Guadalajara desde hace casi un siglo y en el resto del Estado hace dos décadas gracias a la red universitaria que ha expandido el bachillerato, las carreras universitarias y la difusión de la cultura a todas las regiones y a la mayoría de municipios.

La UdeG que mantenemos los jaliscienses (y los mexicanos) es una organización que tiene 235 mil 780 alumnos, 24 mil 335 trabajadores (15 mil 173 personal académico) y mil 598 investigadores.

Por el número de alumnos, trabajadores, tamaño de la institución y monto de recursos del pueblo que consume, puede considerarse a la UdeG como un estado dentro del propio Estado de Jalisco.

La UdeG es el tercer aparato público de la Entidad, sólo por debajo del Gobierno del Estado y de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero por encima de cualquier gobierno municipal. No hay empresa privada en Jalisco que tenga ese número de empleados e incluso los recursos que maneja superan el presupuesto anual de algunos gobiernos estatales, como el de Colima.

Emilio terminó en el descrédito

Emilio González, en su mensaje de despedida. Foto: Arturo Campos Cedillo, La Jornada Jalisco

Rubén Martín / El Respetable. 19 marzo 2013

Casi por regla, los gobernantes terminan peor de lo que empezaron. El sexenio de Emilio González Márquez no ha sido la excepción. Empezó con altas expectativas y terminó con escándalos y señalamientos de malos manejos.

 

Como todos los gobiernos, el anterior cumplió con los protocolos de elaborar un plan de desarrollo, enunciar sus ejes de gobierno y mencionar algunas prioridades. Pero nada de eso queda en la memoria colectiva, ¿o alguien recordará a Emilio González por reducir la pobreza, por mejorar la movilidad, por medidas drásticas de austeridad, por terminar con la impunidad, por poner fin al cacicazgo en la Universidad de Guadalajara, por las grandes obras para el estado?

Por su propaganda, se puede deducir que Emilio González se aferró a tres ideas con las que quería ser recordado: el sexenio de la transparencia, el sexenio de la mayor inversión en obra pública y el gobernador que construyó el puente atirantado.

Ninguna de estas ideas parece tener arraigo en la memoria colectiva. Se recuerda a Emilio González como el gobernante que mentó la madre a sus críticos, que acudía tomado a algunos actos públicos o privados, como el gobernante que llevó clases de Biblia a Casa Jalisco, como el gobernante homofóbico y conservador opuesto a políticas de prevención de enfermedades sexuales.

No se exagera al decir que el de Emilio González fue un gobierno más de ocurrencias, declaraciones estruendosas que buscaban la atención de los medios, uso del gobierno para proyección política personal y, al final, evidencias de un manejo desordenado de los recursos públicos. La crisis financiera y la exorbitante deuda pública que dejó al final, quedarán como marca del sexenio.

Lecciones de la expropiación petrolera

Lázaro Cárdenas lee decreto de la expropiación petrolera, 18 marzo 1938

Rubén Martín / El Economista, 19 marzo 2013

Dicen que él hubiera no existe, pero es fácil imaginar la dificultad que tendría el país si el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas no hubiera tomado la arriesgada decisión de expropiar la industria petrolera mexicana.

Ahora que se discute la reforma energética y la proposición del gobierno de Enrique Peña Nieto, avalada por los partidos que firman el Pacto por México (PRI, PRD y PAN), un tema central consiste en revisar el papel crucial que Petróleos Mexicanos tiene para el sostenimiento de las finanzas públicas.

Pemex aporta poco más un tercio del gasto público de la federación para cada año; únicamente entre 2001 y 2012 pagó impuestos por 6.4 billones de pesos, cifra superior a la deuda total del gobierno mexicano que es de 5.6 billones de pesos.

Únicamente en los dos sexenios panistas (2001-2012) Petróleos Mexicanos tuvo ventas acumuladas por 10.712 billones de pesos; sin embargo su balance es deficitario debido a que paga al fisco 53.4 por ciento de sus ventas de sus ventas totales (5.7 billones de pesos). De hecho, de las diez compañías petroleras más grandes del mundo, Pemex es la que más impuestos paga al fisco.

Debido a esta sangría fiscal, ahora se plantea que Pemex no tiene los recursos suficientes para su “modernización”, y para invertir en renovar tecnología, así como para emprender las tareas de exploración que le permitan encontrar nuevos yacimientos para compensar la producción petrolera declinante.

