Pronunciamiento en solidaridad con Jade Ramírez

Exigimos respeto al periodismo crítico y comprometido en el estado.

Guadalajara, 4 de mayo 2015

¿Quién puede interesarse en la información que posee una reportera? ¿Para qué necesita esa información y por qué el acecho?

Es lo que nos preguntamos los abajo firmantes, frente a la nueva tanda de amenazas, hostigamientos y agresión de la que ha sido objeto Jade Ramírez Cuevas Villanueva, quien principalmente publica en los medios de la Universidad de Guadalajara y que, además de ejercer el periodismo, es una activa defensora de los derechos humanos en específico de la libertad de expresión a favor de otros colegas de Jalisco y del país, quienes han sido igualmente amenazados, agredidos, desaparecidos, torturados y asesinados, lamentablemente.

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Coyuntura caliente

Soldados intentan desarmar a autodefensas de Guerrero, 27 agosto 2013. Foto: Javier Verdin, La Jornada.
Soldados intentan desarmar a autodefensas de Guerrero, 27 agosto 2013. Foto: Javier Verdin, La Jornada.

Rubén Martín ::: El Informador ::: 31 agosto 2013

Enrique Peña Nieto llegará a su primer informe de gobierno, en medio de un país convulso, con fuertes tensiones políticas y elevado antagonismo social.

Este escenario de crisis y conflictividad social se agrava por malos indicadores económicos, desencanto con el sistema electoral y de partidos y conflictos sociales profundos en ciertas regiones del país.

El antagonismo social es cada vez más claro, casi transparente. Por un lado, desde el gobierno se apuesta todo para sacar adelante las “reformas estructurales” reforzando un bloque con partidos del Pacto por México, televisoras, empresarios y organismos financieros internacionales.

Del otro lado, hay una constelación de fuerzas sociales que hacen política fuera de los marcos institucionales: el relanzamiento del EZLN  y del Congreso Nacional Indígena (CNI); las poderosas movilizaciones magisteriales en 20 estados del país contra la reforma educativa; la emergente movilización contra la reforma energética; la multiplicación de las autodefensas y policías comunitarios; las cientos de luchas socio-ambientales y múltiples resistencias contra el despojo.

Para estos grupos y sectores, en lugar de diálogo hay persecución y hasta represión. Así debe entenderse la postura del gobierno de Peña Nieto de continuar con la política de hostigamiento, programas sociales dirigidos a dividir a las comunidades y la represión directa en contra de las comunidades zapatistas de Chiapas.

En el caso de las policías comunitarias y grupos de autodefensa, en lugar de asumir que son la expresión de un poderoso y complejo problema social creado a partir de la ineficacia del propio Estado, el gobierno de Peña Nieto se ha dado a la tarea de perseguir, desarmar y detener a los integrantes de pueblos que se han organizado para autoprotegerse.

Con estos elementos se configura esta coyuntura caliente de elevado antagonismo social. La culpa de esta situación no es de los maestros o los grupos movilizados. La responsabilidad es del actual grupo gobernante.

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En defensa de los maestros

Marcha de maestros de la CNTE. Foto: El Economista
Marcha de maestros de la CNTE. Foto: El Economista

Rubén Martín ::: El Economista, 27 agosto 2013

Las manifestaciones que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han generado una gran polémica más por la forma como se manifiestan que por el fondo por el cual están luchando los maestros del Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz y otros estados.

Hay un tono en la polémica que merece reprobarse, puesto que es un llamado abierto para que el Estado mexicano use la represión en contra de los maestros, en lugar de resolver el conflicto magisterial mediante el diálogo y la negociación.

Se han escuchado voces y opiniones estridentes que lamentan que el Estado se haya rendido o claudicado ante la CNTE y que su protesta haya motivado a los diputados y senadores tuvieran a sesionar en recintos alternos a los oficiales.

Se habla y escribe sobre los maestros de una forma despectiva y hasta racista, se les estigmatiza y en algunos noticieros televisivos se alienta el rechazo insultante de los capitalinos a los maestros.

Escribo esto desde Guadalajara, y podrían decirme los capitalinos que no se de trastornos a la vialidad. Pero la capital de Jalisco sufre varios conflictos viales que obligan a los tapatíos a hacer largos recorridos para evitarlos, ya sea por el cierre de calles para ceremonias religiosas (como la llevada de la Virgen de Zapopan) o por eventos del gobierno local o cuando llega de gira el presidente del país y el Estado Mayor Presidencial provoca un conflicto vial que afecta a miles de habitantes.

Seguramente en el Distrito Federal ocurren inconvenientes semejantes provocados por eventos religiosos (el 12 de diciembre) de gobierno (tomas de protesta del titular del Ejecutivo, relevo de legisladores) o de recepciones a mandatarios extranjeros.