La pobreza, desafío del nuevo gobierno de Jalisco

Rubén Martín / El Respetable, 18 marzo 2013

La población de Jalisco padece diversos males y problemas sociales, pero ninguno tan grave y lacerante como la pobreza, especialmente la pobreza alimentaria. Pueden faltar la seguridad social, el empleo, el dinero para dejar de ir al cine, mudar de ropa o comprar zapatos. Lo que no se puede aguantar es que no tener ingresos suficientes para alimentar a la familia.

Se puede posponer la reparación de la puerta o no pintar de nuevo la fachada de la casa, pero ¿cómo posponer la compra de alimentos para los hijos? Ningún gobierno merecería llamarse tal si no es capaz de evitar que uno solo de sus gobernados padezca hambre.

Hasta ahora en la historia de Jalisco no ha sido así. A pesar de las revoluciones sociales de 1810 y 1910, impul­sadas por las capas bajas para acabar con sus penurias, la pobreza sigue existiendo.

A lo largo del siglo XX, con el impulso de la Revolución Mexicana, se lograron diversas políticas enfocadas supuesta­mente a terminar la pobreza, pero fracasaron. Y entonces llegaron los gobiernos neolibe­rales y la llamada transición a la democracia, y el fracaso fue aún mayor.

Este es, sin duda, el principal reto que tiene ahora enfrente el nuevo gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, quien asumió el cargo de Gobernador de Jalisco el 1 de marzo de este año.

Las cifras de la pobreza son aterradoras. Habitamos Jalisco 7.3 millones de personas de las cuales apenas 22 de cada 100(1.6 millones) se considera en situación cómoda y sin carencias, “población no pobre y no vulnerable” la denomina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El resto, 5.7 millones de personas o el 78 por ciento restante, tienen algún tipo de carencia o grado de pobreza. Estas son las cifras ofi­ciales del Coneval: 2.7 millones de habitantes de Jalisco (37 por ciento del total) tienen algún tipo de carencia; 2.3 millones de jaliscienses (casi 32 de cada 100) en situ­ación de pobreza moderada y hasta abajo de las satisfac­ciones esenciales, más de 385 mil personas consideradas en pobreza extrema.

Traicionar promesas de campaña

Rubén Martín / El Informador, 16 marzo 2013

Prometer algo a los electores y luego incumplir o traicionar esa promesa parece una práctica común en la política profesional y el ejercicio de poder. Parece que no hay gobernante que cumpla con lo que prometió a los electores.

Desde Barack Obama que incumplió en su primer periodo la reforma migratoria que ofreció a los votantes latinos, la bajada de impuestos que ofreció Mariano Rajoy, hasta el cambio de documentos básicos que acaba hacer el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para poder votar a favor de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicinas y alimentos.

Los electores de Jalisco también padecen estas traiciones de los políticos que están buscando el voto y que al llegar al gobierno incumplen lo que ofrecieron.

Pues bien, eso es lo que está ocurriendo en este momento con el actual gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, quien está a punto de incumplir la promesa que hiciera a los habitantes de Temacapulín para impedir que ese poblado sea inundado por el agua que almacenará la presa El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón.

Hasta ahora son tres ocasiones que Aristóteles Sandoval ha lanzado esa promesa de no inundar Temaca,  por lo que se opondría al proyecto federal de construir una presa con una cortina de 105 metros de altura.

La primera promesa fue como candidato del PRI a la gubernatura del Estado.

En su gira en busca de votos Aristóteles Sandoval llegó a mediados de mayo a la cabecera de Cañadas de Obregón a pedir el apoyo de los votantes.

Hasta allá lo siguieron los pobladores de Temacapulín, quienes al final del mitin, le pidieron que se comprometiera con ellos a que no inundaría su pueblo.

Así lo hizo Aristóteles Sandoval, según recordó en una entrevista radiofónica Emma Juárez, habitante de Temacapulín y testigo de dicho compromiso.

Asesinatos políticos en Jalisco

Rubén Martín / El Respetable, 12 marzo 2013

 

El asesinato del secretario de Turismo del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, José de Jesús Gallegos Álvarez, el pasado 9 de marzo, marcar el regreso de los crímenes a integrantes del poder público en Jalisco, que no ocurrían desde hace 18 años.

Si bien Gallegos Álvarez apenas había asumido su cargo como titular de Turismo de Jalisco una semana antes de su crimen, y su trayectoria provenía del sector privado, el hecho es que fue asesinado cuando ya era integrante del gobierno del priista Aristóteles Sandoval.

El anterior asesinato de un personaje de la política local ocurrió el 10 de mayo de 1995, cuando el ex procurador Leobardo Larios Guzmán fue asesinado fuera de su casa. Leobardo Larios apenas había dejado el cargo tres meses atrás y entonces trascendió que las autoridades panistas que recién entraron al poder, se habían negado a continuar prestando la protección con escoltas estatales. A Leobardo Larios le tocó enfrentar casos tan complejos como el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo;fue muerto en venganza por un grupo de narcotraficantes de Sinaloa a quien se negó a dejar en libertad.

Antes de Leobardo Larios, ocurrió el asesinato de Abel Salgado Velasco (padre del actual diputado federal priista del mismo nombre) en agosto de 1979, poco después de haber sido desaforado como presidente municipal de Zapopan, y en circunstancias que aparentemente no se aclararon.

Restauración presidencial en 100 días

Enrique Peña Nieto, al cumplir 100 días de mandato.

Rubén Martín / El Economista, 12 marzo 2013

Enrique Peña Nieto cumplió 100 días en la presidencia de la república y la fecha se usa para hacer un balance de su gestión.

Enrique Peña Nieto cumplió 100 días en la presidencia de la república y la fecha se usa para hacer un balance de su gestión. Se pueden enumerar diversas acciones para hacer un balance del arranque de la gestión del gobernante priista. Aquí enumero las diez que me parecen más relevantes:

1. Reestructuración del gabinete: desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y fortalecimiento de Gobernación
2. Firma del Pacto por México con el PRI, PAN y PRD
3. Reforma a la Ley de Amparo
4. Firma de la Ley General de Víctimas que Felipe Calderón no quiso firmar
5. La guerra vs las drogas desapareció del discurso presidencial
6. Cruzada Nacional Contra el Hambre
7. Reforma educativa
8. Detención de Elba Esther Gordillo
9. Vuelve la cercanía presidencial con el PRI
10. Reforma al sector de las telecomunicaciones

Dichas acciones han dejado un saldo positivo para la gestión de Peña Nieto, pues acciones como el Pacto por México le dieron el aval de los dos partidos de oposición, lo que ha legitimado al mandatario a pesar de los cuestionamientos que recibió en las elecciones y le ha permitido presentar sus iniciativas con el aval de panistas y perredistas.

El mérito de Chávez, la división del país

Rubén Martín / El Informador, 9 marzo 2013

La muerte de Hugo Chávez, la respuesta del pueblo venezolano y la convocatoria de jefes de Estado del mundo han causado más sorpresa de la que se esperaba.

Como todos los personajes del poder, Hugo Chávez fue un personaje multifacético; además su percepción o legado está mediado por el lugar desde donde se le interpreta y se le juzga. Con todo, ya hay algunas tendencias que se perciben a partir de su deceso.

El punto más importante es que la figura y acciones de Chávez calaron más de lo que se esperaba en el pueblo venezolano.

Si se mira en un abanico de tiempo más amplio, por ejemplo desde el Caracazo de 1989, el intento de toma del poder en 1992, la crisis de los partidos políticos tradicionales de Venezuela en la década de 1990, se puede mirar que la gestión de Chávez fue exitosa en función de la demanda popular de reorientar la política económica hacia los pobres, y terminar con un ciclo del sistema político plagado de corrupción.

El nuevo rostro del viejo PRI

Rubén Martín / El Economista, 5 marzo 2013 

A sus 84 años de fundación, el viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI) se presenta como el nuevo rostro de la política en México. Ayudado sin duda por la crisis panista, y por el canibalismo que impera en el PRD y la izquierda electoral.

No es solo el rostro juvenil del mandatario Enrique Peña Nieto y su forma personal de gobernar que ofrece, por un lado, el consenso del Pacto por México, y del otro, la amenaza de una presidencia poderosa que puede encarcelar peces gordos del tamaño de Elba Esther Gordillo Morales.

El rostro del “nuevo” PRI está dibujado también por el compacto grupo de colaboradores de Peña Nieto que han tomado el puesto de mando del Estado mexicano; el impulso a una “agenda política audaz” para transformar el Estado y la sociedad; el empuje para emprender las reformas estructurales que el discurso dominante dice que hacen falta en México; las “agallas” para terminar con poderes que se consideraban intocables; la imagen renovada del viejo partido que ahora juega a ser moderno a través de las redes sociales.