Contra lo que piensan muchos opinadores, especialmente del campo liberal, la mayoría de acciones públicas que emprenden organizaciones o movimientos sociales, no se deciden como primera opción. Se puede documentar que antes de salir a la calle, ese movimiento social pidió diálogo con la autoridad en turno. Salir a las calles se convierte en opción, una vez que fracasaron los caminos institucionales.

Eso es justamente lo que ha estado ocurriendo ahora en esta movilización magisterial.

Pero en lugar de propiciar un debate que de paso al entendimiento de los movimientos sociales, se les suele estigmatizar. La primera descalificación es calificarlos de “huevones”, se les tacha de violentos, y, sobre todo, se les quiere suprimir derechos básicos de todo orden político como son los de organización, manifestación y libre expresión de las ideas.

Los maestros están defendiendo de modo legítimo sus intereses, como hacen las organizaciones empresariales, solo que en este caso el poder suele abrirles Los Pinos o los palacios de Gobierno para atenderlos.

El país atraviesa una coyuntura turbulenta y de alta conflictividad social. Si el Estado hace caso a opinadores, periodistas, académicos y empresarios que piden al Estado mano dura y alientan la represión contra el magisterio, las cosas empeoraran. Si en cambio se dialoga con ellos y se atienden sus demandas, el país saldrá ganando. El país bien valen unas cuantas manifestaciones.

Represión a Gaudencio Mancilla

Gaudencio Mancilla en CNIRubén Martín / El Respetable, 28 agosto 2013

 
Gaudencio Mancilla Roblada, representante legal del Consejo de Mayores, la autoridad tradicional de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, Cuautitlán de García Barragán, fue detenido de manera violenta por elementos de la Fiscalía General la madrugada del 22 de agosto en su vivienda.

Según la fiscalía, su detención obedeció a que se recibió un “denuncia anónima” porque en la zona había personas armadas.

Los elementos de la fiscalía no llegaron con orden de detención o cateo; irrumpieron en la vivienda de Gaudencio Mancilla y lo detuvieron junto con su hermano Bonifacio, y  también a Gerónimo Flores Elías, otro miembro de la comunidad.

Gaudencio Mancilla ha contado que fue golpeado, insultado y vejado por los elementos de la fiscalía general. Al salir de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) todavía traía los golpes en el rostro y la cabeza que le propinaron durante la captura y posteriormente cuando era trasladado a Guadalajara.

Lo golpeaban para que dijera quién promovía la constitución de una “policía comunitaria armada” en Ayotitlán, lo golpearon para que incriminara a César Díaz y Jaime Hernández de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara y al diputado de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, como presuntos aliados en esa misma tarea.

Mientras lo golpeaban, los miembros de la dependencia encargada de procurar justicia, le recriminaban que se metiera en contra de las empresas mineras que están despojando y devastando el territorio de Ayotitlán. De hecho antes, durante su detención, los elementos de la Fiscalía General le quitaron o robaron documentos importantes de los juicios y procesos jurídicos que lleva en defensa de su comunidad, denunció el propio Gaudencio Mancilla.

Pero resulta que todo esto que ha denunciado el representante de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, es una “ficción”, según la pronta y expedita conclusión del secretario General de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez. El funcionario estatal sostiene que nadie tiene derecho a portar un arma ilegal, pero omite que la autoridad no tiene derecho a aprehender de manera arbitraria y menos a torturar a una persona detenida para ser investigada o imputada por la comisión de un delito. Al secretario de Gobierno se le pasó por alto este principio básico del Estado de derecho.

El asunto es que en el país y en Jalisco parece no existir el Estado de derecho. Si existiera, no sería Gaudencio Mancilla la persona detenida por los elementos de la fiscalía, sino las personas que desde hace décadas han invadido el territorio de Ayotitlán para explotar su riqueza minera, maderera e hidrológica. Si existiera el Estado de derecho, ya se hubiera detenido a quienes amenazaron a Gaudencio Mancilla apenas en junio pasado, o a quienes desaparecieron a su hermano Agustín Mancilla el año pasado, o a quienes desaparecieron a Celedonio Monroy Prudencio en octubre de 2012, o a quienes asesinaron a otros dos defensores de los derechos de la comunidad: Aristeo Flores en 2007 y a Nazario Aldama Villa en 2003.

Si existiera el Estado de derecho, la comunidad nahua de Ayotitlán no habría visto caer asesinados a otros 30 de sus integrantes desde la década de los 70`s del siglo pasado a la fecha.

Pero en lugar del Estado de derecho, se está deteniendo arbitrariamente a los defensores populares, se les reprime, se les intimida y se les criminaliza para que ya no puedan seguir peleando.

Es muy grave lo que le ocurrió a Gaudencio Mancilla, no debemos dejar que quede impune. Su detención arbitraria y su tortura no fueron una ficción.