El perfil del “nuevo” PRI se completa con los cambios estatutarios que “modernizan” su programa y abren las puertas a ciudadanos, como se aprobó en su XXI Asamblea Nacional de los días 1,2 y 3 de marzo.

Los efectos positivos de estas medidas ya están a la vista en las plumas de algunos opinadores que tienen el olfato de percibir hacia donde apuntan los vientos del poder en turno. Los comentarios elogiosos hacia Peña Nieto y el PRI se multiplican cada día.

Pero detrás del rosto del nuevo PRI, de la cara nueva de Peña Nieto y de su grupo compacto, está el viejo PRI y sus viejas formas de hacer política que funcionaron durante siete décadas de ejercicio del poder.

El “elbazo” de Aristóteles

Rubén Martín / El Respetable, 3 marzo 2013

Aristóteles Sandoval Díaz ha actuado como Gobernador electo ya sumió su cargo como mandatario de Jalisco siguiendo casi la misma hoja de ruta que guiaron las acciones de Enrique Peña Nietoal asumir la Presidencia de México.

Integración de un equipo de transición con sus allegados y con expertos, proponer cambios al Poder Ejecutivo, unificar mandos policiacos, concertar un pacto político para tener gobernabilidad y legitimidad, y discursos fuertes en contra de la impunidad.

 

Aristóteles Sandoval, quien recién rindió protesta como Gobernador de Jalisco, ha calcado casi todas las medidas que el mandatario mexicano. La pregunta ahora es si también llevará a la cárcel a un pez gordo de los políticos corruptos que abundan en Jalisco, tal como Peña Nieto llevó a la cárcel a Elba Esther Gordillo.

Hay indicios que apuntan a que sí. En primer lugar el nombramiento de Juan José Bañuelos Guardado como contralor del Estado ofrece un mensaje de querer combatir la corrupción.Bañuelos Guardado, ex Presidente Municipal de Zapopan y ex legislador, tiene fama de hombre público decente. Su llegada hace suponer que la Contraloría dejará de ser una dependencia de adorno, como fue en los gobiernos panistas, para convertirse realmente en una agencia fiscalizadora.

Pero además de los indicios, Aristóteles Sandoval está obligado a ir tras uno o varios peces gordos de la política local, metidos de lleno en la corrupción y que han actuado con total impunidad.

Las promesas de Aristóteles

Aristóteles Sandoval Díaz, toma de posesión 1º marzo 2013.

Rubén Martín / El Economista, 1 marzo 2013

“La espera terminó. Hoy iniciamos la transformación de nuestro estado”. Con esta frase arrancó el discurso de Aristóteles Sandoval Díaz en el acto protocolario que tuvo en el Instituto Cultural Cabañas, luego de rendir protesta como gobernador de Jalisco en el Congreso del Estado.

Por donde se le mire, la frase suena ambiciosa, y será difícil que no termine como una frase hueca. Pero la frase da idea de los afanes y aspiraciones del gobernador entrante de Jalisco.

El discurso de Aristóteles Sandoval no cae en terreno baldío, pues hay una demanda de cambio de fondo de parte de los jaliscienses, tras 18 años de gobiernos panistas que terminan con una percepción de fracaso del cambio que ellos ofrecieron al llegar al poder en 1995. Para muchos ese cambio no se dio, y por eso un tercio del electorado dio la oportunidad al PRI para regresar.

¿Qué ofrece Aristóteles Sandoval? Cinco ejes en su programa:

– Gobierno sustentable,

– Seguridad integral,

– Economía competitiva y sostenible,

– Desarrollo social incluyente, e

– Innovación gubernamental.

Hay un énfasis en los tema de seguridad pública, movilidad y desarrollo social. Aristóteles Sandoval confirmó que ya tiene el respaldo del gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto para ampliar la línea 1 del tren ligero, y para construir una tercera línea más. Reiteró su compromiso de ofrecer transporte gratuito a todos los estudiantes, pero no dijo cuando. Además al final decidió poner a uno de sus más allegados a la secretaría de Movilidad (Mauricio Gudiño) como muestra de que emprenderá cambios de fondo en esta área.

Si uno compara los ejes de gobierno de Aristóteles Sandoval con los que ofreció el panista Emilio González Márquez, realmente no hay muchas novedades en cuanto a oferta de gobierno, en las obras y programas que se están anunciando.